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El 15 de julio, una pareja habría colaborado con el intento de fuga de un recluso de la Unidad Penal 1 de Viedma, utilizando un carrito de bebé, y ahora la mujer deberá realizar en forma obligatoria 150 horas de trabajo comunitario.
Ayer jueves, al mediodía, se realizó la audiencia judicial por el hecho. La situación fue descubierta por personal de Servicio Penitenciario antes de que pudiera lograrse la evasión y en las últimas horas comenzó a resolverse la causa con la suspensión de juicio a prueba para uno de sus protagonistas: una mujer.
Se explicó oficialmente que el favorecimiento de evasión es un delito que contempla penas bajas y, en la gran mayoría de los casos, de cumplimiento condicional Por ello, se adopta para estos casos la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba que implica una responsabilidad para el acusado de cumplir las pautas fijadas y, en caso de hacerlo, se extingue la acción penal. Esta posibilidad sólo se otorga a personas que no cuenten con antecedentes penales.
El fiscal Juan Pedro Peralta y el defensor penal Pedro Vega acordaron las pautas de conducta que deberá cumplir la mujer, concedidas finalmente por el juez de Garantía Carlos Mussi, mientras que el sujeto que la acompañaba en el intento de fuga asistirá a una audiencia similar que ya fue fijada por la Oficina Judicial para el 24 de este mes a las 10.
En este caso, la Fiscalía y la Defensa Pública acordaron que la mujer debe fijar un domicilio que no puede abandonar sin autorización previa, someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados y realizar 150 horas de trabajo comunitario en alguna institución estatal o de bien público.
En caso de no contar con ningún espacio para ello, la mujer deberá asistir de forma obligatoria a 150 horas cátedra en alguno de los cursos de oficio impartidos por la institución que, con dicha finalidad, funciona en la capital provincial dependiente del Ministerio de Educación.
En este sentido, el fiscal Juan Pedro Peralta destacó que en un reciente encuentro provincial del Ministerio de Seguridad del que participó acompañado por José Chirinos, adjunto de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública y Violencia Institucional, hicieron hincapié en el fortalecimiento de la terminalidad educativa como pauta de conducta.
“De esta forma se favorecerá la reinserción social de aquellas personas que cometan delitos considerados de bajo impacto, permitiendo que la Justicia, tal como se sostiene en el nuevo Código sea un elemento que contribuya al restablecimiento de la paz social”.
