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Un sujeto fue condenado a 11 años de prisión por un homicidio ocurrido en Villa Regina, tras un acuerdo que reflejó el consentimiento de la Fiscalía, la defensa, el imputado y los familiares de la víctima.
Como coautor del homicidio de Juan Carlos Gigante, ocurrido entre la mañana del 28 y la mañana del 29 de septiembre de 2019 en la vivienda de la víctima, el imputado Maximiliano Silva aceptó íntegramente su responsabilidad y luego la pena propuesta por la Fiscalía. Cuando el Tribunal de Juicio dictó su sentencia, las partes renunciaron a los plazos procesales para interponer recursos, por lo que la condena quedó firme automáticamente y la prisión preventiva que cumplía el imputado se convirtió en cumplimiento efectivo de la pena, en el Establecimiento Penal 2 de Roca.
De acuerdo con la acusación, el imputado, acompañado por otra persona, violentó la puerta de la casa de la víctima y ambos ingresaron al domicilio. Allí, tras mantener una discusión, le provocaron al hombre múltiples heridas contusas y punzo cortantes que derivaron en una hemorragia y en su posterior muerte. Y previo a retirarse de la vivienda, le sustrajeron un teléfono celular.
En el marco del primer acuerdo al que arribaron la Fiscalía y la defensa, el hecho fue recalificado como “homicidio simple, violación de domicilio y hurto, en concurso real”, responsabilizando al acusado en calidad de coautor.
Las huellas del imputado en la casa de la víctima fueron un elemento clave para la investigación, junto con los informes que presentó la División Judicial de Investigaciones de Villa Regina, el resultado de los allanamientos realizados, los aportes de la División Policía Científica de Río Grande, las declaraciones testimoniales y los informes de la OITEL sobre los teléfonos celulares de los involucrados, entre otras evidencias.
La Fiscalía informó en la audiencia que los hijos de la víctima prestaron su expreso consentimiento para poner fin al conflicto en los términos del acuerdo. También el imputado, luego de ser informado por el presidente del Tribunal de Juicio sobre los alcances e implicancias del mismo, manifestó su conformidad y aceptó lisa y llanamente su culpabilidad.
Así el Tribunal, por mayoría, admitió el acuerdo sobre los hechos y la calificación legal y declaró la culpabilidad de Silva en el homicidio. Tras eso, el pasado 15 de octubre se realizó la segunda etapa del juicio: la audiencia de cesura para definir el monto de la pena que correspondía aplicar. En esa instancia la Fiscalía solicitó una condena de 11 años de prisión efectiva y la propuesta fue aceptada expresamente por el acusado y por su abogado defensor.
“La pena solicitada por la Fiscalía en la presente causa, la que cuenta con la conformidad de los familiares de la víctima, también se encuentra ajustada a derecho y por lo tanto debe ser aceptada. Ello así por los argumentos que expuso el representante del Ministerio Público y por corresponder a la escala punitiva aplicable al caso.
Además su pretensión contó con la adhesión de la defensa. Destacó especialmente el reconocimiento de responsabilidad por parte de imputado; que se trata de personas aún joven, su escaso grado de educación y las restantes pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, mencionadas por las partes”, concluyó el Tribunal en su voto mayoritario.
Prisión preventiva para acusado de homicidio en Cipolletti
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía acusó al imputado por el crimen de Héctor Rafael Fernández por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y solicitó la prisión preventiva del mismo. La jueza que intervino en la audiencia concedió la medida cautelar.
El hecho investigado ocurrió el sábado 17 de octubre alrededor de las 18:15 horas cuando la víctima circulaba en una motocicleta en cercanías de Venezuela al 1200 de Cipolletti. En esas circunstancias, el acusado desde la vereda de su domicilio habría disparado en varias oportunidades contra el fallecido, impactando un proyectil en su espalda. Producto de esas heridas, Fernández habría caído de su motocicleta a unos 150 metros del lugar del ataque produciéndose su deceso pocos minutos después.
La calificación legal del caso es homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma, delito que prevé penas que comienzan desde los diez años y ocho meses de cárcel.
Entre las principales evidencias, el fiscal mencionó distintos testimonios que sustentan su teoría del caso mencionando que existió un conflicto previo entre los dos involucrados en el hecho. Alrededor de las 16 horas se habría dado una primera discusión entre la víctima y el imputado, pero una hora más tarde, un grupo de personas se habría hecho presente en la casa del acusado produciendo importantes daños en dos vehículos estacionados en el frente de la vivienda. El crimen tendría como posible motivación este conflicto previo.
Si bien la defensa no mostró objeciones formales al hecho ni a la calificación legal, adelantó que su representado brindó una versión de descargo distinta a la acusación fiscal y que se trabajará para corroborar la misma.
El imputado cuenta con antecedentes penales computables y por la calificación legal del caso, en caso de recaer condena la misma sería indefectiblemente de cumplimiento efectivo. Actualmente cumplía una pena de prisión efectiva con modalidad domiciliaria por una afección de salud que mantenía al momento de ser condenado y dentro de unos días su situación de salud debía ser nuevamente controlada para determinar cómo continuaría su modalidad detención.
Además de solicitar que la prisión preventiva se cumpla en una comisaría o en un establecimiento penal, el fiscal solicitó que el examen de salud se realice en lo inmediato para saber si actualmente puede afrontar la medida cautelar en una cárcel.
La defensa oficial a cargo de la asistencia técnica del acusado no cuestionó el dictado de la prisión preventiva pero si su modalidad. Mencionó que su representado presenta un cuadro de salud grave, consecuencia de heridas traumáticas que afectaron el sistema respiratorio del mismo. “Tiene un pulmón perforado e insuficiencia respiratoria, el riesgo de vida es concreto”, expresó. Para limitar la posibilidad de que el imputado entorpezca la investigación ofreció el cumplimiento de la prisión domiciliaria en otra residencia, alejado del lugar del hecho.
La jueza de Garantías que intervino en la audiencia hizo lugar al planteo de la fiscalía y dictó la prisión preventiva en una comisaría hasta que estén dadas las condiciones para el ingreso a un establecimiento penal.
“La conducta que ha tenido el acusado en el cumplimento de la condena en modalidad domiciliaria debió ser fundamento suficiente para no verse involucrado en ningún conflicto, también para no portar armas y mucho menos para usarlas para agredir a otra persona”, sostuvo la magistrada. Agregó que la conducta del mismo indica su tendencia a no cumplir con pautas elementales de conducta demuestra que si el acusado recupera la libertad podría entorpecer la investigación. La defensa hizo reserva de interponer recurso de revisión a la medida cautelar.
Un detenido por homicidio con arma de fuego
Las primeras medidas de investigación por un crimen ocurrido en Cipolletti, permitieron a la Fiscalía ordenar la detención de un individuo mayor de edad. La formulación de cargos se solicitaría en las próximas horas.
Héctor Rafael Fernández, de 32 años, falleció producto de las heridas recibidas durante un ataque con arma de fuego.
Según indicaron testigos de lo sucedido, la víctima se movilizaría en una motocicleta en inmediaciones de José Hernández y Venezuela, circunstancias en las que se habría cruzado en el sospechoso y este le habría disparado en varias oportunidades, provocándole la muerte.
Se investiga además, si hubo una discusión el mismo día del ataque entre la víctima y el sospechoso.
En las próximas horas la Fiscalía solicitará la correspondiente formulación de cargos en la cual se expondrá la acusación y la evidencia recolectada hasta el momento.
Producto del hecho también resultó herido un niño que pese a las heridas sufridas se encuentra en buen estado de salud.
Fuente: Poder Judicial de Río Negro
