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El agente fiscal de Viedma Guillermo González Sacco desestimó la denuncia que involucró a algunos directivos de la Escuela Industrial de Viedma sobre presuntas irregularidades administrativas en la Cooperadora y archivó las actuaciones a través de una resolución emitida el 19 de abril, pero difundida oficialmente el lunes pasado.
Como se trata del archivo de las actuaciones judiciales, masrionegro no publica las identidades de las personas involucradas en el caso.
Las actuaciones se iniciaron con una denuncia presentada por M. M. en la que expresó que es mamá de un alumno de la Escuela Industrial de Viedma CET N° 6 y que participaba en la Cooperadora de la misma desde el año 2015.
Manifestó que la directora de la Escuela, C. G. y el jefe general de Taller, L. O. le exigieron que cobrara los materiales utilizados en el área y que fueran comprados con fondos del Estado Nacional y Provincial.
Indicó que “en el traspaso de la Cooperadora estaba la carta del único integrante de la misma renunciando al cargo y reconociendo que no había podido ocuparse en el período 2013 a 2014. Que a mitad de año se había realizado un traspaso de dinero entre el jefe general y la directora por un importe de $10.225,83, de los cuales los gastos no fueron rendidos”.
Agregó que “en marzo la directora C. G. es sancionada con prohibición de ocupar por cinco años el cargo de directora por faltante de dinero en las cuentas de la escuela, razón por la cual ingresa J. C. Que el 20 de abril recibe de manos del nuevo director fotocopias en sobre abierto que debían ser remitidas al INET para justificar un subsidio, transcribiendo en la denuncia dicha nota”.
“Por dicha nota entregada a la Junta de Disciplina es suspendida la Cooperadora por el “equipo directivo”. En la puerta de la escuela es amenazada por el director C., a lo cual realizó una exposición en la Comisaría 34. Que la información de las boletas adulteradas llega al diario Río Negro, publicando una nota al respecto. Que el armario que tiene la Cooperadora, el cual estaba bajo llave, rejas y alarmas fue saqueado, teniendo acceso sólo el personal directivo”.
“Que se llevaron libros contables de años anteriores, comprobantes de compras, actualizaciones de scanner. Que M. C., vicedirectora retira el talonario de Cooperadora que tenía la concesionaria de la fotocopiadora sin autorización, reteniendo el mismo con dinero. Que junto a J. C. y A. M. realizan un acta en un libro sin foliar la suspensión de la Cooperadora”.
“Que iniciándose la investigación preliminar se solicita a la Cooperadora de la Escuela CET N° 6 remita libros de acta de reuniones de autoridades, planillas de caja, rendición de gastos, rendición de subsidios, así como también informe datos filiatorios de los integrantes de dicha cooperadora y el cargo que ocupa u ocupó cada integrante en los años 2014, 2015 y en el presente año”.
Por su parte, la Gerencia Administrativa del Poder Judicial informó que la Cooperadora de la Escuela CET N° 6 no funciona en la escuela por lo que no puede diligenciarse el oficio y que se requirió a la ministra de Educación, Mónica Esther Silva, informe si en el organismo a su cargo obra denuncia o trámite administrativo contra la Cooperadora de la Escuela Industrial CET N° 6 y en caso positivo informe el estado de dicho trámite.
Se consignó que obra respuesta del Ministerio de Educación en la que informan que la Cooperadora del CET N° 6 ha radicado denuncia contra la docente C. G. encontrándose dicho expediente en etapa preliminar.
“Atento las constancias colectadas en el expediente, existiendo investigación en el Ministerio de Educación y que del análisis de las constancias incorporadas al legajo, entiendo (dice el agente fiscal González Sacco) no contar con datos suficientes como para acreditar la autoría responsable del hecho criminoso puesto en conocimiento. Obsérvese que si bien mediante las actuaciones que encabezan la encuesta se han aportado datos que hacen presumir la existencia de un ilícito, lo cierto es que no se cuenta con elementos de cargo relevantes como para individualizar al autor y/o partícipes del hecho investigado y alcanzar así un grado de sospecha tal que permita formular requerimiento de instrucción”.
En consecuencia y a la luz de los argumentos expuestos, el referido funcionario judicial desestimó la denuncia y envió al archivo las actuaciones.
