Legisladores rionegrinos
reclamaron el tratamiento del proyecto que declara la emergencia pública en violencia de género.
El proyecto fue reingresado en abril de este año en coautoría por los
legisladores Jorge Ocampos (Cipolletti),
Daniela Agostino (Bariloche), Alejandro Marinao
(Sierra Colorada) y Jorge Vallazza (Bariloche).
Agostino explicó que “la ley que venimos
reclamando hace años faculta al Ejecutivo
provincial para que arbitre las medidas que
considere pertinentes y destine los recursos necesarios a fin de implementar una política pública integral con
perspectiva de género para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones
interpersonales”.
“Las desigualdades que vivencian las mujeres se
expresan en nuestro país y en nuestra
provincia, en cada esfera de la vida cotidiana. Vemos como día a día se reproducen pautas culturales que
perpetúan la violencia de género, se
invisibilizan injusticias y se sostienen inequidades en diferentes ámbitos donde las mujeres desarrollan sus
relaciones interpersonales”, mencionó
Agostino.
“La realidad provincial muestra cifras
alarmantes. En el año 2016, la ciudad de
Bariloche acaparó en un mes la mayor cantidad de asesinatos de mujeres que registre en su historia, moviendo el
registro estadístico de femicidios. El
informe del Centro de Estudios Patagónicos “Las cifras de las violencias contra las mujeres en Río Negro” da
cuenta de esta realidad e informa que el
número de víctimas en Río Negro supera la media
nacional.
Los legisladores coinciden que “las políticas
públicas definidas por marcos legales y
bandera de lucha de las organizaciones de mujeres, no se traducen a nivel nacional ni provincial en acciones
concretas. Cientos de mujeres en nuestra
provincia buscan respuestas del Estado -garante
de sus derechos-, y frecuentemente el Estado no las da, o éstas no son adecuadas y oportunas, o es el mismo Estado el que
reproduce la violencia, ejerciéndola”.
Lamentaron que “Río Negro no cuenta con una
agenda transversal y diversa, que se
focalice en los femicidios territoriales. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, creado por Ley Provincial Nº 4845 en el año 2013, no funciona, los
programas de prevención, erradicación de
la violencia de género, atención, capacitación,
asistencia económica específica, institucionalización de la perspectiva de género o no se están desarrollando o
tienen un alcance débil que no logran
modificar realidades”.
Finalmente, Agostino consideró que “teniendo en
cuenta que los debates vinculados a temas de
género deben atender los reclamos de
organizaciones sociales, políticas, académicas y sindicales que conforman las organizaciones de mujeres de la
provincia, este proyecto debe discutirse
en las comisiones legislativas correspondientes con representantes de estas organizaciones con la idea de sumar aportes
e integrar aspectos sustanciales de las agendas
de género que se desde estos espacios se
promueven”.