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Según un medio periodístico de Bahía Blanca, en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande (Río Negro) hay apenas 4 habitantes y poca infraestructura. En cambio, el puerto de Ingeniero White tiene experiencia en el manejo de hidrocarburos: los buques regasificadores que amarraron en sus costas durante los últimos años.
A continuación lo publicado (textual) por el diario bahiense La Nueva.
Qué es Punta Colorada, el pueblo de 4 habitantes que le disputa la planta de GNL a Bahía
La alternativa al puerto local que maneja YPF para el megaproyecto de exportación de gas de Vaca Muerta es una zona casi inactiva de la costa rionegrina.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, la localidad de Punta Colorada (provincia de Río Negro) tiene apenas 4 habitantes. La información surge del censo nacional 2010, que marca un descenso poblacional del 66,6% considerando las 12 personas que habitaban allí según el censo 2001.
Por razones difíciles de conocer, no existen precisiones sobre la evolución demográfica en 2022, ya que la información oficial solo brinda como cifra más aproximada la cantidad de gente que habita en el Departamento de San Antonio, donde Punta Colorada está inserta. En toda esa zona, indica el último censo, hay 35.800 habitantes.
Ubicada sobre el Golfo San Matías, a poca distancia del límite con Chubut, los mejores momentos de la diminuta Punta Colorada se vivieron el siglo pasado con el auge de su puerto mineralero, por donde salía la producción de la cercana localidad de Sierra Grande.
Sin embargo, todo ese movimiento es pasado ya que la mina fue clausurada en 1992 por el gobierno de Carlos Menem y, aunque luego la operatoria fue adquirida por la empresa china Metallurgical Corporation of China, las tareas se suspendieron en 2017, más allá de que la firma asiática mantiene derechos sobre los yacimientos de hierro.
Desde entonces, en el muelle y sus cercanías dominan la quietud y el silencio, así como la expectativa de que algún super proyecto minero o energético impida que se convierta en un pueblo totalmente olvidado.
Hoy, el nombre de Punta Colorada vuelve a tomar relevancia porque se convirtió, pese a sus limitadísimas infraestructuras portuaria y urbana, en la principal competidora de Bahía Blanca para alojar el megaproyecto de GNL que emprenderá la petrolera argentina YPF junto a la malaya Petronas.
Se trata de una inversión estimada en 50 mil millones de dólares, que comprende la construcción de 3 gasoductos similares al Néstor Kirchner para exportar el gas de Vaca Muerta, primero a través de factorías flotantes (buques regasificadores) y, luego, mediante una planta en tierra que demandará la mayor parte de los recursos, así como generará miles de puestos de trabajo.
La opción de Punta Colorada que manejan las actuales autoridades de YPF es una alternativa cuanto menos curiosa, ya que padece numerosas desventajas respecto de Bahía, por no decir todas. Por solo mencionar un punto básico, el puerto de Ingeniero White cuenta con larga experiencia en el manejo de hidrocarburos: el ejemplo más conocido son los buques regasificadores que amarraron en sus costas durante los últimos años.
Por si fuera poco ese know how y la mano de obra especializada, se puede agregar que en la terminal portuaria local hay mejores condiciones de navegabilidad, mejores condiciones climáticas y no se requieren obras extra para la puesta en funcionamiento del proyecto GNL. Simplemente hay que levantar la planta y comenzar a exportar.
En Punta Colorada habría que crear casi todo de cero, lo cual implica no solo mayores costos sino una inmensa pérdida de tiempo antes de tener la infraestructura lista para llevar al mundo el gas procedente de Vaca Muerta, la mayor esperanza argentina para incrementar de manera significativa su volumen de exportaciones y, por lo tanto, generar divisas genuinas.
YPF-Petronas estiman que para la próxima década, a partir de esta planta de GNL, el país podría exportar 30 mil millones de dólares adicionales, una suma inestimable si se considera que en un año muy bueno de cosechas y precios internacionales favorables nuestro país vende, como tope, por 80 mil millones. De hecho 2023, un año bajo en materia de comercio exterior, el volumen total exportado fue de 66.788 millones de dólares.
Con estos números queda claro por qué esta inversión es clave para el futuro económico del país y también se pone de relieve que sería inexplicable elegir un lugar que obligaría a perder demasiado tiempo en innumerables construcciones complementarias.
Es que, si bien son un elemento primario básico, no solo las condiciones portuarias resultan claves. Bahía Blanca es una ciudad que tiene muchos más servicios para ofrecer a las cientas (probablemente miles) de personas que deberán radicarse para trabajar en las distintas etapas del desarrollo de este proyecto. Viviendas, hoteles, comercios, sitios de esparcimiento, instituciones deportivas y educativas de todos los niveles son algunas de las otras diferencias obvias en favor de Bahía Blanca respecto de la propuesta de Río Negro, por no mencionar la cantidad de rutas de acceso y la existencia de un aeropuerto operativo.
Incluso podría agregarse un capítulo para nada desdeñable. En nuestro distrito existe una profunda coincidencia política, empresarial, académica y social sobre lo que puede y debe ofrecer Bahía para ser la mejor sede de este proyecto, tal como quedó reflejado ayer en una reunión en el Puerto donde se mostraron unidas todas las fuerzas representativas de la ciudad.
En suelo rionegrino deberán sortear un problema tan complejo como recurrente para esa provincia, ya que en Punta Colorada y zona existen antecedentes de reclamos de las comunidades mapuches que reivindican derechos territoriales.
Un reciente caso se dio durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando la empresa australiana Fortescue anunció que iniciaría los trabajos para el desarrollo de un complejo de Hidrógeno Verde por 7 mil millones de dólares en esa localidad, pero entre otros obstáculos se topó, de acuerdo con diferentes artículos del diario “Río Negro”, con la oposición de los pueblos originarios a la cesión de tierras fiscales que, según afirman, les pertenecen por derecho ancestral.
Todavía hoy el tema está trabado y, el plan Fortescue, fue a parar al freezer.
Incluso el oleoducto proyectado por YPF para llevar al Golfo San Matías encuentra fuertes resistencias de organizaciones ambientalistas de esa región. Una multisectorial ecologista emprendió una campaña nacional contra esa iniciativa, alertando por las potenciales consecuencias de un eventual derrame de petróleo en el mar argentino.
Reserva de tierras y Ley Bases
En el puerto de Bahía Blanca, desde 2017, existe una reserva de 1.200 hectáreas por parte de YPF-Petronas para desarrollar la planta de GNL. En términos formales, nadie comunicó al Consorcio de Gestión que la alternativa local se había debilitado ni, mucho menos, descartado.
No obstante, recientes declaraciones públicas del presidente de YPF, Horacio Marín, expusieron que lo que parecía obvio ya no lo es. El funcionario expresó que Punta Colorada tiene buenas chances de ser el destino final de la megainversión, un pedido de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa.
De cualquier modo, un punto clave para que avance este proceso, según explicó Marín, es que el Senado apruebe la Ley Bases, que entre otras cosas contiene el Régimen de Incentivo para las Grandes Empresas (RIGI), la normativa que el titular de la petrolera nacional definió como indispensable para que el proyecto de GNL se concrete, sea donde sea.
La reserva de tierras en el puerto bahiense vence en agosto, aunque es un formato habitual poner plazos cortos y firmar renovaciones en forma regular. Distintas voces aseguraron en los últimos tiempos que la decisión final sobre la locación de la planta de GNL se comunicará en junio. No obstante, en ningún expediente formal constan fechas límite.
Pese a eso, es evidente que la cuenta regresiva ha comenzado.
Texto: La Nueva, Bahía Blanca
