Que el Estado se inmiscuya lo menos posible en la vida de los ciudadanos.
Que el voto sea voluntario.
Que solamente haya elecciones internas y generales simultáneas cada cuatro años para todos los estamentos.
Que se prohíba la propaganda política estática en forma de afiches y en especial con la cara de los candidatos impresa en ellos.
Que se prohíba en todas las oficinas públicas el cuadro con las fotos de líderes políticos y en especial de los gobernantes actuales.
Que se prohíba en documentos públicos y libros de lectura todo tipo de propaganda o de frases partidarias o de facción.
Que se elimine el culto a la personalidad.
Que haya un tribunal de ética pública integrado por notables para los casos de funcionarios implicados en denuncias de corrupción.
Que los funcionarios implicados en denuncias de corrupción sean separados de su investidura y cargo hasta que falle la Justicia.
Que se eliminen los gastos reservados, los pasajes gratuitos en avión y el uso de los bienes del Estado en beneficio propio.
Que haya una relación entre los salarios y las dietas políticas no pudiendo superar las mismas dicho porcentaje.
Que existan más mecanismos de participación ciudadana.
Que las obras públicas ejecutadas con dineros de erario público no sean inauguradas con bombos y platillos por los gobernantes de turno.
Que no se publiciten las mismas hasta el hartazgo.
Que los gastos personales y de bolsillo de los funcionarios sean pagados de su propio peculio.
Que se haga política partidaria con dineros públicos.
Que el origen de los fondos que financian las campañas políticas sea declarado en forma jurada ante la justicia antes de iniciar las mismas y que no puedan erogar más de lo declarado.
Que aquel funcionario o empleado público que no respete las leyes vigentes sea separado de su cargo sin atenuantes.
Que para temas de fundamental interés nacional que afecte la vida de los ciudadanos, ya sea en materia económica, de seguridad y de otras, sean éstos consultados por referéndum vinculante u otro mecanismo similar.
Que alguien defienda en serio los intereses de la gente ante los abusos de las empresas públicas de servicios.
Que las actuaciones de las Defensorías del Pueblo tengan facultades resolutivas y sea obligatorio su cursado a la Justicia Ordinaria.
Que aquel candidato que mienta mientras esté de campaña sea sancionado si no cumple o cambia de parecer durante su gestión.
Que las bancas legislativas correspondan a los intereses del pueblo que los ha votado y no a las aparcerías políticas que representan.
Que las cadenas nacionales de información sean usadas únicamente para asuntos de la mayor importancia nacional.
Que se prohíban los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, pero habilitando de inmediato al Congreso Nacional para el tratamiento respectivo.
Que toda forma de acción social respete la dignidad de la gente y se restrinja en las campañas electorales.
Propongo, como decía Borges, que los ciudadanos se comporten correctamente sin tanta presencia del Estado, porque éste debe estar reducido a su mínima e indispensable función: el bienestar de su gente.
Jorge Castañeda
Escritor – Valcheta