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A raíz de una denuncia penal presentada en la Justicia de Río Negro por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el fiscal interviniente de la UFT 6 de Bariloche, Facundo Dapice, solicitó orden de allanamiento en un establecimiento ganadero de la localidad de El Caín, distante 90 km al Sur de Maquinchao, en la Línea Sur, donde a principios de agosto apareció un ejemplar de la especie cóndor andino sin vida.
El procedimiento lo dispuso el juez de garantías Sergio Pichetto y fue llevado adelante por personal policial de la Comisaría 25 de Maquinchao y del Destacamento 148 de El Caín. Intervino además personal del Gabinete Criminalístico de Los Menucos y de la Dirección de Fauna Silvestre y de Áreas Naturales Protegidas de la provincia.
En el lugar se encontró la sustancia carbofuran (prohibida por resolución N° 263 de SENASA en 2018), misma sustancia que causó la muerte del Cóndor monitoreado satelitalmente, por el PCCA (Programa Conservación Cóndor Andino) que lleva adelante liberaciones de la especie en el marco del proyecto, en las sierras de Pailemán, en el lado Este de la Meseta de Somuncurá, desde el año 2003, fortaleciendo la presencia de un importante carroñero en el ecosistema, especie que se encuentra amenazada en cuanto su número poblacional en la naturaleza.
El uso de cebos tóxicos es una práctica utilizada en muchos lugares de la Región Sur para combatir pumas y zorros, lo que representa un peligro para la salud humana al momento de manipular estas sustancias y por su persistencia en el ambiente, contaminando el suelo, el agua y el aire.
Las especies de aves y mamíferos de hábitos carroñeros, mueren en forma instantánea al consumir estos cebos tóxicos, con un efecto devastador en toda la cadena trófica y el ecosistema, perdiendo así importantes servicios ambientales que brindan estas especies, en el caso de las carroñeras, limpiando los campos de focos infecciosos y en el caso de carnívoros y aves rapaces, el control de las poblaciones de roedores, por ejemplo.
El uso de cebos tóxicos es un delito penal encuadrado dentro de los delitos contra la salud pública, la matanza de animales silvestres, no autorizada por la autoridad jurisdiccional correspondiente, es un delito en el marco de la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre N° 22421 y una infracción a la ley provincial Q N° 2056, que prevé severas multas.
Fuente: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro
