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El gobernador Weretilneck aseguró que “el aumento desmesurado de la cantidad de juicios (laborales) ha contribuido a un incremento de las alícuotas que necesariamente afecta la competitividad empresarial y conspira contra la generación de trabajo decente y de calidad”.
Así lo consignó en un proyecto, con acuerdo de ministros, que propicia la adhesión de la provincia de Río Negro a una parte de la Ley N° 27.348, complementaria de la norma de riesgos del trabajo, publicada en el boletín oficial de la Nación el 24 de febrero de este año.
Weretilneck explicó que el sistema de riesgos de trabajo, creado por la Ley N° 24.557 y luego modificado y complementado por la Ley N° 26.773 y otras normas de diversa jerarquía, vino a “consagrar la obligación de ejercer las acciones necesarias para lograr una eficaz prevención de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, otorgando una plena cobertura a todos los trabajadores en relación de dependencia en el país, respecto de esas contingencias”.
Agregó: “Sin embargo, tal progreso social no fue obstáculo para que numerosos pronunciamientos judiciales pusieran en evidencia diversas falencias y debilidades del plexo normativo, dado que no cumplía debidamente las premisas necesarias para que resulte constitucionalmente inobjetable la federalización de los procedimientos que se imponen; y, en tal sentido, diversos fallos han cuestionado la ausencia de voluntad expresa de las provincias de ceder a la jurisdicción administrativa nacional las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 46, inciso 1), de la Ley N° 24.557”.
Consideró que “esa situación ha generalizado el concepto que la reparación de los infortunios laborales quedara enmarcada en una relación de derecho privado entre el trabajador siniestrado, su empleador y la respectiva aseguradora de riesgos, lo que ha provocado que la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo sean reclamadas a través de demandas que evitan la obligatoria intervención previa de las comisiones médicas jurisdiccionales”.
Señaló que “el desmedido crecimiento de aquella litigiosidad ha venido a colocar en riesgo cierto e inminente de colapso a todo el sistema, con el consiguiente perjuicio a los trabajadores que puedan ser afectados por las contingencias cubiertas por el referido marco legal”.
