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Un empleado municipal ingresó en forma ilegal a un inmueble y construyó en el lugar, como si fuera de su propiedad y actualmente es la vivienda en la que reside. Se lo acusa de despojar al municipio roquense de sus derechos de propiedad sobre el lote.
Este jueves, el titular de la Unidad Fiscal Temática Nº 6, Ricardo Romero, presentó la prueba con la que cuenta para llevar adelante el juicio oral y público contra el sujeto, de 55 años, por el delito de usurpación.
Según la acusación fiscal, el hecho por el que oportunamente se le formularon cargos al imputado, ocurrió en General Roca “en fecha que no ha podido precisarse, pero ubicable antes del 15 de septiembre del 2015, circunstancia en la cual el hombre, empleado municipal, con intención de permanecer en el lugar, en forma clandestina, sin autorización ni conocimiento de su propietario, ingresó a una parcela del Parque Industrial, propiedad de la Municipalidad de General Roca”.
“Una vez usurpado el inmueble construyó en el mismo, como si fuera de su propiedad, y es la vivienda en la que actualmente reside. De esta manera, el acusado despojó al municipio local de sus derechos de propiedad sobre el lote en cuestión, manteniéndose en el mismo hasta la fecha”.
“Durante este tiempo hemos atravesado una etapa de conciliación con el imputado, es decir se ha procurado una salida alternativa al conflicto, pero atento a que, no obstante a las reiteradas intimaciones, no ha hecho abandono del lote, avanzamos en el pedido de apertura de juicio”, explicó Romero.
En la audiencia de control de acusación efectuada ante el juez del Foro Fernando Sánchez Freytes, la Fiscalía, junto al patrocinante de la querella y el defensor particular del imputado, hicieron conocer la prueba de la que van a valerse durante el juicio.
Así, durante la audiencia debate se escucharán a más de 16 personas que prestarán su declaración en torno al hecho juzgado, entre ellos la directora de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Parques Industriales de la Municipalidad, Laura del Valle Juárez; a Carlos Delgado Barreto, director de Parques industriales y de Servicios Económicos; a Santiago Silva, director general de Asuntos Jurídicos y técnicos, también Claudio Javier Diazzi, director de Agrimensura Municipal, entre otros funcionarios municipales.
Conforme la pretensión punitiva de la Fiscalía, la pena a requerir no superará los tres años de prisión, lo que determina la competencia de un Tribunal Unipersonal.
Por su parte, el defensor pidió el sobreseimiento del imputado, requerimiento al que el juez interviniente no hizo lugar, razón por la cual hizo reserva de impugnar la resolución en caso de que resulte una sentencia condenatoria.
