Justicia de Río Negro: ¿Qué pasa cuando el abusador es del entorno de la víctima?

 

La Oficina de Atención a la Víctima del Delito (OFAVI), de Cipolletti, interviene en distintos tipos de casos de abuso sexual que se denuncian. El trabajo consiste en brindar acompañamiento, contención, información y asesoramiento a las víctimas del delito durante todo el proceso penal.

En ese contexto, asiste a los niños, niñas y adolescentes en las diferentes etapas del proceso judicial y específicamente en la evaluación de sus posibilidades para atravesar la instancia testimonial. En la gran mayoría de los casos, las víctimas son menores de edad y una parte importante de ellos se cometen en un ámbito de confianza entre ellos y sus ofensores.

La OFAVI de la IV Circunscripción está integrada por la licenciada en Trabajo social, Cristina Geymonat, la psicóloga Natalia Prospitti y la psicopedagoga María Laura Ruiz.

Según las especialistas, la conformación interdisciplinaria del equipo enriquece la labor cotidiana debido a que cada una presenta una formación específica, no obstante lo cual se trabaja para abordar las situaciones de abuso sexual infantil bajo un mismo marco teórico y una estrategia en común.

“La OFAVI toma intervención en todas las situaciones de abuso”, explicó Geymonat y destacó que gran parte de la función que cumplen tiene que ver con brindar contención a los niños, niñas y adolescentes que concretamente sufrieron el hecho, pero principalmente aportar herramientas de fortalecimiento a los adultos referentes de estos últimos.

Por su parte, Prospitti aclaró que si bien la Oficina de Atención a la Víctima no realiza un tratamiento terapéutico, brinda un espacio de escucha, contención y trabaja a través de evaluaciones e informes sobre las posibilidades de las víctimas de atravesar el proceso judicial.

Así, realizan evaluaciones para sugerir a la Fiscalía si los mismos están en condiciones de atravesar una declaración a través del dispositivo de Cámara Gesell aportando información sobre cómo es el mecanismo de declaración, teniendo en cuenta sus competencias lingüísticas, capacidad de atención, estado emocional y las posibilidades que tienen de relatar lo sucedido.

Estas evaluaciones se hacen a través de entrevistas diagnósticas en las cuales las profesionales, mediante técnicas específicas de su profesión, detectan determinados rasgos que permiten conocer el estado en el que encuentra el menor y a partir de allí evaluar la conveniencia o no de participar de un acto procesal.

“En general, la respuesta a nuestro trabajo es positiva porque a las familias les parece importante y valioso el espacio de contención que se brinda”, expresó Ruiz. En este sentido, expuso que la contención familiar es fundamental para poder afrontar e intentar atravesar de la mejor manera estas situaciones.

“Si una víctima no se siente segura no puede contar lo que le pasó”, sostuvieron las profesionales al respecto. A su vez, si se tiene en cuenta que una gran parte de los casos que atienden se dan en un marco de familiaridad o de confianza entre la víctima y el imputado, lo anterior se torna mucho más difícil.

¿Que pasa cuando el abusador es del entorno de la víctima?

Las integrantes del equipo interdisciplinario sostuvieron que de los casos de abusos que atienden una gran parte se dan en contexto de familiaridad. Aunque de por sí, una situación de abuso ya es impactante para cualquier persona, las consecuencias suelen ser muy profundas cuando las víctimas son niños que se encuentran en etapa de desarrollo físico y psíquico.

Las profesionales advirtieron que ningún niño está preparado para sufrir algún tipo de conducta sexual con un adulto, pero que el impacto suele ser mucho mayor cuando el adulto que comete el acto es familiar o mantiene una cierta confianza con el núcleo de la víctima por ser familiar cercano o amigo de la familia.

El trabajo es constante en este sentido y llevó a que, durante el primer trimestre judicial del año, se solicitara la elevación a juicio de 31 casos de delitos contra la integridad sexual, donde en prácticamente todos los casos, la víctimas fueron menores de edad.

Se recuerda que el año judicial comienza el primero de febrero, por este motivo, teniendo en cuenta lo anterior y realizando un recuento de los hechos elevados a juicio por semana, se alcanzó durante este periodo la suma de entre dos y tres casos por cada siete días.

Respecto de los datos reseñados, la fiscal Rita Lucía destacó el trabajo del equipo del Ministerio Público Fiscal y advirtió que estos resultados fueron posibles gracias a la distribución de las fiscalías en unidades fiscales temáticas especializadas en determinados tipos de delitos.

 

 

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