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“Alejandro Gatica compró a título personal nueve parcelas de tierra en Bahía San Blas a una persona que no acreditó derecho alguno sobre ellas y, en cambio, actuó en mandato de otra inexistente según los datos de identidad brindados”, señaló el fiscal viedmense Juan Puntel en el amplio informe que complementa el requerimiento a indagatoria del secretario general de la Asociación Personal Empleados Legislativos, desde hace más de 30 años.
El pedido de citación a indagatoria incluye a Stella Maris Sale, secretaria de Finanzas, por la causa que investiga 11 diferentes presuntas maniobras defraudatorias efectuadas contra el Estado rionegrino, según el extenso informe judicial difundido el viernes pasado.
Se detallan en el documento que “las diversas maniobras defraudatorias fueron efectuadas entre los años 2010 y 2014, con el dinero correspondiente al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Personal Legislativo creado por resolución 04/2010 del Parlamento rionegrino”.
Uno de los aspectos describe posibles irregularidades en operaciones inmobiliarias.
“Se adquirieron de forma irregular -omitiendo la Ley de Administración Financiera y decretos reglamentarios- los siguientes lotes:
– Uno en las Grutas valuado en $308.000 y adquirido al Municipio de San Antonio sin convocatoria de precios, ni informar a la Comisión Directiva e incumpliendo la obligación de construir en él.
– Dos en el Balneario El Cóndor por $114.000 a una persona que no acreditó vínculo jurídico con el inmueble ni razonabilidad del precio y omitiendo concurso de precios.
– Alejandro Gatica compró a título personal nueve parcelas de tierra en Bahía San Blas a una persona que no acreditó derecho alguno sobre ellas y en cambio, actuó en mandato de otra inexistente según los datos de identidad brindados. Además existe información contrapuesta entre las parcelas y los datos referentes a ellas que constan en la documentación. Esta operación no fue certificada ni sellada.
– En Viedma enajenaron dos manzanas por un monto de $1.188.000. Tres años después, en 2015, otro de los imputados adquirió en $1.300.000 un inmueble situado en dichas tierras. Esta operación fue celebrada con personas que no acreditaron vínculo jurídico sobre el inmueble, ni precio en relación a los valores de mercado.
– 138 parcelas se adquirieron por $8.781.900, monto que implicó notorio sobreprecio en perjuicio del Estado Provincial a una sociedad comercial que las había comprado pocos días antes por 5.602.500 pesos. El inmueble, a su vez había sido vendido por sus originales dueños en una suma incierta pero ostensiblemente menor. La sociedad integrada por familiares de Gatica, fue creada para generar retorno al círculo familiar y fue inscripta de forma posterior a estas maniobras comerciales.
– Un inmueble de 20 hectáreas fue comprado por una suma superior a los 15 millones de pesos, implicando ello un notorio sobreprecio ya que había sido adquirido en fecha contemporánea a $8.833.200, pero había sido vendido a 590.000 por los originales propietarios.
- De forma irregular se contrató a una empresa para que realice tareas de limpieza en un loteo sin el debido contrato, ni proyectos y certificados de avance entre otra documentación requerida. Para justificar dichos trabajos la empresa entregó iguales recibos en fotocopias.
- Se utilizaron fondos con destinos no autorizados como la compra de divisas extranjeras, sin conocerse fehacientemente al día de la fecha la existencia de dichos dólares o el destino dado a los mismos.
- Se abrieron y utilizaron cuentas bancarias no oficiales que dificultaron el control y registro de los fondos.
- Para la adjudicación de terrenos no se cumplió el procedimiento formal. No se determinó el listado de empleados inscriptos, no se publicaron edictos previos, no hay recibos oficiales por las cobranzas, se vendieron –incluso más de un terreno- a personas ajenas a los organismos violentándose de esta forma la naturaleza y finalidad del destino específico de los fondos.
- APEL pagó deudas anteriores a la creación del fondo sin autorización ni control de su legalidad.
- Se adquirieron bienes en un corralón de esta ciudad en provecho propio o de terceros con dinero perteneciente al mencionado Fondo.
- Se contrató irregularmente a profesionales sin licitación pública (artículo 7 del anexo resolución 4/2010)”.
