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En octubre del año pasado, dos mujeres denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de Bariloche que la ex-coordinadora del Consejo Escolar de esa ciudad, Marta Corvalán, las había incorporado para realizar trabajos de “porteras” en escuelas de su jurisdicción, sin ningún tipo de acto administrativo que avalara la relación de las trabajadoras con el Estado”.
Ayer, los legisladores rionegrinos Carina Isabel Pita y Marcelo Mango expresaron en un proyecto de comunicación al Ministerio de Educación y Derechos Humanos su preocupación que “personas responsables de mantener esquemas de poder que refuerzan las violencias de género, continúen ocupando cargos como funcionarias o funcionarios del Estado”.
Por eso, solicitaron se tomen las medidas correspondientes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Pita y Mango fundamentaron que “según informaciones de medios de prensa locales y provinciales, esa modalidad ilegal de realizar la cobertura de cargos de los servicios generales del sistema educativo provincial era conocida como “sistema de parches”, que consistía básicamente el pago por “día” o “semana”, con dinero en efectivo, sin entrega de recibos y efectuado en lugares no institucionales, como por ejemplo el Shopping Patagonia”.
“Quien se encargaba de instrumentar este sistema era Rudecindo Navarro, a la sazón el colaborador más directo de Marta Corvalan, cuyo “modus operandis” consistía en contactar a las mujeres, ofrecerles trabajo temporal, trasladarlas a las escuelas y pagarles entre 35 y 40 pesos la hora. Una vez que las mujeres accedían al “puesto”, Navarro las comenzaba a acosar enviándoles mensajes exigiendo favores sexuales a cambio de mantener el trabajo”.
“Era voz pópulis que este personaje, haciendo alarde de la protección e impunidad de las que gozaba, se hacía llamar “San Cayetano”.
“Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y el gremio ATE, acompañaron la presentación de la correspondiente denuncia ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria (UFAP). Otras víctimas del sistema de parches, se sumaron. En algunos casos, las mujeres denunciantes debieron sufrir la amenaza directa, por parte de funcionarios del área de Desarrollo Social, de estrecha relación con “San Cayetano”, quienes, armados según detallaron las víctimas, las amenazaron para que no se presenten ante la Justicia”.
“Ante la denuncia efectuada por las mujeres tomó intervención la Fiscalía de Investigación del Estado y la Defensoría del Pueblo de Bariloche. Además, la Comisión Pro Encuentro Nacional de Mujeres puso en conocimiento del gobernador Alberto Weretilneck, las situaciones a las que habían estado sometidas las mujeres trabajadoras.
“A raíz de la gravedad de los hechos denunciados y del impacto público que causaron en la sociedad, las autoridades rescindieron el contrato a Rudecindo Navarro, personal de Servicios Generales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la máxima representante de dicho Ministerio en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Marta Corvalán, quien no solo no asumió ninguna responsabilidad, sino que por el contrario, fue premiada por el gobernador Weretilneck porque la designó subsecretaria de Consejo Escolares pasando a integrar el equipo de funcionarios que acompaña a la Ministra de Educación y Derechos Humanos”.
“Hace pocos días, el Dr. Bernardo Campana, juez penal que entiende en la causa, denegó la petición realizada por el fiscal Guillermo Lista
para que se analizara el contenido de los mensajes y llamadas de los teléfonos de las víctimas y los imputados. De esta manera, se impide acceder a una de las pruebas fundamentales que podrían echar luz sobre el entramado de “trabajo para-estatal y de aprietes sexuales ejercidas” por Rudecindo Navarro, como así también la posible participación y/o encubrimiento desde otros estamentos del poder”.
“En conclusión, una vez más las mujeres que son violentadas por su condición de género y por estar necesitadas de un trabajo para poder sobrevivir, son revictimizadas por los poderes del Estado en vez de ser protegidas”.
“Si las autoridades responsables del Poder Ejecutivo otorgan un ascenso jerárquico a funcionarios involucrados en esquemas que reproducen la violencia de género, como es el caso de la hoy subsecretaria de Consejo Escolares Marta Corvalán y si el juez de la causa se niega a profundizar en la investigación, el mensaje que se está dando a la sociedad es que en esta provincia reina la impunidad”.
“El Poder Legislativo no puede ni debe permanecer en silencio ante lo que pareciera ser no solo una falta de voluntad política para avanzar en la lucha contra la violencia de género, sino también una falta de sensibilidad social pues estas mujeres, en general jóvenes madres solteras, pertenecen a sectores altamente vulnerables y desde esa condición buscan ganarse dignamente el sustento familiar”.
