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La Procuración General del Poder Judicial consideró que el Superior Tribunal de Justicia deberá declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza N° 22/2021 de Chimpay que dispuso “la municipalización de la ruta nacional 22” en el tramo comprendido entre el kilómetro 1.045 y 1.050 (Valle Medio) y la colocación de letreros que indiquen adecuadamente zona urbana radarizada.
Así lo recomienda el dictamen 95/22 emitido el 21 de este mes.
El fiscal de Estado de Río Negro promovió demanda de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de Chimpay, a efecto de impugnar la ordenanza municipal N° 06/2020 dictada por el Concejo Deliberante de esa localidad que dispone la municipalización de la ruta nacional 22 en el tramo comprendido entre el kilómetro 1.045 y 1.050, así como la colocación de letreros sobre esa ruta nacional que indiquen adecuadamente zona urbana radarizada, entre otras cuestiones.
Señaló que esa ordenanza resulta violatoria de las disposiciones pertinentes de la Constitución Nacional, ley nacional 24449 y normas provinciales 5263 y 5379 y solicitó que el Superior Tribunal de Justicia declare inconstitucional la norma, aclarando que “el municipio no tiene competencia para ejercer poder de policía, control de tránsito y seguridad vial sobre el tramo de la ruta nacional 22 que atraviesa la comuna”.
Mediante sentencia interlocutoria nro. 2021-01-08 el Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación activa de la actora planteadas por el apoderado de la Municipalidad de Chimpay, y rechazar el recurso de reposición deducido por la parte demandada contra el auto interlocutorio N° 6/21 que habilitó la medida cautelar solicitada por la actora hasta que se resuelva el fondo planteado en la presente acción.
El 28/05/21 se presentó el apoderado de la Municipalidad de Chimpay acompañando la ordenanza N° 22/2021 de mayo de 2021, mediante la cual se deroga la ordenanza N° 06/2020 que dio origen a estas actuaciones. Por lo expuesto, solicitó se archiven las presentes actuaciones.
Por su parte, el apoderado estatal solicitó se rechace el pedido de archivo de las actuaciones y se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ordenanza N° 22/2021, juntamente con la ordenanza 06/2020, con costas.
Indicó que se mantiene el interés de la provincia de obtener una declaración judicial de inconstitucionalidad de la ordenanza 06/2020, toda vez que la derogación que se denuncia es solo aparente porque no avanza en fundamentos materiales y sustanciales que hagan suponer que la pretendida municipalización de la ruta nacional 22 ha finalizado.
