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El Ministerio Público Fiscal intervino y logró que, de forma pacífica, quedara desalojado un predio ubicado en calle 10 y Namuncurá, detrás de una cancha de fútbol del barrio San Francisco IV de la ciudad de Bariloche. El lote, que se encuentra preadjudicado a 95 familias para la construcción de sus viviendas, fue ocupado el domingo pasado.
El desalojo inmediato fue solicitado por la Fiscalía con el objetivo de lograr hacer cesar el delito y evitar la consolidación de la ocupación ilegal. El pedido se realizó en el marco de una audiencia de formulación de cargos en la que se imputó el delito de usurpación por despojo a 14 personas presentes en la sala y 3 mediante plataforma zoom.
Haciendo lugar a todo lo requerido por el Ministerio Público, el juez que tuvo por formulados los cargos, dispuso el desalojo y determinó la inmediata restitución del lote a sus poseedores legales dictando como medida cautelar la prohibición de los imputados de acercarse al lugar.
El procedimiento en el lugar contó con la presencia del fiscal del caso y el fiscal adjunto que trabajaron junto a personal del COER y de la Policía de Río Negro. La mayoría de los ocupantes anoticiados de la medida dispuesta del desalojo, lo hicieron por su propia voluntad y de manera pacífica.
El grupo de personas había ingresado al lugar el domingo 18 de octubre, en horario nocturno y aprovechando la ausencia de sus cuidadores “con la evidente finalidad de introducirse al mismo a resguardo de ser descubiertos. En el lugar levantaron carpas cubiertas con toldos de nylon negros”.
“Con este accionar, habiéndose instalado, despojaron del derecho real de posesión al Sindicato ALEARA conformados por los trabajadores de juegos de azar y se negaron a irse del lugar materializando así el acto violento sin dejar opción a los poseedores ni a la Policía”.
Agregaron los fiscales que “obraron con clandestinidad ya que habían estado previamente en el lugar el mismo día, desde las 9 am hasta las 19.30 horas aproximadamente, cuando se retiraron de manera voluntaria. Todo ello después de haber dialogado con personal policial, del Instituto de Tierras, de la Municipalidad y de la Fiscalía interviniente que arribó al predio”.
“A la hora 21, ya sin luz solar, y aprovechando que ellos mismos habían acordado con la Policía, la Fiscalía y funcionarios del municipio que no iban a regresar al lugar por lo cual el mismo había quedado sin resguardo alguno, retornaron, se instalaron y se negaron a retirarse con la deliberada intención de ingresar a espaldas de quienes podían oponerse a ello”, finalizó la acusación.
Disponen desalojo de terreno usurpado en Viedma
Se llevó a cabo esta semana una nueva audiencia por la usurpación de tierras en el primer kilómetro de la ruta provincial 1. Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, se dispuso el desalojo de las tres personas imputadas, en un plazo de 72 horas a partir de la firmeza de la resolución cautelar.
El juez de la audiencia es Adrián Dvorzak, la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, el abogado defensor Diego Sacchetti y el representante de la querella. Además, estuvieron presentes Mario Sánchez y Andrés Fredes, en representación de las áreas sociales del municipio y de la provincia, respectivamente.
Inicialmente, el juez consultó si habían avanzado en algún acuerdo con los organismos proteccionales. Previamente, se había establecido un plazo para buscar una solución alternativa. Al ser negativa la respuesta, la fiscal solicitó el desalojo.
El abogado defensor dijo que en la toma había muchas más personas por lo que los tres imputados no tenían un grado de representación con las demás. Afirmó que se oponía al desalojo y lo enmarcó en el contexto de una problemática social.
La fiscal, en tanto, reiteró que correspondía el desalojo argumentando que las tres personas “están ocupando, aunque haya más”. Dijo que para tomar esta medida cautelar se cumplían todos los recaudos establecidos en la ley. “Hay un riesgo inminente de que se siga avanzando, que estén ahí ayuda a que se sumen más personas”, aseguró.
Recordó que hubo muchas medidas previas: mediaciones en Fiscalía, luego formulación de cargos, se les dio plazo, que posteriormente se amplió, y “no han cambiado su postura. Llevamos más de tres meses en que las víctimas han sido desapoderadas. Este conflicto es social y lo debe solucionar el “Estado, pero no con bienes de particulares”.
A la hora de resolver, el juez dijo que debían tenerse en cuenta las leyes vigentes. “Tuvimos plazos suficientes, tuvimos plazos razonables, participó el Estado”, recordó. Aseguró que el artículo 118 del Código Procesal Penal de Río Negro habla del peligro de demora y dijo que se realizaron distintas audiencias, se escuchó a las partes, se dio intervención al Estado, por lo que “no me queda otra que dictar el desalojo de los lotes”. Esa medida deberá ser ejecutada por el Ministerio Público Fiscal, con la intervención de las áreas sociales y la Senaf.
Recordó que el desalojo deberá incluir solo a las tres personas que les formularon cargos, independientemente que hubiera más en la toma. “Las demás tiene el mismo derecho a ser escuchadas y atravesar un proceso penal”, dijo.
Finalmente, dispuso que el desalojo no puede ser en condiciones climáticas adversas y debe evitarse la nocturnidad y recomendó la no utilización de la violencia. Finalmente, recordó que como toda medida puede ser apelada por las partes.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Río Negro
