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Lo que para muchos podría significar un ruido extremadamente molesto, para una joven rionegrina resultó ser una verdadera melodía. A sus 35 años M. escuchó por primera vez los ruidos de la calle y de los autos. Ella es hipoacúsica y gracias a sus primeros audífonos pudo comenzar a oir. De cómo hacer valer los derechos y qué función tienen en ello las Defensorías Públicas Civiles se trata esta nota.
Ese día M. llegó a su lugar de trabajo y “se quedó escuchando los ruidos en la calle, el ruido del agua en una cascada que encontró en el camino, los autos”, así lo detalló su empleadora y así lo transmitió.
Es hipoacúsica y hace años se encontraba inmersa en trámites ante obras sociales en la búsqueda de que le proveyeran audífonos. En ese contexto llegó a la Defensoría oficial de Derechos económicos, sociales y culturales de la Primera Circunscripción Judicial para buscar asesoramiento legal.
“Lo primero que se hizo desde acá – explican desde el organismo – es enmarcar el requerimiento en la Convención de las personas con discapacidad y el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales a partir de lo cual se iniciaron gestiones administrativas extra judiciales ante el Consejo provincial de personas con discapacidad”.
“A ellos se los intimó para que tomaran las acciones pertinentes que permitieran la provisión de audífonos, yendo a la raíz del tema, procurando que se le de cumplimiento a la obligación de hacer efectivo los derechos de las personas con discapacidad. La nota estaba efectuada en términos de intimación, previendo un posible amparo en caso de respuesta negativa”.
“Dimos al silencio valor de negativa, si no obteníamos respuesta quedaba abierta la posibilidad de la vía judicial”, enfatizaron.
No obstante, desde la Defensoría oficial destacan que el Consejo fue diligente a la hora de responder, requirió el cumplimiento de ciertos requisitos administrativos y se facilitaron los mecanismos para poder avanzar. “En ese trayecto también acompañamos a la mujer para que pueda cumplimentarlo”.
Hoy, M. fue a trabajar y su empleadora le transmitió a las referentes de la Defensoras oficial la emoción de una persona que por primera vez experimenta reacciones nuevas. “Para ella significa mucho. Aunque sabemos que llega tarde y desgasta, llega”, dijeron con una posición crítica y agradecida.
Para agilizar esos tiempos extensos, la Defensa Pública civil propicia la gestión el trabajo en instancias previas al proceso judicial que evitan la exposición de los y las ciudadanas a éstos, pudiendo arbitrar medios que acerquen a las partes a los organismos administrativos estatales. Así en el marco de una labor interinstitucional se acortan tiempos procesales, garantizando la satisfacción de los derechos. “Son esos procesos que después no se ven reflejados bajo un título en nuestras propias estadísticas, que implican gestiones previas instadas para resolver ágilmente derechos insatisfechos”, destacó la titular del organismo Dolores Crespo.
Existen en todo el territorio provincial cuatro Unidades de Defensa de Derechos económicos, sociales y culturales especialmente dedicadas a los derechos humanos socioeconómicos relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud y la educación. Estos se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH) desarrollándose su protección en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
DEFENSA PUBLICA / VIEDMA
Foto ilustrativa, como corresponde al caso presentado
