En Río Negro buscan regular el comercio de metales no ferrosos. “Problemática delictiva”

 

El gobierno rionegrino quiere regular y controlar las actividades vinculadas con el acopio, comercialización y transporte de metales no ferrosos. El plan oficial busca frenar “la problemática delictiva vinculada al robo de estos materiales, principalmente cables de cobre, lo que genera grandes pérdidas económicas y afecta los servicios públicos”, aseguraron fuentes gubernamentales.

La propuesta -analizada desde el Ministerio de Seguridad y Justici- ofrecería “mayores herramientas a los actores implicados en la prevención de este delito”.

Oficialmente se admitió que en los últimos años se advirtió un incremento de las actuaciones judiciales relacionadas con la sustracción de materiales no ferrosos. “Como toda modalidad delictiva, responde a las condiciones generales que hacen propicia la misma. El valor del cobre es elevado por tratarse de un conductor de energía muy bueno, y esto conlleva a buscar el material en un mercado ilegal”, dijo una fuente de gobierno.

“Los servicios de electricidad y agua se han visto afectados en numerosas oportunidades por esta modalidad delictiva que genera serios perjuicios a todos los usuarios y a las empresas prestadoras. Además, el robo de cables de cobre o de medidores de agua (por el bronce) constituye un serio riesgo en materia de seguridad para los vecinos”.

El proyecto

La iniciativa establecería el deber de registrarse ante la autoridad de aplicación, para todos aquellos que, de forma principal o accesoria, permanente o eventual, se dedican al acopio de metales no ferrosos, o a su adquisición a título gratuito u oneroso, compraventa y transporte.

Para facilitar la trazabilidad en la comercialización de los metales no ferrosos, el proyecto prevé que los sujetos alcanzados deben registrar todas sus operaciones de adquisición, enajenación y transporte, consignando en cada operación el detalle sobre el origen y características de los metales, y su documentación de respaldo.

Además, otorgaría facultades de incumbencia específica a efectivos del Ministerio de Seguridad y Justicia, para exigir y fiscalizar el cumplimiento de esta futura ley.

 

Foto: Prensa Casa de Gobierno de RN

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