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Un decreto del Gobierno de Río Negro emitido el 25 de agosto y oficialmente difundido el jueves pasado, pretende priorizar “un refuerzo a la protección dominial en manos de extranjeros en el cordón cordillerano”. Se redujo el límite de hectáreas pasibles de ser adquiridas por personas humanas o jurídicas foráneas. En Bariloche, 100 hectáreas; en el Oeste, Norte y Este de la provincia, 10.000 hectáreas; y en la Línea Sur, 15.000.
La ley nacional N° 26.737 establece el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales y el decreto rionegrino 1154 fija para la zona Andina un máximo de 100 hectáreas.
El artículo décimo la ley nacional 26.737establece que “las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial.
Esa superficie equivalente será determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales previsto en el artículo 16 de la Ley N° 26.737, atendiendo a los siguientes parámetros:
La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren.
La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación.
A su vez, el decreto nacional N° 820/16, modificatorio del 274/12, prevé en su artículo cuarto: “Sustitúyese el artículo 10 del anexo I del decreto N° 274/12, por el siguiente: (…) 10.2. Al momento de determinar las equivalencias, deberán ser tenidos en cuenta los siguientes criterios: el uso y la productividad relativa de los suelos, el clima, el valor paisajístico de los ambientes, el valor social y cultural del territorio, como así también el valor ambiental comprensivo de la biodiversidad, biomasa, servicios ambientales y los demás recursos naturales involucrados, particularizando municipios, departamentos y provincias.
Además, se tendrán en cuenta los distintos tipos de explotación que puedan darse a dichas tierras rurales.
“La provincia de Río Negro se encuentra entre las de mayor dimensión territorial del país”.
A los fines de adecuar las equivalencias propuestas mediante decretos N° 991/13 y 1610/13 al vigente marco normativo corresponde determinar rubros productivos primordiales, dividiendo el territorio en parámetros que tengan en cuenta no sólo factores ecológicos homogéneos sino también delimitaciones basadas en el ordenamiento político provincial que permitan una eficaz aplicación de los límites previstos.
“Resulta esencial priorizar un refuerzo a la protección dominial en manos de extranjeros en el cordón cordillerano, extendiendo el límite geográfico previsto en los decretos previamente individualizados, a los efectos de proteger una región caracterizada por la multiplicidad de enclaves de alto valor ecosistémico.
“Lo dicho encuentra fundamento no sólo en los parámetros normativos nacionales, sino también en una política pública provincial orientada al cuidado especial de su riqueza paisajística”.
“Los servicios ambientales y recursos naturales implicados en otras regiones de la provincia requieren de una especial tutela, equilibrando los mismos con los posibles destinos productivos a aplicarse en dichas zonas rurales”.
“Corresponde readecuar las equivalencias previstas, reduciendo el límite de hectáreas pasibles de ser adquiridas por personas humanas o jurídicas foráneas”.
“Corresponde balancear la protección de la tierra como recurso estratégico natural elemental con el apoyo a emprendimientos productivos que generen puestos de trabajo, inversiones de envergadura y que resulten de especial interés”.
En los Departamentos General Roca, Pichi Mahuida, General Conesa, Adolfo Alsina, Ñorquinco, Avellaneda y Pilcaniyeu el máximo son 10.000 hectáreas; en 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy, Valcheta y San Antonio, 15.000 hectáreas; y en Bariloche, 100 hectáreas.
