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En un dictamen del 9 de este mes, la Procuración General del Poder Judicial de Río Negro recomendó al Superior Tribunal de Justicia que confirme la medida cautelar dictada el 15 de noviembre del año pasado por la Cámara Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, que prohibió cautelarmente la producción de cerveza en dos inmuebles ubicados a orillas del Lago Moreno.
Entre los antecedentes de la causa figura que la Asociación Civil Árbol de Pie, a través de su presidente, Juan José Paterno, interpuso acción de amparo en los términos de la Ley B N° 2779 contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y contra quienes surjan de la prueba a producir destinada a prevenir los daños ambientales que podría provocar la instalación de una fábrica de cerveza a orillas del Lago Moreno, con “importante consumo de agua lacustre y emisión de efluentes”.
La entidad solicitó entonces el cumplimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (Ley M N° 3266), la contratación de un seguro ambiental por eventuales perjuicios (Ley Nacional N° 25645) y finalmente se obligue al fabricante a readecuar su emprendimiento a los normas del código urbano municipal (ordenanza 546-CM-95) porque afirma que “el mentado código prohíbe la actividad industrial en el área donde se estableció la firma”.
Como medida cautelar, la entidad requirió al municipio ordene cumplir con el proceso de evaluación de impacto ambiental, se abstenga a otorgar la habilitación para el funcionamiento y, finalmente, se ordene la suspensión de toda producción de cerveza a la Cervecería Quilmes en dicho local, fundado en la circunstancia de que “en el lugar donde se encuentra emplazado el emprendimiento no se permiten actividades industriales”.
En el dictamen se consigna que se dio intervención al propietario del predio donde se asienta la fábrica, Mariano Miguel Marcelo Juan de Apellaniz, y al titular del producto fabricado (Cervecería y Maltería Quilmes SACIAyG) en tanto la cuestión podría afectarlos.
También se puntualizó que “el propio municipio afirmó que la actividad cervecera en cuestión implicaba un riesgo ambiental, lo que justificaba aplicar los protocolos respectivos, dando intervención a la Subsecretaría de Medio Ambiente”.
“Surge del propio expediente administrativo que los inmuebles del caso se encontrarían dentro de un sector calificado como preservación de costa de lagos solo susceptible de uso principalmente residencial o turístico y uso complementario y parcial en actividades náuticas, recreativo culturales, de camping o de comercio periódico u ocasional, pero no industrial”.
Se resalta que “si la fábrica en cuestión está concebida para elaborar un promedio de 1.600 litros diarios de cerveza de acuerdo con lo que habría informado el propio subsecretario de Medio Ambiente y requiere una extracción de 24.000 litros diarios del Lago Moreno autorizada por el Departamento Provincial de Aguas por el término de 20 años, es altamente verosímil que se trate de un emprendimiento industrial en vez de tratarse de un mero comercio periódico u ocasional, o de una producción meramente artesanal”.
“Es más, de acuerdo con el propio EIA, la producción a la que se aspiraría sería considerablemente superior, ya que la planta tendría una capacidad productiva de 2.000.000 de litros anuales para su comercialización ‘en el país y en el exterior’, lo que equivale a 4.580 litros diarios sin pausa alguna. Sobre esa base y contrariamente a lo informado por la Subsecretaría de Medio Ambiente, no parece un emprendimiento de impacto ambiental ´similar´ a la actividad previamente desarrollada en los predios…”.
“Resalta la magnitud de efluentes potencialmente contaminantes, con el peligro consiguiente para el medio ambiental. Agrega que, si bien el emprendimiento contaría con una planta de tratamiento de efluentes, ésta no estaría verosímilmente aprobada por una resolución ambiental. En este marco advierte que la denominación del proyecto -Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales- refuerza la idea de que se trataría de una actividad industrial en vez de artesanal”.
