“Horizonte seguirá siendo de los rionegrinos, a pesar del directorio. Incapacidad de Pereyra”

 

El ministro de Economía de Río Negro, Luis Pablo Vaisberg, rechazó la firma del contrato de la empresa de seguros Horizonte con Sancor respecto del seguro colectivo de vida obligatorio de la provincia, según consignó un comunicado de la Comisión Interna del Seguro SA.

El texto puntualiza, textualmente:

En primer lugar, queríamos comunicarles una novedad que nos ha llenado de alivio: el ministro de Economía, el Cdor. Luis Pablo Vaisberg, rechazó la firma del contrato con Sancor respecto del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio de las Provincia. La decisión fue informada oficialmente mediante nota dirigida al presidente de Horizonte SA, Oscar Pereyra, este 11 de marzo; una copia llegó a nuestro poder gracias a la excelente disposición del ministro, a quien debimos acudir ante las reiteradas negativas del directorio de nuestra aseguradora a facilitarnos un ejemplar.

En el referido escrito, los argumentos expuestos por el titular de Hacienda fueron los siguientes: por un lado, no existen circunstancias técnicas ni comerciales que justifiquen el negocio; por el otro, Horizonte no posee la facultad de decidir a quién debe contratar el IAPS para la gestión dicho seguro.

De más está decir que estamos satisfechos con las conclusiones a las que arribó el jefe de la cartera de Economía, ya que coinciden con aquello que sostuvimos cada vez que denunciamos la ruinosa operación comercial. No obstante, tener razón en estas circunstancias no es motivo de alegría, puesto que eso significa, lisa y llanamente, que el presidente de Horizonte Seguros intentó llevar a cabo una maniobra destinada a defraudar a los rionegrinos y al gobierno provincial del cual se supone que él es parte.

Esto lo afirmamos teniendo en cuenta no solo la incapacidad de Pereyra para proveer un marco jurídico técnico viable para la ejecución del negocio (el mínimo requisito que uno podría esperar ver cumplido a la hora de proponer semejante operación comercial), sino el hecho de que haya llevado adelante las gestiones en secreto, ocultando información a los organismos de control y arrogándose atribuciones de funcionarios de primer orden.

A su vez, los antecedentes le juegan en contra: el nefasto acuerdo con La Caja; los ridículos convenios de publicidad firmados con  clubes de tenis y sociedades unipersonales sin actividad previa, entre otras maniobras de legitimidad cuestionable, convierten al presidente de Horizonte en un personaje sin credibilidad ética, al cual es más fácil condenar antes que concederle el beneficio de la duda.

Para peor, este contexto de indudable corrupción se complementa con una negligencia absoluta en la gestión administrativa de la empresa, caracterizada por una conducción caprichosa y vacía de autoridad, en medio de un déficit infraestructural insalvable provocado por el mismo Pereyra. Así, la escena laboral en Horizonte es la siguiente: un presidente que nunca está, gerentes que no gerencian por falta de directivas, y empleados confundidos que buscan la manera realizar su trabajo con los escasos medios disponibles, mientras escuchan que no hay escáneres porque son carísimos, pero que su empleador le aporta a un club de tenis de CABA más de ocho millones de pesos al año. Extraño, ¿no?

Y es por estos hechos que, contrariando el espíritu de consenso que siempre ha caracterizado a esta Comisión, nos vemos en la obligación de solicitarle al Ejecutivo Provincial que intervenga en el directorio de Horizonte y destituya a su presidente. La reciente sucesión de hechos ha terminado de fracturar la relación entre Pereyra y el personal, quienes no podemos evitar observarlo con extrema desconfianza.  Creemos que, de continuar él en el cargo, será imposible ponerle fin a las irregularidades descriptas y evitar nuevas operaciones fraudulentas, con el riesgo que esto implica para nuestra fuente laboral y los intereses de los rionegrinos.

En relación con ello, nosotros entendemos que los actos de los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo son, en última instancia, actos cometidos en representación de quien detenta el gobierno. En consecuencia, cuando un funcionario comete un acto de corrupción o negligencia extrema en cumplimiento de sus deberes, el titular del Ejecutivo posee dos alternativas: sancionar/destituir al funcionario, o ratificarlo y asumir esos actos como propios. Sinceramente, por la connotación que ello tendría, esperamos que esta última opción no sea la escogida por nuestra gobernadora.

Sin otro particular.

 

Comisión Interna del Seguro SA

 

 

 

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