Defraudación del gremio legislativo de Río Negro. El Estado recuperará $36.000.000

 

Once imputados acordaron devolver $36.000.000 por la defraudación en el Fondo de Viviendas. Alejandro Gatica deberá ceder seis terrenos antes de diciembre, cotizados en 150 mil dólares.

El Estado provincial de Río Negro recuperará 36 millones de pesos -incluyendo 11 lotes en Viedma- con las restituciones acordadas -judicialmente- con los 11 imputados en la defraudación de recursos públicos del Fondo de Viviendas de los empleados legislativos rionegrinos.

El último acuerdo, modificado recientemente, corresponde al ex secretario general de APEL, Alejando Gatica, que cumplirá con la exigencia de abonar 15 millones, a partir de la cesión de seis lotes en la Capital provincial.

Anteriormente, otros entendimientos habían fijado restituciones de diez imputados más, cinco empleados públicos y cinco privados, con 10,3 millones en efectivo y el resto en inmuebles.

Se trata de las irregularidades detectadas en el Fondo que administraba APEL y originado en aportes del Estado para viviendas a los legislativos. La acusación original identificó varias maniobras y estimó -en el año 2020- el perjuicio, entre el 2010 y 2014, en más de 38 millones pesos y 170.000 dólares.

En acuerdos y condenas distintas, once imputados -incluyendo Gatica- aceptaron abonar al Estado frente a las causas penales y la posibilidad de la prisión.

Cinco privados ya cedieron -entre diciembre y marzo- cinco lotes, con una valuación de 10,5 millones y otros cinco agentes públicos aceptaron devolver a la provincia dinero en efectivo -con descuentos de sus haberes, hasta en tres años- que van desde 90.000 a 21.000 pesos mensuales. Estas obligaciones totalizan casi 10,3 millones.

En los últimos días Gatica confirmó que entregará seis terrenos, valuados en 150 mil dólares. La transferencia se debe cumplir antes de diciembre. El incumplimiento del gremialista -por segunda vez- podría derivar en la ejecución de la condena a prisión de tres años, actualmente de cumplimiento en suspenso.

La semana pasada, la jueza de Ejecución Penal, Shirley González formalizó un nuevo acuerdo después que el titular de APEL incumpliera inicialmente con la cesión de cinco lotes en un barrio cerrado de Viedma, a partir de la sentencia de agosto pasado, firmada por el juez Marcelo Álvarez. Se le fijó tres años de prisión en suspenso por “el delito de administración infiel y abuso en perjuicio de la defraudación pública” y se estableció pautas de conductas, entre ellas, “abonar 15 millones al Estado provincial”, que lo podía cumplir con la cesión de cinco lotes, ofrecidos en la audiencia de debate.

Esa transferencia no se cumplió por problemas de titularizaciones, por lo cual, la Justicia volvió sobre el tema y la defensa de Gatica, a cargo de Damián Torres, propuso ceder otros inmuebles. Tras las negociaciones con la Fiscalía de Estado y del Ministerio Público, el ofrecimiento acordado es de seis inmuebles, ubicados en Giacchino y ruta provincial 1, en el ingreso al barrio Lavalle.

Frente a la experiencia inicial, se precisaron plazos de la transferencia entonces la jueza aceptó lo acordado, fijando que Gatica debe entregar los seis lotes ofrecidos, con una “cesión de derechos dentro de los 10 días” (en el transcurso de mayo) y la formalización de todas las escrituras dentro de siete meses (en la primera quincena de diciembre). Este cumplimiento se dará con estos plazos: dos lotes se deben escriturar en favor de la provincia a los tres meses; otros dos a los cinco meses y el último par a los siete meses.

Por su parte, la magistrada reafirma que “el condenado Gatica mantendrá la obligación de los 15 millones ya que “la misma forma parte de las reglas impuestas oportunamente en la sentencia” y que esa suma “debe abonarse en caso de no concretarse, por cualquier motivo, la transferencia de los lotes ofrecidos”. Se tendrá que efectivizar en “un plazo de dos meses a partir del vencimiento de las obligaciones asumidas por el condenado”.

“El Estado tiene que recuperar la plata que le robaron”.

Gastón Pérez Estevan, fiscal de Estado.

El fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, explicó que “la idea fijada” en el organismo por la causa penal del Fondo de Viviendas fue que “el Estado tiene que recuperar la plata que le robaron”, considerando que la prisión es otro gasto estatal y no hay recuperación.

En la situación de Gatica, la Fiscalía fue actora principal aunque no acordó con los entendimientos de restitución en los imputados privados. El funcionario resaltó que el Estado, en esos casos, avanzó en demandas civiles. Aclaró que Gatica tiene alcance de juicio del Tribunal de Cuentas porque “es funcionario público” (agente estatal).

“El Estado tiene que recuperar la plata que le robaron. Esa fue la idea de la Fiscalía en la causa penal, que tiene el condicionamiento (de la prisión) basada en la entrega de los lotes y la devolución de la plata mal habida y que pertenece a las arcas públicas”. Explicó que el “control de esa pena corresponde a la Justicia de Ejecución”, pero ese órgano ya adelantó su pedido de efectivizar la prisión si hay incumplimiento.

Texto: diario Río Negro, agencia Viedma

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