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El 6 de julio, dos personas provenientes de Trelew llegaron a inmediaciones de un barrio de Viedma luego de haber acordado la compra de un automóvil. Una vez en el lugar, las víctimas fueron abordadas y les sustrajeron una importante suma de dinero.
Ahora, el fiscal Guillermo González Sacco presentó la prueba que utilizará para demostrar que los dos acusados –un hombre y una mujer- por el robo agravado perpetrado en el marco de una falsa negociación de compra pactada por Facebook, son los responsables del hecho producido
Días después de la acción delictiva, a partir de un trabajo de investigación previo, agentes de la Brigada de investigaciones simularon una compra ficticia y pactaron un nuevo encuentro, procedimiento a través del cual pudieron aprehender a los dos imputados: un hombre y una mujer.
González Sacco adelantó que pedirá para la mujer la pena de 7 años de prisión por considerarla coautora del robo agravado por el uso de arma de fuego; mientras que para el hombre, la cantidad de años ascenderá a 11 porque le suma al delito la portación de arma de uso de guerra, que tenía en su poder en el momento en que ambos fueron detenidos a partir de la compra fraudulenta, el 12 de julio.
Considerando esa pretensión punitiva, una jueza de Viedma adelantó no sólo que el caso está en condiciones de ser llevado a juicio dando apertura a tal instancia, sino que serán tres los jueces que lo encabecen. Además, haciendo lugar al pedido de la Fiscalía, prorrogó por un mes más la prisión preventiva de los acusados, previendo el inicio del debate antes de un nuevo vencimiento.
El Ministerio Público Fiscal detalló, entre los elementos que sustentan la acusación, el testimonio de 12 personas entre ellos los damnificados, los referentes de la Brigada que intervinieron en la investigación y de la Oficina de Investigación en Telecomunicación que llevaron adelante el análisis de teléfonos celulares y redes. Además, comparecerán los agentes policiales que intervinieron en ambos hechos.
La audiencia incluyó el pedido de nulidad efectuado por el abogado de los imputados que consideró que la persecución fue encubierta y no se respetaron garantías constitucionales a la hora de la detención. El abogado intentó además que sea morigerada la calificación para la mujer que, según dijo, no utilizó arma alguna.
No obstante, haciendo lugar a los argumentos de la Fiscalía, la jueza desestimó tales planteos considerando que en el procedimiento de detención habían participado los referentes del Juzgado de Instrucción a cargo de la causa, además de la Fiscalía y que el uso de arma será un elemento que se dirima en el debate.
