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Bariloche: Señalan por saqueos e incendios a grupo mapuche que dirige una joven de 19 años

Violencia en Villa Mascardi: Vecinos acusan por los saqueos e incendios a un grupo mapuche que dirige una chamana de 19 años. (título de la nota que publicó este jueves el diario digital porteño Infobae)

Los autores serían integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que llegó a la zona en 2017 por indicación de Betty Colhuan y reclama tierras. Entre las víctimas se incluyen grupos también mapuches que los denunciaron tras recibir la amenaza de “abrirlos y comerles el corazón”. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Seguridad para poner fin al conflicto: se decidió hacer otro encuentro en 30 días. El encargado de una cabaña saqueada advierte: “En ese tiempo se van a encontrar con nuestros cadáveres”

 “Se me parte el alma”, dice Florencia Constantino cuando ve las fotos del estado en que dejaron la cabaña Hueche Ruca, allá en Villa Mascardi, apenas 35 kilómetros al sur de Bariloche. Es que no sólo ve el daño material -machimbre arrancado, el hueco de los electrodomésticos que se robaron-, por allí pasaron casi todos sus veranos, era el lugar que levantaron en 1962 sus abuelos junto su tío, el padre Aníbal Coerezza, un sacerdote de Olivos. Hoy, el predio de dos hectáreas pertenece al Obispado de San Isidro. A los vándalos que destrozaron ese paraíso no les importó nada. Es, apenas, una marca más de su foja de violencia.

“Dicen que son mapuches, pero no lo son -asegura de entrada Florencia sobre los acusados de cometer los robos, incendios y todo tipo de agresiones en esa zona sobre la ruta 40-. Quien dice ser la machi (chamana) de ellos es una chica que a los 17 años llegó de Bariloche y dijo que había visto que esas eran tierras sagradas”. Eso sucedió en septiembre de 2017. La chica hoy tiene 19 años y se llama Betiana Colhuan. En aquel momento, su comunidad, llamada Lafken Winkul Mapu, ocupó en forma ilegal un predio de seis hectáreas perteneciente a Parques Nacionales.

Alejo Dasso (66, ex director del Colegio Piñeiro), tío de Florencia y encargado de Hueche Ruca, completa la versión: “Ellos vivían en una villa de Bariloche llamada Virgen Misionera, los echaron por ladrones y vinieron para acá. Primero tomaron ese lugar, arriba en la montaña. Después intrusaron y quemaron la cabaña La Escondida. Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero empezaron a tirar piedras a mi cabaña. Cuando mi hijo los fue a encarar se escondieron en la vegetación. Ya nos habían robado antes, y ahora nuevamente. Entre febrero y marzo vaciaron Hueche Ruca. El 1° de abril, como ya estaba la cuarentena y no podía viajar, mandé a una persona, un ex policía, a buscar las cosas que quedaban. Lo rodearon y le dijeron que si no se iba le quemarían la camioneta. La comisaría no toma las denuncias, te manda al juzgado federal en Bariloche, pero como esta persona era un ex policía se la tomaron”.

Florencia teme escuchar, en cualquier momento, que el lugar fue incendiado también. Es que el casero que tenían -un hombre de la comunidad mapuche- también fue amenazado y se marchó. Y la cabaña está a merced de los vándalos.

Sólo durante el 2020, este grupo cuenta con varias acciones de suma violencia.

Fueron acusados por amenazas por los miembros de la comunidad mapuche Lof Wiritay, que históricamente ocupa las tierras de la cabecera norte del lago Mascardi. La huerquen Clarisa Montenegro, de dicha comunidad, radicó una denuncia en la Comisaría 42 y en la Fiscalía de la doctora Silvia Paolini por varios hechos: “En el 2017 nos dijeron que nos iban a matar uno a uno, que nos iban a abrir y a comer el corazón. Nos insultaron. Estaban todos tapados, vestidos de negro, como ahora. Eso no es el pueblo mapuche”. Tres veces, además, balearon la casa de un hermano guardaparque de Montenegro. “Estos años vivimos en silencio para no generar más conflicto. Sostenemos la paz social en el lugar porque no queremos que se manche con sangre. Miedo no tenemos pero no queremos otro muerto, que corra más sangre. Somos gente de trabajo que nunca tuvimos problemas con nadie”, señaló.

El 11 de febrero atacaron a un grupo de turistas que acampaban en la zona del muelle. Le arrojaron aceite hirviendo a la carpa que ocupaban y amenazaron con prenderla fuego.

El 23 de febrero, encapuchados, agredieron a policías en el ACA de Villa Mascardi. “Después, ellos dicen que los que queman son policías, ¡si también están asustados! Recién ahora les dieron un patrullero nuevo, porque al otro lo habían apedreado”, cuenta Florencia.

26 de marzo -ya en cuarentena, aprovechando la ausencia de ocupantes- entraron a robar en Los Radales, una cabaña vecina a Huechu Ruca. El 11 de mayo la incendiaron. “Quedó la chimenea nada más, porque es de piedra. Dan ganas de llorar. Es gente que construyó su casita de a poco”, acota la mujer.

El 2 de mayo cortaron la ruta 40 y agredieron a un conductor.

El 21 de mayo atacaron al cuidador de unas cabañas conocidas como “Gas del Estado”, ya que antiguamente pertenecían a ese gremio, hasta que, explica Basso “dejaron de pagar el canon”. Las incendiaron y enfrentaron a la Policía y a los bomberos, arrojandoles piedras. Según publicaron los acusados, los autores fueron policías. Allí, cuenta Basso, “en el año 2017 Parques Nacionales iba a poner la Escuela de Guardaparques: alojarían a los estudiantes en el hotel del I.O.S. y en las cabañas de Gas del Estado estaría la parte educativa”. De más está decir que el proyecto nunca se llevó a cabo.

Al día siguiente, la fiscal Silvia Paolini y los adjuntos Facundo D’Apice y Clara Moldes -que fueron a Villa Mascardi para peritar el incendio- fueron agredidos por un grupo de unos quince encapuchados. Las pericias, como era previsible, no se llegaron a completar.

“Treinta de mis 38 años veraneé allí -se descarga la cirujana formada en la Universidad Austral desde Bariloche, donde quedó varada junto a su beba de tres meses-. Iban como cien chicos de escuelas y parroquias, campamentos laicos de la zona de San Isidro, de Vicente López, del Colegio San Gabriel, porque mi tío era el cura de ahí. En el verano se usaba para todos. El mayor dolor es por lo afectivo. Viví muchas cosas ahí, generé un montón de recuerdos. Ver eso destruido te parte el corazón. Rompieron los mármoles, los inodoros. Se fueron años de trabajo, la historia de mucha gente. Están los libros de actas ahí, donde escribíamos, pintábamos. Estoy segura que se hicieron un asado con todo eso. Ya no podremos ir más. Este verano fueron mis primos y los apedrearon. Yo me vine más tarde porque fui mamá hace tres meses”.

Dasso cuenta la historia del padre Coerezza. La describe como una ironía del destino: “Era muy amigo del Padre Carlos Mugica, el que servía en la Villa 31 y compartía muchas de sus ideas. Cuando lo mataron hacía homilías reivindicando a la Juventud Peronista. En el 76, plena dictadura, lo fue a buscar gente de la Marina a su parroquia en Olivos. Se salvó por dos casualidades. Que pasaran por ahí el comisario de Olivos, que vio el lío y se bajó del auto. Y que estuviera monseñor Aguirre, obispo de San Isidro. Lo agarraron uno de cada brazo y los que habían ido a buscarlo no pudieron hacer nada. A los 15 días lo escondieron en un barco, salió del país y se fue a los Estados Unidos. Murió en el año 2016”.

Según Florencia, la situación empeoró después de la muerte de Rafael Nahuel, que pertenecía a esa comunidad que se dice mapuche y, se sospecha, fue muerto por un efectivo de la Prefectura Naval. La primera pericia, hecha por profesionales rionegrinos, dio como resultado que el uniformado había disparado. Una segunda le fue encargada a Gendarmería Nacional, y rebatió la anterior. Pero a principios de marzo de este año, cuando se iba a realizar en la provincia de Salta la tercera y definitiva pericia sobre la bala y las armas secuestradas, éstas habían desaparecido. Hoy, esa misma impunidad que denunció en este caso la comunidad Lafken Winkul Mapu parece estar, según las acusaciones de los vecinos de Villa Mascadi, de su lado.

En el pequeño pueblo patagónico viven en forma permanente unas 40 personas, señala Dasso. Florencia dice que nadie quiere hablar, que tienen miedo, y añade que el grupo de violentos suma unas 30 personas. “Es tierra de nadie”, asegura. “Yo estoy con mi madre acá en Bariloche, pero no vamos porque también existe temor. El día que robaron Hueche Ruca tuve el impulso de llegarme, pero mi tío me hizo entrar en razones”, completa.

El lunes 25 de mayo, un grupo de vecinos le acercó un reclamo a la comisionada Inés Marabolis. Entre los 8 puntos del escrito reclamaron el “inmediato desalojo de las tierras usurpadas”, la “intervención efectiva de la Justicia Federal, el Poder Político Nacional y de la Administración de Parques Nacionales”; le hacen saber que “todo este conflicto ha ocasionado usurpación de terrenos públicos y privados, incendios y destrucción de inmuebles en forma total o parcial, muchos de ellos irrecuperables, poniendo asimismo en riesgo el entorno natural. Se han producido robos, hurtos y saqueos de todo tipo. Agresiones y amenazas a efectivos policiales, personal de Parques Nacionales, bomberos, funcionarios judiciales, vecinos, trabajadores y turistas. Continuos cortes de la Ruta Nacional 40 Sur que posee un tránsito muy importante con movimiento nacional e internacional. Asimismo ocurren agresiones permanentes con piedras a vehículos y transeúntes”; piden con “urgencia contar con fuerzas federales que se encuentren a la altura de las circunstancias para custodiar la seguridad de las personas y de los bienes”; y comunican que “los intrusos no disponen de Personería Jurídica ni documentación que avale reclamos de tenencia de tierra. De todos modos no corresponde en ningún caso dañar, saquear y destruir bienes públicos y privados”.

Finalmente, en el día de ayer tuvo lugar una reunión en el Ministerio de Seguridad donde estuvieron presentes la titular de esa cartera, Sabina Frederic, y los ministros nacionales de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; junto a otros funcionarios nacionales y de la provincia de Río Negro. Allí, acordaron conformar una “mesa” para resolver el conflicto de Villa Mascardi. El acuerdo -dijeron- “contempla la realización de una primera reunión con todos los actores intervinientes, en especial la Lof Lafken Winkul Mapu dentro de un plazo de 30 días”. La ilusión es “que todas las partes involucradas garanticen la paz social y mitiguen las tensiones que se viven hoy en día”.

En rigor, en estos días sólo una de esas partes no garantiza esa “paz social” que se espera. Las otras patas de esa mesa son vecinos a quienes les han robado y quemado sus propiedades.

¿Llegará la tranquilidad a ese paraíso patagónico? Florencia descree: “Esta gente sólo conoce la violencia. Nunca quisieron hablar”. Dasso es aún más escéptico: “La reunión terminó, y se van a tomar 30 días para hacer otra reunión. ¡Que bárbaro! Se van a encontrar con los cadáveres de los vecinos de la Villa. Nos van a prender fuego a todos”.

Texto: Hugo Martin, periodista de Infobae (Buenos Aires)

Foto: Betty Colhuan, en su página de Facebook

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