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Continúan las audiencias de formulación de cargos a intendentes y empresarios de la construcción que tuvieron intervención en el programa nacional “Techo Digno” destinado a la ejecución de viviendas en la provincia de Río Negro, implementado a partir del año 2013. La investigación fiscal trata de dilucidar el destino que tuvieron los fondos trasferidos desde Nación para la ejecución del plan.
El relato de los hechos realizado por el Ministerio Público Fiscal detalla que cada uno de los mandatarios locales firmó el acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal.
El convenio delimitaba que, en el marco de la implementación del mencionado programa, los intendentes debían “respetar documentación y especificaciones técnicas como declaración jurada, solventar diferencias, abonar mensualmente a la empresa contra certificación de avance de obra emitida por el propio municipio” (…) y efectuar la rendición de cuentas para presentarla mensualmente a la Subsecretaría de forma detallada y debidamente documentada que demuestre el uso dado a los fondos”.
El acuerdo los obligaba además a “restituir de forma inmediata los montos no rendidos al Estado nacional”. También “debían poner a disposición la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encontraban reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos lo requieran”.
En todos los casos, enfatizó la Fiscalía, los mandatarios locales, que tenían “a su cargo la administración y el cuidado de los fondos correspondientes a dicho acuerdo desde su ingreso a las arcas municipales, violaron los deberes que les eran impuestos en razón de su cargo y en virtud del citado convenio y perjudicaron de esta manera los intereses confiados”.
Además, los intendentes ordenaron el pago de certificaciones de obra, sabiendo que no reflejaban el avance real de lo que se estaba construyendo, beneficiando indebidamente a diversas firmas constructoras, cuyos referentes también forman parte de los imputados por su calidad de partícipes necesarios de los mencionados delitos.
El equipo fiscal agregó en este sentido que “las operatorias referidas se concretaron mediante certificaciones de avance de obra falsas, que eran presupuesto necesario para destrabar los desembolsos de dinero por parte de la Subsecretaría federal mencionada causando perjuicio al erario público”.
La primera audiencia comenzó con la formulación de cargos de quien fuera en 2015 intendente de Cervantes, que – según la acusación- habría sido autor del delito de “defraudación a la administración pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso”; mientras que tres empresarios de la construcción habrían sido participes necesarios del mismo delito.
En una audiencia posterior se unificaron las formulación de cargos correspondientes a la localidad de Choele Choel a quien se desempeñaba entre los años 2013 y 2016 como intendente le formularon cargos por los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documento público falso y malversación de caudales. Al único empresario implicado se lo imputó como partícipe necesario de la defraudación y del uso de documento público falso.
En la misma instancia, se requirió la formulación de cargos para el intendente de General E. Godoy en 2014, a quien el Ministerio Público Fiscal imputó la “defraudación a la administración pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso” en calidad de autor y, al titular de la empresa constructora, de partícipe necesario.
En el caso de Río Colorado se le imputó a quien era intendente en el año 2013 los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documento público falso y peculado, y al empresario el de “defraudación a la administración con uso de documento público falso” como partícipe necesario.
La totalidad de los abogados de los imputados correspondientes a la Segunda Circunscripción Judicial plantearon el sobreseimiento de sus defendidos argumentando la atipicidad del delito endilgado y requirieron al Juez que rechace la formulación de cargos.
En el caso de la audiencia correspondiente a Cervantes, el juez interviniente dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 5, momento en el que resolverá ambos pedidos. La magistrada que encabezó la audiencia posterior resolvió tener por formulados los cargos por los hechos mencionados por la fiscalía contra los intendentes de Choele Choel, General E. Godoy y Río Colorado. En cambio, no admitió los cargos en relación al constructor al entender que la Fiscalía no señaló la acción típica que describe el delito.
Tras el pedido y los fundamentos del equipo fiscal, los legajos admitidos tramitarán como causa compleja, cuestión que amplía los plazos procesales para avanzar en la investigación.
Las audiencias de formulación de cargos continuarán en la Primera circunscripción judicial. El lunes, el fiscal general confirmó el equipo de fiscales que están al frente de las diversas investigaciones luego de resolver recusaciones planteadas por las defensas de los imputados.
FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO FISCAL / SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION
Esto publicó el diario Río Negro
Diez claves para entender la megacausa de Techo Digno en Río Negro
Analiza la financiación del programa nacional entre 2013 y 2015. Entre los acusados figuran varios intendentes en ejercicio.
POR ADRIÁN PECOLLO
AGOSTO 3, 2021
Se trata de la investigación de los planes federales de viviendas, que sumó 80 millones de dólares. Las audiencias se repetirán en las cuatro jurisdicciones, en las próximas dos semanas.
Las investigaciones penales por los planes Techo Digno, iniciadas hace cinco años, comenzaron esta semana con los cargos de imputación para los ex intendentes y los constructores por la irregular utilización de esos fondos nacionales para la construcción de viviendas.
1-¿Cuándo y cómo era la operatoria y el mecanismo de la maniobra observada?.
Techo Digno era un plan de Nación de financiamiento de viviendas.
Los municipios firmaban directamente convenios con el ministerio de Obras Públicas de Nación. Las ejecuciones eran responsabilidades de los gobiernos municipales. Los barrios investigados se concentran -mayormente- entre el 2013 y 2015.
2-¿Cómo Nación enviaba fondos a las administraciones locales?.
Se cumplía según el avance de la obra, previa entrega de la certificación de la construcción por parte de las autoridades de los municipios. En el 2015, antes del recambio del gobierno nacional, Obras Públicas suspendió las transferencias y las ejecuciones se paralizaron.
3-¿Cuántos municipios fueron alcanzados por esa situación?. ¿Cuantos viviendas eran?
Eran 15 municipios: Roca, Viedma, San Antonio, Sierra Grande, Conesa, Choele Choel, Río Colorado, Godoy, Cervantes, Fernández Oro, Cipolletti, Cinco Saltos, Campo Grande, Bariloche y Jacobacci. Quedaron paralizadas más de 3.000 unidades.
4- ¿Cómo se finalizaron esos barrios?
En el 2016, con un acuerdo de la Provincia con Nación, el IPPV se hizo cargo para su conclusión, con fondos federales y aportes provinciales. Roca no aceptó ese plan de intervención provincial y no ingresó con sus 231 viviendas pendientes.
5-¿Cuándo se originan las causas penales?
Existían críticas a las gestiones locales por esas ejecuciones. También se originó un debate por la competencia porque, inicialmente, la Justicia provincial derivó la cuestión a la Federal por el origen de los fondos. Pero, el impulso estuvo en el 2016 con la intervención del ministerio de Interior que incluyeron denuncias en distintos juzgados federales. Al final, la competencia se declaró para los tribunales provinciales y los expedientes volvieron a Río Negro en el 2018.
6-¿Qué irregularidades se habían detectados?
La mayor observación técnica estaba en la inconsistencia entre los fondos enviados por Nación y el nivel de construcción de los barrios por parte de los municipios. Eso se advertía con los informes efectuados para el traspaso a la Provincia. La falsedad de las certificaciones del nivel de ejecución, que las autoridades locales enviaron a Nación, quedaba en evidencia con esa disparidad detectada.
7-¿Cuáles son las conclusiones iniciales de los fiscales para las imputaciones?
En esta primera parte, los fiscales de las cuatro circunscripciones plantean acusaciones para once gestiones municipales. Dos irregularidades repetidas son la falsedad de las certificaciones y pagos a las constructoras por encima de los avances reales. Después existen variantes en los casos, como los destinos de excedentes de las transferencias nacionales.
8-¿Qué gestiones están acusadas?
En los juzgados de Roca, los expedientes comprenden a cuatro municipios (siempre entre el 2013 y 2015): Cervantes, Choele Choel, Godoy y Río Colorado. En Viedma son: Conesa, Sierra Grande y San Antonio. En Bariloche alcanza al municipio andino; y, en Cipolletti son tres administraciones: Campo Grande, Cinco Saltos y Fernández Oro.
9-¿Cuál es la reacción política?
Tiene un alto impacto. Los debates judiciales coincidirán con la campaña electoral y las denuncias alcanzan a importantes dirigentes del FdT, que reaccionan con que la “causa es política”. Esta investigación se concentra en ex intendentes del FdT, pues fueron los firmantes de esos acuerdos directos con Nación, con la gestión del entonces senador Miguel Pichetto.
10-¿Quiénes son los acusados?
La nómina de acusados incluye al hoy diputado nacional Pedro Dantas (fue intendente de Campo Grande), y los legisladores del FdT, María Martini (Bariloche), Alejandra Mas (Conesa) y Daniel Belloso (Choele Choel). Figuran, además, tres actuales jefes comunales: Liliana Alvarado (Cinco Saltos), Renzo Tamburrini (Sierra Grande) y Luis Ivancich (Godoy). Las acusaciones llega también a los titulares de las constructoras.
Peculado e incumplimiento de deberes de funcionaria: amplían acusación
Tras recibir una pericia fundamental, la Fiscalía reforzó la imputación penal en contra de una mujer que se desempeñaba como cajera de la Municipalidad de Ingeniero Huergo. Los cargos que habían sido formulados oportunamente volvieron a exponerse ayer con nueva evidencia, detallando de esta manera la imputación por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
El Ministerio Público Fiscal informó acerca de la pericia contable que permitió determinar que los hechos “efectivamente” provocaron “un perjuicio a la administración pública”. Además, se constató cuál era el monto de dicho perjuicio y qué impuestos eran los que la imputada había cobrado.
Según la Fiscalía, la mujer -que se desempeñaba como única responsable de la caja en el Departamento de Recaudaciones Municipal durante el año 2012- percibió por parte de los contribuyentes sumas de dinero en efectivo que correspondían al pago de tributos provinciales (impuesto automotor, inmobiliario, ingresos brutos), canon de riego y cuotas de IPPV. En cada uno de dichos cobros retenía el dinero que se le entregaba, sin efectuar la rendición correspondiente ante Tesorería Municipal.
“Luego sustrajo el dinero fuera de la esfera de la administración pública municipal en la que legalmente se encontraba, y ocasionó así un perjuicio económico al erario de la localidad que asciende al monto de $ 75.330,66”, detalló el Ministerio Público Fiscal.
La parte acusadora explicó que con ese accionar, la imputada omitió ilegalmente ejecutar un acto propio de su función, al que estaba obligada en razón de su cargo como responsable de la caja en el Departamento de Recaudaciones Municipal, ya que no realizó en tiempo y forma y ante Tesorería Municipal, las rendiciones de cuentas correspondientes a dichas cobranzas”.
Durante la audiencia la representante del Ministerio Público Fiscal mencionó la restante evidencia de este legajo fiscal, a la que la querella representando a la Municipalidad de Ingeniero Huergo adhirió.
El defensor público penal se opuso a la re-formulación de cargos, destacando que no existía prueba que sustentara cuál era la función de la imputada y cómo esto se relacionaba con los cobros provinciales y no municipales.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por reformulados los cargos teniendo presente lo precisado por la fiscalía descentralizada de Villa Regina.
FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO FISCAL / ING. HUERGO
Foto ilustrativa: diario Río Negro
