Exhumación del genocidio mapuche en Río Negro. “Antigua, dolorosa e irresuelta cuestión”

 

Una jugarreta múltiple del calendario, tal vez más allá de la voluntad de sus protagonistas, se ha conjugado para diseñar un conjunto de cuestiones que tienen tangencialidades políticas en Río Negro, porque atraviesan verticalmente la antigua, dolorosa e irresuelta cuestión mapuche después de más de un siglo de olvido e hipocresías y la fusionan con tópicos de innegable actualidad.

Ese diagnóstico debe ser incluido en la reciente desaparición del artesano Santiago Maldonado, oriundo de El Bolsón, su repercusión nacional, la ligazón que se quiso hacer con el controvertido grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y las declaraciones del senador Miguel Pichetto durante una conferencia brindada en la Ciudad de Buenos Aires, donde aludió en forma directa a ese grupo militante de reivindicaciones indígenas.

A esta realidad hay que sumarle ahora  la decisión del Parlamento Mapuche, reunido en Jacobacci hace varios días, que resolvió en sus deliberaciones declarar persona no grata al senador Miguel Ángel Pichetto, por ligar al RAM  y/o sus integrantes con la guerrilla peruana de Sendero Luminoso y calificarlos de proto montoneros, decisión que se dio a conocer a través de uno de sus principales miembros, el lonco (jefe), Ignacio Prafil, difundida por distintos medios. Prafil consideró además en forma personal que la RAM “es un invento de los servicios”.

En esa misma reunión, los representantes de las distintas comunidades de la provincia resolvieron sumar sus firmas y aprobar el contenido de  un proyecto de ley, elaborado entre otros por  el Grupo de  Pueblos Indígenas (CIPE) y del Centro Interdisciplinario sobre Derechos, Inserción Social y Sociedad (CIEDES), de la Universidad Nacional de Río Negro, entre ellos el sociólogo y antropólogo Juan Serrano, de responsabilizar “al gobierno de Río Negro por el delito de genocidio” cometidos por las fuerzas militares que intervinieron en la denominada “Campaña al Desierto”, en 1879, en el territorio de la hoy provincia.

Según el punto de vista de quien firma esta columna, el referido proyecto presenta un flanco débil, un verdadero Talón de Aquiles, ya que tanto la decisión de enviar la expedición militar a la frontera del río Negro, como la reserva de los cuantiosos fondos para implementar esa operación que significó movilizar a más 6 mil hombres, y su complicada logística, fueron decisiones adoptadas por el superior gobierno desde Buenos Aires y aprobadas por leyes del Congreso de la Nación.

Además, es sabido que el gobierno del Territorio de la Patagonia con su primer gobernador Álvaro Barros en 1878, sólo puede mencionarse como una referencia formalmente jurisdiccional y las administraciones del Territorio Nacional del Río Negro después, a partir de 1884 con el general  Lorenzo Winter, ejercieron hasta la provincialización en 1955 potestades mínimas y delegadas por el poder central, como si fueran “protectorados” de segunda categoría.

De estas consideraciones surge la categórica imposibilidad de pretender imputar al gobierno rionegrino contemporáneo responsabilidad alguna sobre el delito que se le reclama y que la Legislatura de la provincia  pudiera hipotéticamente reconocer tal pretensión, aunque esos hechos hubieran sucedido en su territorio para una operación militar que fuera dispuesta unilateralmente desde el asiento del poder central en Buenos Aires y los altos mandos castrenses y aprobada por un Congreso donde Río Negro carecía de representantes en ambas Cámaras por ser estados de democracias restringidas.

La denominada campaña al desierto es uno de los capítulos controvertidos del pretérito argentino. Sus críticos se muestra irreductibles en sus fines y resultados “in totum”, mientras otras opiniones niegan el genocidio y rescatan la llegada del ejército a la frontera del río Negro como una medida estratégica del gobierno  para afianzar la soberanía en la Patagonia que consideraban amenazada por las aspiraciones chilenas. Esta situación recién fue superada en 1899 por el tratado suscrito por los presidentes Roca-Errázuriz en el estrecho de Magallanes.

Este proyecto de ley elaborado por los equipos universitarios nombrados es muy breve en su texto, pero irá acompañado por una profusa documentación, especialmente de autores enrolados en la línea revisionista del tema, que pone su acento en las matanzas de indígenas por las tropas nacionales y la disgregación de los integrantes de las familias, una vez producida la rendición de las tribus que finalizaron recién en 1884.

El referido proyecto de ley será elevado a la Legislatura provincial una vez que se puedan sumar a su texto el tres por ciento de las firmas del padrón electoral como se establece para que tengan viabilidad estos proyectos que provienen de la iniciativa popular.

 

Por Omar Nelson Livigni- Periodista de Viedma

 

FOTO CAMPAÑA DEL DESIERTO AÑO 1879

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