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Por Fabian Rossi, Mejor Informado
En un contexto de crisis para Alcalis de la Patagonia (Alpat), el gobierno de Río Negro confirmó un apoyo financiero de más de 3 millones de dólares, distribuido en cinco meses, con el objetivo de garantizar la continuidad de la producción y evitar despidos en la planta ubicada en San Antonio, en el Golfo San Matías, el mismo lugar por donde está prevista que salga al mundo la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta.
Alpat, perteneciente al Grupo Indalo del pólémico empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Souza, es la única gran fuente de empleo en San Antonio Oeste. Con unos 400 empleos directos y más de 1.000 indirectos, su estabilidad es fundamental para la comunidad. La crisis se profundizó debido al incremento del costo del gas natural y la caída en las ventas de carbonato de sodio, afectadas por la apertura a la importación desde China.
El gobierno provincial estableció un acuerdo por la paz social, mediante el cual la empresa garantiza que no habrá despidos y los gremios evitarán medidas de fuerza. No obstante, el sindicato de químicos (SPIQYP) sigue expectante sobre la normalización de los pagos salariales, que hasta ahora se han realizado de manera fragmentada.
El respaldo estatal provendrá de los fondos de la renegociación petrolera, en línea con un programa de apoyo a empresas en crisis para sostener sus puestos de trabajo. El ministro de Gobierno y Trabajo, Fabián Gatti, señaló que la asistencia permitirá intervenir ante situaciones de crisis social y económica para proteger el empleo.
El aporte será de 617 mil dólares mensuales, equivalentes a más de 710 millones de pesos según la última cotización. En total, la asistencia alcanzará los 3.548 millones de pesos en cinco meses.
Ayuda a una empresa en crisis permanente
A pesar de esta ayuda, la crisis de Alpat sigue siendo estructural. En marzo, la empresa presentó un plan de crisis evidenciando una marcada caída en sus ventas, lo que motivó la intervención del gobierno provincial y la firma del acuerdo de paz social, recientemente vencido.
Como parte de sus estrategias, la firma lanzó un plan de retiros voluntarios, con indemnización y un adicional que aumenta según las cuotas aceptadas. Si bien la reducción esperada es de cerca del 20% del personal, la cantidad de inscripciones ha sido baja, lo que obligó a extender el plazo por tres semanas.
A la par, se iniciaron negociaciones para modificar los convenios colectivos de trabajo, un pedido de la empresa para adaptarse al nuevo escenario económico. Mientras tanto, la discusión sigue abierta sobre la viabilidad futura de la planta, fundamental no solo para San Antonio Oeste, sino para la actividad industrial en el Golfo San Matías, un punto clave para la exportación de hidrocarburos de Vaca Muerta.
Publicado por iProfesional
Cristóbal López y Fabián De Sousa dejan de ser socios
Si bien mantendrían el holding fundado en 1999, ambos empresarios se habrían repartido sus activos para gestionarlos de manera independiente
Los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, decidieron separar los negocios que venían gestionando de manera conjunta bajo el paraguas de este conglomerado que agrupa a empresas de diversos sectores.
De esta forma, el holding, que nació en 1999 cuando el primero de los dos hombres de negocios comenzó a integrar sus diversas empresas en una sola sociedad, podría convertirse solamente en una especie de “cáscara” societaria a partir de la decisión de ambos hombres de negocios de manejar sus activos de manera separada.
En este proceso, Cristóbal López reemplazará a Fabián De Sousa en el control de los medios de comunicación que se agrupan a partir del canal de noticias C5N y de Radio 10, pero que también incluye al medio digital Ámbito Financiero y el Buenos Aires Herald, Minutouno y las FM Mega, POP, ONE y Vale.
Se trata del segmento actualmente más rentable dentro de los diferentes negocios que ambos empresarios venían gestionando en conjunto ya que el resto de las actividades productivas del holding se encuentran atravesando escenarios de conflicto y situaciones complicadas a raíz del contexto económico del país.
Hasta ahora, De Sousa se había hecho cargo del conglomerado de medios de comunicación y de otros segmentos puntuales, mientras que Cristóbal López actuaba “desde las sombras” en casi todas las decisiones tomadas en Indalo.
Cristóbal López y Fabián de Sousa: del salvataje a la separación
Si bien De Sousa no respondió a las consultas de iProfesional y voceros del grupo dijeron no tener información sobre el tema, fuentes cercanas a los dos empresarios admitieron a iProfesional la existencia de lo que llamaron “el divorcio del año”.
Otras fuentes aseguran que el Grupo Indalo se mantendrá operativo y que Cristóbal López seguirá controlando el 70% del capital, mientras que el 30% restante se mantendrá a cargo de Fabián De Sousa, quien durante los últimos años fue el verdadero mandamás en el holding no solo teniendo a cargo los medios de Indalo, sino también la mayoría de los otros negocios.
De hecho, el socio de Cristóbal López fue quien logró encaminar el salvataje de Oil Combustibles, la sociedad que fue considerada como la “nave insignia” del holding hasta que el ex presidente Mauricio Macri ordenó perseguir a ambos empresarios para terminar con el grupo al que consideraba como una “pantalla” para los negocios del kirchnerismo.
Por entonces, las acusaciones contra ambos empresarios aseguraban que la expansión de Indalo se apalancó con una millonaria evasión impositiva en contra de la ex AFIP a partir del no pago del llamado impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) por algo más de $8.000 millones.
Según la denuncia, Indalo utilizaba esos fondos para la compra de empresas de todo tipo, lo cual les valió a los empresarios pasar algún tiempo tras las rejas hasta que fueron absueltos, en el marco de una causa que debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Grupo Indalo: un mega holding cuestionado
En sus años de esplendor, el Grupo Indalo llegó a facturar alrededor de $17.500 millones, poseer activos por más de $30.000 millones, emplear de manera directa a más de 3.000 personas y generar empleo indirecto a otras 10.000 familias.
Caratulado tradicionalmente como uno de los grupos empresarios afines al kirchnerismo, a fines del 2023 se sumó a las empresas asociadas a la UIA a través de su controlada Alcalis de la Patagonia (Alpat), la única productora de carbonato de sodio de América del Sur que en la actualidad atraviesa por fuertes dificultades económicas generadas, mayormente por la apertura de las importaciones de ese insumo.
La empresa cuenta con 400 empleados entre sus cuatro centros operativos, con una planta productiva en San Antonio Oeste; una cantera y otra planta de trituración en Aguada Cecilio, Río Negro; una salina en El Gualicho y oficinas en Buenos Aires y, hasta que cayó en desgracia, era considerada como la empresa más pujante desde que el grupo decidió relanzar sus negocios, tras haber recuperado sus activos en el 2022, luego del proceso judicial.
Aquellas demandas generaron que todas las empresas del Grupo Indalo sufrieran problemas judiciales, atraso en el pago de sueldos; acumulación de deudas impositivas y previsionales y hasta una fuerte desvalorización y desguace de activos.
Con los fallos judiciales favorables y el final de las causas, De Sousa se ocupó de rescatar a Oil Combustibles tras la presentación y aceptación de un plan para el pago de la millonaria deuda acumulada por la empresa mediante un procedimiento judicial que se conoce como avenimiento y por el cual las partes involucradas en una causa ponen fin a la disputa homologando un acuerdo, con calidad de cosa juzgada.
Dicho procedimiento fue autorizado por la justicia el 11 de agosto del 2021, luego de haber obtenido el respaldo de más del 98% de los acreedores, entre los que figuraban bancos, siderúrgicas, petroleras y entes públicos como la AFIP.
Apostar al litio
De ese modo, desarticularon la quiebra y recuperaron el control sobre Oil Combustibles, petrolera que a su vez era el principal accionista de todas las empresas que López y De Sousa controlaban bajo el paraguas del Grupo Indalo.
Con el escenario judicial ya despejado, los empresarios encararon un esquema de negocios que actualmente gira en torno a las empresas dedicadas a la oferta de servicios petroleros como Oil M&s E&P; Oil M&S; FEADAR; Petrolera Cerro Negro; Tsuyoi y Serna.
También, a la industria de la construcción en el que Indalo participaba con Esuvial y CPC Constructora, que fueron afectadas por las causas judiciales, al punto que se les rescindieron los contratos y las concesiones que operaban como la de la autopista Ezeiza Cañuelas.
En el caso de Alpat, la apuesta para su recuperación pasa por el estratégico sector del litio, desde su planta de San Antonio Oeste, en Río Negro, a partir de la venta de 100 toneladas a una empresa minera de Salta.
En la empresa saben que el carbonato de sodio es un insumo clave para las primeras etapas de la producción de carbonato de litio, requerido a nivel internacional para la fabricación de baterías, por lo cual se quieren volcar a ampliarse más allá de la industria del vidrio para sumar negocios en el mercado del litio.
La novedad se observa en el segmento de desarrollo inmobiliario, donde apuntan a incursionar con un agresivo plan en las áreas hoteleras y construcción de barrios y viviendas en varias zonas de Capital Federal y provincia de Buenos Aires como también en las localidades de Bariloche; Rada Tilly; Comodoro Rivadavia; Salta; Calafate, entre otras.
Legisladores de Río Negro quieren conocer un informe oficial de Alpat
Al Señor
Presidente de la Legislatura
Provincia de Río Negro
Prof. Pedro Pesatti
SU DESPACHO
De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud en mi carácter de legisladora provincial, a fin de ejercer la facultad prevista en el artículo 139 inciso 5) de la Constitución Provincial, reglamentado por la ley K Nº 2216, a efectos de solicitarle gestione ante el Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y Secretaría de Energía de la provincia, el siguiente Pedido de Informe.
Autora: Gabriela Picotti
Acompañantes: Juan Martín, Claudio Doctorovich, Ofelia Stupenengo, Juan Murillo Ongaro, Martina Valeria Lacour, Maria Laura Frei.
Antecedentes
En los últimos días, trascendió públicamente que el Gobierno de la provincia de Río Negro se encuentra analizando la posibilidad de brindar una asistencia económica a la empresa Álcalis de la Patagonia S.A. (ALPAT), con el objetivo de sostener la actividad de su planta industrial en San Antonio Oeste. Según informó el diario Río Negro, esta ayuda se estaría evaluando para garantizar la continuidad productiva de la planta de carbonato de sodio que allí opera[1].
En este contexto, y considerando la situación económica actual de la provincia, creemos indispensable contar con información precisa y oficial sobre la naturaleza y el alcance de dicho posible aporte. La transparencia en la administración de los recursos públicos es un principio ineludible del sistema republicano, especialmente cuando se trata de asignaciones extraordinarias a actores privados. La ciudadanía espera que sus representantes actúen con responsabilidad y que toda decisión gubernamental esté acompañada por fundamentos técnicos, económicos y jurídicos sólidos.
Es clave, por lo tanto, que el Poder Ejecutivo aclare si se trata de una asistencia reembolsable, como un préstamo con condiciones específicas, o si estamos ante un subsidio de carácter no retornable. En cualquiera de los casos, corresponde conocer cuál será el monto solicitado, si ya ha sido formalizado, y de qué partida presupuestaria se preverá su erogación. Este punto es crucial para poder dimensionar el impacto fiscal de la medida y determinar si se encuentra prevista en el presupuesto vigente o si requerirá modificaciones.
También reviste especial importancia saber si la empresa ha definido el destino de los fondos: si serán utilizados para cubrir sueldos, hacer frente a deudas, mantener operativa la planta o realizar inversiones. Hasta ahora, ni la empresa ni el Ejecutivo han informado públicamente en qué se usaría ese dinero, ni qué compromisos asumirá ALPAT a cambio del respaldo económico solicitado.
A su vez, no se puede omitir que los principales referentes del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, han enfrentado procesos judiciales por graves hechos de corrupción y defraudación al Estado Nacional, que son de dominio público. Aunque algunas causas aún se encuentran en curso, su involucramiento genera legítimas inquietudes en torno a la transparencia y legalidad de cualquier operación con fondos estatales[2]. Por eso, es imprescindible conocer si estos antecedentes han sido tenidos en cuenta al momento de considerar la ayuda, y si la empresa ALPAT tiene procesos judiciales propios pendientes o condenas firmes en los últimos cinco años.
En este sentido, corresponde incorporar una cronología básica sobre el cambio de control accionario de ALPAT que permita contextualizar el presente pedido. Según datos de público conocimiento, la empresa fue adquirida por el Grupo Indalo, liderado por Cristóbal López, en 2006. A partir de 2016, el grupo empresarial se vio envuelto en diversas causas judiciales, lo que derivó en embargos, detenciones preventivas y una crisis de gestión[3]. En 2021, la firma extranjera Greenwing Resources, anunció una posible compra del 50% de las acciones, operación que finalmente no se concretó[4]. Desde entonces, se realizaron reestructuraciones societarias que buscaron mostrar una desvinculación formal del Grupo Indalo, aunque existen versiones que sostienen que López y De Sousa seguirían ejerciendo influencia real en la gestión[5]. Por lo que existe incertidumbre sobre la titularidad actual de ALPAT, lo cual justifica plenamente la necesidad de conocer quiénes son hoy sus propietarios legales y efectivos.
Además, se debe poner especial atención a los posibles impactos medioambientales de la actividad que desarrolla ALPAT. La planta instalada en San Antonio Oeste tiene un efecto significativo en el ecosistema local, por lo que urge saber si se han realizado auditorías técnicas actualizadas sobre su funcionamiento, control de emisiones, gestión de residuos y uso de recursos naturales. En una provincia como Río Negro, que tiene en el cuidado ambiental uno de sus valores estratégicos, esto no puede pasar inadvertido.
Finalmente, toda asistencia económica del Estado debe estar respaldada por estudios técnicos que evalúen su conveniencia, riesgos y potencial de retorno social o económico. Sería irresponsable comprometer fondos públicos sin contar con estas evaluaciones previas. Y también es esperable que una empresa que recibe recursos estatales presente un plan de sustentabilidad económica y ambiental que justifique su viabilidad en el tiempo y su compromiso con el entorno social y ecológico donde opera.
Por estas razones, y en ejercicio de la facultad de control que la Constitución y las leyes confieren a este cuerpo legislativo, se requiere al Poder Ejecutivo que brinde la información que a continuación se detalla.
Pedido de Informe
Se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del organismo que corresponda, que en el plazo legal previsto informe:
- Si la asistencia solicitada por ALPAT constituye un subsidio no reembolsable, un préstamo u otra figura legal y económica.
- En caso de ser un préstamo o cualquier forma de asistencia reembolsable, ¿quién sería el responsable legal y patrimonial de su devolución?
- ¿Cuál es el monto total solicitado por la empresa? ¿Este monto ha sido formalmente presentado? En este caso, ¿en qué instancia se encuentra el pedido?
- ¿Cuál es la partida presupuestaria específica o fondo del cual se destinarían los recursos? ¿Se encuentra previsto en el presupuesto vigente?
- ¿Cuál es el destino específico de los fondos solicitados? ¿Serán destinados a pago de salarios, mantenimiento de la planta, inversión, cancelación de deudas, u otro concepto?
- ¿Se han realizado estudios de factibilidad económica, financiera y técnica previos a la decisión de otorgar (o evaluar) dicha asistencia? En caso afirmativo, remita copia de los informes.
- ¿Se sabe con certeza quiénes son hoy los propietarios de ALPAT? Teniendo en cuenta los antecedentes judiciales de Cristóbal López, Fabián De Sousa y el Grupo Indalo, ¿se evaluó si siguen vinculados directa o indirectamente a la empresa?
- ¿Se tiene conocimiento de la situación judicial actual de la empresa ALPAT, incluyendo procesos judiciales pendientes o fallos firmes en su contra en los últimos cinco (5) años?
- ¿Se ha realizado una auditoría ambiental reciente sobre la actividad industrial de ALPAT en San Antonio Oeste, incluyendo aspectos vinculados a residuos, emisiones y uso de recursos naturales? En caso afirmativo, remita copia de los estudios.
- ¿La empresa en cuestión ha presentado un plan de sustentabilidad económica y ambiental para el período comprendido en el cual solicita asistencia?
[1] Diario Río Negro. (2025, 10 de mayo). Río Negro evalúa una asistencia a ALPAT para el sostenimiento de la planta de San Antonio. https://www.rionegro.com.ar/politica/rio-negro-evalua-una-asistencia-a-alpat-para-el-sostenimiento-de-la-planta-de-san-antonio
[2] Infobae. (2023, 6 de noviembre). Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron condenados por defraudación al Estado en la causa Oil Combustibles.https://www.infobae.com/politica/2023/11/06/condenaron-a-cristobal-lopez-y-fabian-de-sousa-en-la-causa-oil-combustibles/
[3] Infobae. (2016, julio 13). La Justicia dispuso la inhibición general de bienes del Grupo Indalo.
[4] Perfil. (2021, octubre 6). Greenwing Resources anunció la intención de adquirir el 50% de ALPAT.
[5] La Nación. (2013, diciembre 6). Saqueo de las arcas públicas en favor de socios del poder.
