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Un sujeto –cuya identidad no fue difundida por la Justicia rionegrina- fue imputado por varios hechos de abuso sexual perpetrados en contra de sus sobrinas, cuando ellas eran menores de edad, aprovechándose de esa relación. Los hechos sucedieron entre los años 2005 y 2014, en distintos lugares de las ciudades de San Antonio y Valcheta. Ahora, se dispuso la prisión preventiva del imputado.
Son por lo menos nueve hechos diferentes los que enumeró el fiscal viedmense Juan Pedro Puntel, que incluyen abusos sexuales simples, con acceso, exhibiciones obscenas y de pornografía. En todos los casos, por distintas razones, el individuo quedaba a cargo del cuidado de las niñas. La calificación legal preliminar es la de abuso sexual gravemente ultrajante y exhibición de pornografia a menores de 13 años de edad.
Puntel requirió en la audiencia la prisión preventiva del sujeto porque en sus declaraciones las víctimas habían manifestado haber sido amenazadas, siendo esta una de las causas por las que no habían realizado antes la denuncia.
“Este es el elemento objetivo al entender que ninguna otra medida va a resguardar la investigación en la que le resta además tomar declaración a familiares en común que se verían amedrentados”, explicó.
Además, recordó que las víctimas son “mujeres que eran menores de edad al momento de los hechos por lo que deben ser especialmente resguardadas”. Esos fueron los argumentos admitidos por el juez Ignacio Gandolfi para disponer tal medida cautelar en los términos en que fue requerida por la Fiscalía.
Hasta el momento, el sustento probatorio incluye la denuncia de las hermanas víctimas, en la que además son testigos de muchos de los hechos; el resultado positivo de los allanamientos requeridos por la fiscal subrogante Mariela Coy, que se realizaron el miércoles en la vivienda del acusado en la que se secuestró material pornográfico.
Resta aún analizar material informático y receptar declaraciones testimoniales. Además, tomarán nuevas declaraciones a las víctimas para precisar los hechos y verificar la existencia de otras víctimas que fueron mencionadas.
Marta Ghianni es la defensora oficial del imputado, quien no manifestó objeciones ante la formulación de los hechos ni con el tiempo previsto para la investigación, aunque sugirió que la prisión preventiva sea menor al tiempo requerido ya que tenía arraigo al lugar en el que vive junto a su hija y su mujer.
