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Dos legisladores rionegrinos difundieron que uno de los policías sindicados de haber golpeado, presuntamente en forma feroz, a un joven en Viedma lo conocen como “el castigador”, quien “permanece en libertad debido a la decisión del juez que rechazó la solicitud de detención interpuesta por el fiscal”.
En un proyecto de declaración, los legisladores Marcelo Mango, ex ministro de Educación durante la breve gestión de Carlos Soria, y Carina Pita, detallaron que el domingo 11 de este mes, aproximadamente a las 19,30, el joven Carlos Daniel Blanco, de 22 años, fue “salvajemente golpeado por personal perteneciente a la Policía de Río Negro, en circunstancias que hasta el momento no han sido explicadas ni por los mandos de la fuerza de seguridad ni por las autoridades del poder político”.
Indicaron que, según el relato de los familiares e incluso de algunos ocasionales testigos, el joven fue interceptado en el barrio Lavalle de la ciudad de Viedma a pocas cuadras de su domicilio y en plena la vía pública, agentes de la policía le propinaron “una golpiza, a raíz de la cual sufrió la pérdida de algunas piezas dentarias, escoriaciones y traumatismos varios. Las evidencias han sido incorporadas al expediente mediante imágenes fotográficas, las que son de dominio público porque fueron difundidas por algunos medios de periodísticos”.
Luego de recibir los golpes, segú la versión de Mango y Pita, el joven fue alojado en la Comisaría Primera de la ciudad capital, donde permaneció detenido hasta el martes.
“La cédula de notificación de fecha 12 de diciembre, firmada por el oficial inspector Acuña, mediante la cual se pone en conocimiento de los familiares, refiere que el ciudadano CARLOS DANIEL BLANCO, de 22 años, se encuentra DETENIDO-COMUNICADO, en los asientos de la Comisaría 1º, en actuaciones judiciales que se instruyen en esta Unidad por el delito de: ‘ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD’, a disposición del Juzgado de Instrucción Nº II a/c Dr. MUSSI CARLOS, con asiento de sus funciones de esta ciudad”.
“Este tipo de hechos que tienen como principal protagonista a una institución del Estado, cuya misión es la prevención y la protección de la ciudadanía, pareciera ser el “modus operandis” del accionar de un sin número de agentes policiales, sobre todo en su relación con los adolescentes de los sectores más humildes de la sociedad”.
“Vemos con suma preocupación (apuntaron Pita y Mango) que este tipo de apremios, que de manera sistemática se vienen sucediendo a lo largo de toda la provincia, y que en algunos casos han llegado hasta la muerte, como lo ocurrido al ciudadano Santiago Sagredo quien murió dentro de un calabozo de la Comisaría 4ta. de Cipolletti, no sean abordados con la firmeza y decisión por parte del Gobierno para poner fin, de una buena vez, al autogobierno de la Policía rionegrina”.
“Por eso es que lamentamos las políticas de vaciamiento en derechos umanos que se ha profundizado en estos últimos meses en Río Negro. Muestra de ello es la inactividad en que está sumida la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura por decisión del bloque de Juntos Somos Río Negro, como así también la inexistencia del Comité contra la Tortura o la subejecución de palanes y programas que hacen a la defensa y promoción de los DDHH en todas las áreas del Estado”.
“Cientos de asesinatos que permanecen impunes, con el agravante que este año hemos asistido a un hecho sin precedentes en la historia provincial, como es el secuestro y asesinato del oficial de Policía Lucas Muñoz, requieren que los poderes del Estado, en pleno uso de las facultades legales y las responsabilidades políticas, trabajen en función de fortalecer el sistema democrático. Sin más dilaciones, el Gobierno debe reconocer que estamos ante una situación grave, una crisis institucional en términos de políticas de seguridad y de derechos humanos”.
