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Después de intentar realizar una infructuosa operación comercial de venta de un automotor a través de una red social, para lo cual brindó datos de su cuenta de su CBU, una cliente bancaria advirtió que habían solicitado un crédito en su nombre.
Luego de realizar la denuncia penal y las gestiones administrativas, presentó una demanda por los daños y perjuicios. El Juzgado Civil de Bariloche, tras analizar la prueba, dispuso hacer lugar a la petición y condenó al banco de La Pampa SEM a reintegrar a la cliente las sumas descontadas por el préstamo que otorgó con sus intereses.
Se ordenó también a la entidad bancaria se abstenga de retener cualquier suma que tenga origen en el préstamo en cuestión y se elimine retroactivamente cualquier información del préstamo que hubiera sido enviada a cualquier sistema de información crediticia, por caso -Veraz. El monto de la indemnización contempla el capital, sus intereses, más daño moral y punitivo.
Los hechos
Todo comenzó cuando el esposo de la mujer ofreció en venta una camioneta a través de las redes sociales. Lo contactó una persona de la provincia de Neuquén. Para hacer el pago le solicitó que envíe su CBU.
En ese momento se dio inicio a una serie de maniobras engañosas de parte del supuesto comprador. Le mencionó que había ido a depositar al cajero y se le había bloqueado la tarjeta. También le pidió que fuera a un cajero automático y que la llamaría alguien del banco para que siguiera los pasos que le indicaran, para que se le desbloqueara su tarjeta. Efectivamente, fue contactada por otra persona quien le brindó las indicaciones y le hizo transferir un monto de dinero a un CBU.
Hicieron el reclamo en el banco y allí les informaron que habían solicitado un crédito y transferido el dinero. Descubrieron que habían sido engañados.
En su demanda a la entidad crediticia, la víctima alegó que el banco no tomó los recaudos para evitar la estafa, refiriendo que se había configurado un caso de “phishing”, que significa cosecha y pesca de contraseñas.
Fundamentos del fallo
La sentencia del juez Mariano Castro consideró fundamental determinar si la solicitud de préstamo a través de plataforma digital/electrónica resultó segura para el consumidor y si, en su caso, la prestación del servicio por parte del banco cumplió con los estándares normativos vigentes.
En este sentido, no se advirtió el incumplimiento de alguna directiva o normativa por parte de la entidad bancaria.
Se destacó que “aún cuando el banco demandado no fue parte en la estafa que sufrió la damnificada y sin perjuicio de la conducta asumida por ésta, lo determinante es que el préstamo no fue solicitado ni en forma presencial ni virtual, sino que fue gestionado por un tercero desde un dispositivo celular o computadora, tal como lo consigna la pericia técnica”.
Añadió que “surgió de los propios registros fílmicos y conforme el detalle de la prueba pericial informática, que la mujer se encontraba en el cajero automático 71 del banco demandado al momento en que se solicitó -desde un dispositivo celular o computadora- el préstamo en cuestión”.
Finalmente, la sentencia aclaró que en modo alguno pretende atentar contra los avances tecnológicos ni contra la celeridad en el tráfico comercial, no obstante deben extremarse los recaudos a fin de evitar las reiteradas estafas virtuales.
Este caso se encuadra en la legislación de Defensa del Consumidor, que establece una obligación de seguridad en cabeza del proveedor o prestador del servicio en tanto que, utilizados en condiciones normales, no deben presentar peligro alguno para la salud o integridad física del consumidor o usuario.
Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro
Destruyó una camioneta por exceso de velocidad en el yacimiento El Medanito: ¿pueden despedirlo?
Un trabajador petrolero fue despedido luego de volcar una camioneta en la ruta provincial N° 34. El vehículo, que dio dos tumbos, quedó inutilizable. Pero la empresa le había colocado control satelital y con ese sistema corroboró que el conductor iba a casi 100 kilómetros por hora, cuando las máximas permitidas oscilaban entre los 40 y los 60 kilómetros.
El hombre promovió un juicio laboral para revertir su despido, aunque no lo consiguió y ahora tendrá que pagar los gastos del proceso. La Cámara Laboral concluyó que el comportamiento del trabajador fue antijurídico y por su gravedad objetiva constituye una causa justificada para la resolución del contrato. Por ende, debe tenerse por legítimo el despido con causa.
La firma, durante el juicio, acreditó que el empleado acumulaba sanciones disciplinarias anteriores y reiteradas advertencias sobre la importancia de cuidar todas las normativas de seguridad y reencauzar su conducta.
El día del episodio circulaba en una Toyota Hilux en dirección a la ciudad de 25 de Mayo, a la altura del Yacimiento El Medanito. El rastreador satelital con tecnología GPS que registra el desplazamiento, la velocidad y su posicionamiento dio cuenta de que el trabajador llegó a desplazarse a 105 kilómetros por horas a las 9.37 horas, circulando a 95 kilómetros por horas al momento del vuelco, 10.24 horas.
El vehículo Toyota Hilux que conducía quedó totalmente destruido con imposibilidad física y económica de ser reparado. El hombre estuvo un tiempo de licencia médica a raíz del vuelco y cuando se reincorporó la despidieron con causa. Entre las sanciones que acumulaba había recibido un apercibimiento en donde se le hizo saber que debería evitar “dejar regulando por horas la camioneta a su disposición para así hacer un uso más eficiente de los recursos puesto a su disposición por la empresa”.
Un testigo que se presentó al juicio declaró que en el lugar donde se produjo el accidente existe una picada de contrafuego (esto es, está desnivelada, con ruta alta y banquinas de calcáreo), que en dicho yacimiento existían al momento del accidente carteles de velocidades máximas de 60 kilómetros por hora y que desde hace años la empresa les da cursos de seguridad obligatorios para todos los empleados, lo que incluye manejo y manipulación de los vehículos.
Con las pruebas de la causa, la Cámara Laboral convalidó el despido y rechazó la pretensión de las indemnizaciones. Además, el hombre deberá pagar los gastos del juicio.
Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro
