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“A veces, nos encontramos con que (adultos mayores) han sido despojados de sus casas por sus propios hijos o nos comentan que quien les cobraba la jubilación ya no es de su confianza o a veces no tienen DNI. Estos planteos, dependiendo de su pertinencia, son atendidos por nosotros o hacemos la derivación correspondiente”.
Así explicó Sandra Benito, defensora de Menores e Incapaces, que junto a Celeste Vicente, responsable de la oficina de Servicio Social de la General Roca realizaron esta semana visitas a hogares de ancianos de la localidad de Huergo, en el Alto Valle.
En esa localidad, las dos funcionarias judiciales recorrieron tres hogares que en total suman 51 adultos mayores. “En este caso no surgió ninguna situación de vulnerabilidad. Chequeamos en los legajos de las instituciones los nombres de cada uno, si reciben visitas, quién los va a a ver, si sus necesidades están asistidas por el grupo familiar, si les llevan ropa, medicamentos, si hacen salidas. También nos fijamos qué obra social tienen, si son jubilados, si tienen pensión”, enumeró Celeste Vicente.
Por su parte, Benito explicó que “las visitas a los geriátricos están pautadas cada tres meses, se observan las condiciones de habitabilidad, la licencia comercial, que no estén vulnerados los derechos de los adultos mayores, esto es: su higiene, su vestimenta, su alimentación”. La defensora agregó que “se observa si las personas no están medicadas en exceso, ni sujetadas a las camas, y charlamos con ellos”.
Se busca desde el Ministerio Público de la Defensa “prever que los derechos de estas personas no estén vulnerados, que no se agrave la situación que de por si tienen”.
