Más Río Negro Noticias de la Provincia de Río Negro
Artículos relacionados
Los legisladores del Frente para la Victoria denunciaron ayer “persecución judicial y abuso de poder” y en conferencia de prensa dieron a conocer los hechos y aseguraron que “se busca limitar la opinión disidente de los representantes del pueblo”. Señalaron a dos fiscales de Viedma.
Explicaron que “los sucesos se iniciaron con posterioridad a la advertencia pública que se hiciera sobre un posible pacto de impunidad, entre lo peor del Poder Judicial y el Gobierno provincial de JSRN”.
“A partir de allí, las reacciones desmedidas y los ataques personales, resultaron la prueba más evidente de que no estaban equivocadas aquellas voces ciudadanas, que con fundado temor, nos pedían levantar la voz contra la impunidad”.
“Ya nunca sabremos si aquella sentencia contra el ex juez Bernardi resultó cambiada. De lo que tenemos certeza es que nuestra crítica no fue inocua y menos aún inoportuna”.
“El presidente del Bloque FpV y un legislador resultaron denunciados por emitir una opinión política en el desempeño de nuestro cargo. La misma opinión política que lamentablemente comparten miles de rionegrinos, cansados de la impunidad en esta provincia.
Fuimos acusados, denunciados de modo ilegítimo y estamos siendo perseguidos por decir la verdad, la misma verdad que muchos saben pero tienen miedo de decir y ahora entendemos acabadamente por qué”.
“Pero no estamos acá para quejarnos de una denuncia absurda, que sólo revela ignorancia jurídica por parte de nuestros pares del oficialismo. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para hacer pública la denuncia penal, que todos los integrantes de este bloque legislativo presentaremos contra el agente fiscal Juan Pedro Puntel y el fiscal adjunto José Chirinos, ambos integrantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro.
“Estos dos funcionarios judiciales han cometido un claro abuso de poder contra un integrante de este bloque, han armado una causa penal de oficio, han citado a declarar por medio de la fuerza pública a un legislador, y finalmente, han interrogado judicialmente a ese legislador por manifestaciones políticas emitidas en el ejercicio de su mandato”.
“Por si fueran pocas las graves irregularidades cometidas, le han asignado a la carátula de la causa judicial que ellos armaron, el carácter de “supuesto denunciante” al mismo legislador cuya inmunidad parlamentaria violentaron.
Afortunadamente, nuestro compañero de bancada supo defender la garantía que la Constitución nos otorga para representar al pueblo: Nuestra voz, nuestra opinión, que debe estar libre de condicionamientos y persecuciones. Nuestras opiniones políticas por las que no debemos ser acusados, ni interrogados judicialmente y ni siquiera moldestados, tal como lo expresa la Constitución Provincial en su artículo 128”.
“Pero, el problema no está sólo en lo ocurrido, que sin lugar a dudas fue muy grave. El mayor problema es que tal como se revelara en ese acto irregular, existirían otras causas (ignoramos cuantas), de idénticas características, también iniciadas “de oficio” y donde se ignoran quienes serían los “supuestos denunciantes” y quienes los “supuestos denunciados”.
“Nuestra provincia no está ajena al contexto político-judicial que vive el país. Todos los días vemos noticias que dan cuenta de causas truchas, armadas con el sólo fin de justificar intervenciones telefónicas. La utilización del espionaje no es una novedad en esta provincia, no incluye sólo a dirigentes políticos, sino también a periodistas, sindicatos, dirigentes deportivos o sacerdotes. La novedad, la triste y penosa innovación, es que nunca habíamos asistido al armado de causas de oficio, que son precisamente de similares características a las que en Buenos Aires han servido para justificar “legalmente” el espionaje”.
“Por ese motivo los hemos convocado, no sólo para repudiar la persecución a nuestros compañeros de bancada, no sólo para anunciar la denuncia penal contra los dos funcionarios que vulneraron la inmunidad parlamentaria, sino fundamentalmente a alertar a todos los rionegrinos del temor de estar siendo espiados, o que se estén orquestando “supuestas causas judiciales” en nuestra contra”.
“Pese a ello, también decirles a rionegrinos: que nos censuraran, que seguiremos cumpliendo con nuestro deber como principal fuerza opositora. Controlando al gobierno y denunciando a los delincuentes, por más poder que crean tener.
Finalmente, al Poder Judicial le pedimos:
- que mejoren,
- que sean dignos de los cargos que ocupan,
- que no nos persigan por opinar lo mismo que el pueblo piensa de ustedes
- que no violen la Constitución y no cometan delitos
- que no consoliden la impunidad en la provincia
Señores jueces y fiscales: Hagan Justicia.-
Impiden el ingreso de Ramos Mejía y Rochas a la Legislatura
“En un hecho sin precedente el bloque JSRN, impidió el ingreso a la Legislatura rionegrina de los Legisladores del Frente para la Victoria, Alejandro Ramos Mejía y Nicolás Rochas, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales que sesionaba esta tarde con la finalidad de dar tratamiento a la ley orgánica del Poder Judicial y otras que se relacionan con el sistema de Justicia.
En ese momento estaba la orden de mantener cerradas las puertas de la Legislatura y ante reiterados pedidos para ingresar de los dos Legisladores que además son integrantes del Consejo de la Magistratura y de la Comisión Interpoderes de Seguimiento de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal no se lo permitieron.
Al respecto el presidente del bloque FPV Alejandro Marinao, expresó “apenas fuimos informados por nuestros legisladores de la privación de la que estaban siendo víctimas, requerimos al vicepresidente primero de la Legislatura que les garantice el acceso, pero al no dar curso al pedido de nuestro bloque tomamos la decisión de levantarnos de la reunión para no convalidar con nuestra presencia, el actuar ilegítimo que llevó adelante el oficialismo.
Además, desde la principal fuerza opositora, adelantaron que pedirán la nulidad de todo lo actuado en esa reunión por considerarla “ilegal e ilegítima”. Finalmente advirtieron que cuentan con una numerosa cantidad de testigos que certificarán el avallasamiento constitucional del que fueron víctimas”.
