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Legisladores del FpV presentaron el jueves un proyecto de resolución para que se convoque al recinto al ministro de Desarrollo Social de Río Negro, Fabián Galli, ante situaciones “que desnudan gran déficit en la gestión del organismo a su cargo, como también evidencias situaciones de manejo electoral, reñidas con la ética en la función pública”. Señalaron que “hay un estado convulsivo” en el Ministerio.
Los legisladores de la oposición procuran que se someta a votación en la próxima sesión este requerimiento, debiéndose fijar fecha de la sesión especial y notificar al Poder Ejecutivo de Río Negro para que comparezca al recinto el ministro Galli.
El requerimiento fue formalizado por los legisladores Alejandro Ramos Mejia, Alejandro Marinao, Nicolás Rochás, Marcelo Mango y Marta Bizzotto
“Hemos de advertir que la solicitud que se cursa encuentra su origen en la delicada situación que atraviesa la cartera a cargo del mentado ministro. Ello en base a circunstancias que no pueden entenderse novedosas, sino que tienen concatenados sucesos de cierta antigüedad”.
Agregaron: “Circunstancia que se ve particularmente agravada en tiempos recientes donde han acaecido eventos que desnudan gran déficit en la gestión del Ministerio, como también evidencias situaciones de manejo electoral de la cartera, reñidas con la ética en la función pública”.
“Se debe reseñar que desde el pasado año 2016 se ha señalado a Galli como aportante de fondos públicos a fiestas de fin de año, se han mantenido ocupaciones de las delegaciones del Ministerio en Roca y Bariloche, ínterin y en muestra de la situación con el personal que atraviesa el ministro, se produjeron renuncias de los delegados, de diferentes técnicos y de personal en general, lo que termina por graficar el estado convulsivo del Ministerio”.
“Cronológicamente más próximo en el tiempo (y con gran repercusión pública), en la localidad de Ingeniero Jacobacci en circunstancias y de modo previo a la elección de concejales municipales en esa localidad (de fecha 14.05.2017), se despachó en condiciones poco claras un cargamento de asistencia, que aparentemente se encontraba destinado a la lista que candidateaba a JSRN y que a la postre y por errores logísticos terminó en manos del intendente municipal, Carlos Toro, quien denunció la situación como una maniobra electoral”.
“Ello concluyó con una denuncia de la Fiscalía de investigaciones Administrativas, FIA S/ Investigación de supuesto uso electoral de bienes del Estado, Ministerio de Desarrollo Social). A pesar de las sendas desmentidas del ministro, hasta del día de la fecha no hay explicación sobre la sugerente remesa de bienes estatales de modo previo a la elección del día 14.05.2017”.
“Por último se conoció la respuesta que Galli le dio al intendente de Jacobacci, Carlos Toro, quien al solicitarle ayuda por las fuertes nevadas recibió como respuesta del ministro que “ustedes tienen buena relación con el diputado Wisky, pídansela a él”, ello conforme las publicaciones periodísticas del diario Río Negro, siguiendo con un indeseable escenario de contrapuntos con el intendente de la localidad más importante de la Línea Sur”.
“Ahora bien, a dichas circunstancias que ya tienen entidad y gravedad suficientes, se suma la denuncia pública dentro de la órbita del Poder Judicial, donde las juezas de Familia de Bariloche han denunciado que “las intervenciones del personal del Ministerio de Desarrollo Social en las cuestiones que por ley le corresponden son casi nulas”. Agregaron que “a diario tienen que cursar intimaciones para el abordaje de situaciones de niños, niñas y adolescentes en riesgo y que las intervenciones en materia de violencia familiar son prácticamente inexistentes”.
Amplían destacando que “quienes se encontraban desempeñando funciones jerárquicas en los distintos dispositivos han renunciado” y que a fines de mayo “el equipo de Guardia del Sistema de Abordaje Territorial, que -entre otras funciones- realizaba las guardias en la Comisaría de la mujer, diagramadas en conjunto con este último organismo a los fines de brindar contención a las víctimas y hacer una primera evaluación de riesgo, ha dejado de prestar dicho servicio (…)la ausencia de ese Ministerio en la efectivización de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y las leyes 26.061 y 4109”.
Concluyeron los legisladores que “de dicha situación se ha hecho eco el propio STJ, que remitió nota 28/17 al Ministerio, dando cuenta de la situación acusada en la localidad cordillerana”.
