Comunidad educativa de Río Chico Abajo sigue protesta por el cierre de la Escuela Rural

 

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 331, de Río Chico Abajo, en la Línea Sur, “resiste las políticas de ajuste del Gobierno provincial que, mediante el cierre de esta Escuela Rural, deja demostrado que se avanza sobre los sectores sociales más vulnerables”, señalaron miembros de la comisión directiva de la seccional de UnTER, dirigentes de Luz y Fuerza Ingeniero Jacobacci y ex combatientes de Malvinas, que acompañan el reclamo.

Se informó hace pocos días que visita a la escuela se realizó en el marco de los 43 años de la fundación de la UnTER y desde la comisión directiva de la seccional Jacobacci mencionaron que “se conmemoró la fecha reivindicando las banderas históricas de nuestro sindicato, en defensa de la escuela pública”.

Estuvieron Paola Loncón, secretaria general, y Raúl Sosa, quién además de ser parte de la conducción de la seccional es delegado del Departamento de Salud en la Zona Sur.

“La comunidad educativa permanece de manera pacífica en el establecimiento desde que el Ministerio de Educación definió el cierre de la Escuela Primaria Nº 331 de Río Chico Abajo, a través de la resolución Nº1799, del 21 de abril de 2017”.

Desde la seccional se expresó “el repudio al accionar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos porque el coordinador de Zona Sur I, José María Ramallo el 26 de junio amenazó a la comunidad educativa de realizar un desalojo, si es necesario, utilizando la fuerza pública, a fin de imponer la voluntad política de este Gobierno”.

La comisión del sindicato en Jacobacci apuntó que el funcionario “dejó incomunicada a toda la comunidad, procediendo al corte del servicio de internet, sin provisión de gas y de alimentos. Se perjudica así a las y los estudiantes de la modalidad adultos y a las alumnas Perla y Candela que al día de la fecha continúan sin escolarizarse por la decisión unilateral, vertical, insensible y avasallante del Ministerio a cargo de la ministra Silva”.

“Por eso concluimos que es responsabilidad del gobernador Alberto Weretilneck, de la ministra Mónica Silva y del coordinador José María Ramallo que las alumnas Perla y Candela y los adultos de la Escuela Nº 331 a partir del 21 de abril del año en curso, a través de la  resolución 1799/17 vean vulnerado el derecho social a la educación del que deben gozar todos los habitantes de nuestro país y el que debe garantizar el Estado provincial”.

“Las trabajadoras y los trabajadores de la educación de Jacobacci alertaron sobre la política de desarraigo y despojo que lleva adelante el gobierno, a fin de cerrar escuelas rurales de manera sistemática y en un claro avance sobre la posesión de la tierra para favorecer a las empresas mineras y su política extractivista”, concluyó el comunicado.

 

 

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