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En materia de política de recursos humanos, el Estado rionegrino avanzará el próximo año en el desarrollo integrado del legajo electrónico, expediente electrónico, liquidador de sueldos y repositorio único, que ya fue implementado en más de 10 organismos del Ejecutivo provincial y se planea el funcionamiento total durante 2020.
También apuntará a la implementación de la carrera administrativa prevista por la Ley 3.487, simulaciones para la creación del nomenclador de puestos, con sus niveles
respectivos y su inclusión en el organigrama respetando las unidades organizativas y pautas definidas en aquella norma legal.
Funcionamiento del reglamento de control de ausentismo para la toma de decisiones referidas a medidas correctivas correspondientes, profundización y mejora del procedimiento de publicación de vacantes y el proceso de contratación de empleados dentro del Poder Ejecutivo y las empresas
del Estado, permitiendo “una mayor eficiencia e igualdad de oportunidades en el ingreso a la función pública”.
A partir de la sanción de la Ley 5.354 y del decreto reglamentario 703/19, se inició el proceso de ingreso a planta permanente de 3.060 agentes temporarios, que comenzó con la adhesión de los postulantes y este mes continua con el proceso de evaluación para acreditar la idoneidad para el puesto.
Se prevé el ingreso efectivo a la planta permanente de los agentes que reúnan todos los requisitos exigidos por la citada ley en el transcurso del año 2020.
Por otra parte, fuentes oficiales aseguraron que se han arbitrado los medios necesarios para garantizar el cumplimiento del artículo18 de la Ley D N°2055, contemplado la recomendación de la Defensoría del Pueblo, instruyendo a las áreas de recursos humanos de los distintos organismos públicos provinciales para que se cumpla el cupo laboral para personas con discapacidad en el ámbito de la administración pública provincial.
La normativa provincial se inscribe en “un amplio repertorio de normas internacionales tendientes a la protección de las personas con discapacidad a cuyo cumplimiento se ha comprometido nuestro país. “En cumplimiento, se garantizan reservas de puestos de trabajo para ser exclusivamente ocupados por personas con discapacidad, en una proporción no inferior al cuatro por ciento de las incorporaciones anuales de personal, cualquiera sea la modalidad de contratación.
De dicho cupo, es obligatoria la incorporación efectiva del
treinta por ciento, respetando la igualdad en el acceso a todos los agrupamientos de los escalafones respectivos, e igualdad de género y sin distinciones de ningún tipo.
