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El Ministerio Público Fiscal de Bariloche presentó la acusación en contra de una abogada -ex funcionaria municipal- imputada por los delitos de estelionato, estafas y uso de documentos públicos falsos en calidad de coautora. En primer momento de la audiencia, el juez de Juicio interviniente se expresó en referencia al pedido de sobreseimiento de la acusada y la pretensión de acceder al instituto de suspensión de juicio a prueba. Ambos pedidos fueron rechazados.
El Ministerio Público Fiscal describió los tres hechos que son objeto de la acusación. El primero es aquel llevado a cabo en coautoría con un hombre -ya condenado a seis años y medio de prisión por hechos similares- que habría ocurrido entre noviembre de 2019 y marzo de 2022. En esa ocasión debían entregar ambos documentos a fines de escriturar un inmueble, en cambio habría engañado y despojado patrimonialmente a una pareja, por la venta de un lote ubicado en el barrio Entre Cerros.
El segundo podría ubicarse entre el mes de febrero de 2020 -cuando se inicia el contacto- y el 19 de junio de 2020 -fecha del acta de tenencia precaria entregada a la víctima-en el estudio de la abogada-. En dichas circunstancias la funcionaria intentó engañar a la víctima mediante una puesta en escena tendiente a obtener un beneficio patrimonial ilegítimo, maniobra que finalmente no logró concretar por circunstancias ajenas a su voluntad.
La maniobra puntualmente consistió en hacerse pasar por abogada del IPPV y bajo esta calidad simulada, contactó a la víctima, le manifestó que tenía la posibilidad de acceder a carpetas pre-adjudicadas del Instituto y con ello una vivienda a futuro. Ello a cambio de un pago (que no llegó a concretarse) y para lo cual le entregó copia de un acta de tenencia precaria a su nombre. Este documento contaba con las firmas de la interventora del IPPV -Inés Pérez Raventos- y el subsecretario Adrian Otero, lo cual posteriormente se constató que sería apócrifa.
Por último, se le atribuye un tercer hecho ocurrido en el mismo período y con una modalidad similar. En este caso les dijo que había casas que no habían sido adjudicadas y ella las estaba ofreciendo a familias que la necesitaban, convenciéndolas de ese modo que el negocio era legítimo. Les requirió documentación personal que sería presentada ante IPPV y que apenas llegara la carpeta, ella los iba a contactar y que recién ahí efectuarían el pago, que efectivamente realizaron.
Las víctimas, a través de los medios, tomaron conocimiento de la detención e imputación del otro coautor, entendiendo que todo se trató de un engaño, y con posterioridad, se reunieron con la mujer, quien les ofreció devolverles el dinero en dólares, solicitándoles que no avancen en ninguna denuncia penal.
La fiscalía, en referencia a la evidencia, detalló a una serie de testigos que serán convocados a la audiencia de juicio. Sumado a ello documentales, informes, especialistas, profesionales, entre otros.
La defensa particular ofreció su nómina de testigos para que brinden declaración en el marco del debate, atento a sus intereses procesales.
El Juez de Juicio interviniente admitió el hecho, la calificación y la prueba. Solicitó se declare la apertura del juicio por los delitos antes mencionados y requirió a la Oficina Judicial que fije la fecha para la realización del mismo, ante un tribunal colegiado, dado el monto de pena pretendido, superior a tres años. Durante tres días declararán alrededor de veintidós testigos.
FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE BARILOCHE
Avanza hacia juicio causa por estafa
El Ministerio Público Fiscal de Roca presentó el sustento probatorio, junto a los hechos y la calificación legal con la que llevará a juicio a un hombre y una mujer, de 26 años, por el delito de estafa reiterada.
Los hechos son 11 en total, donde la maniobra de la pareja habría sido similar en todos los casos, es decir “aparentando ser dueños de una constructora denominada In.TEC como también de un corralón y ferretería llamada Terrasur, sabiendo que no iban a dar cumplimiento a la obligación asumida de entregar materiales previamente adquiridos y pagados, que tampoco iban a devolver el dinero recibido, ante la inexistencia de un local comercial debidamente habilitado y efectivamente insolvente, defraudaron a los denunciantes. Esto les provocó a las víctimas un perjuicio por el pago de los montos abonados en efectivo y/o mediante transferencias bancarias”, describió el representante del Ministerio Público Fiscal.
Serán llamados a declarar quienes realizaron la denuncia, también empleados policiales que confeccionaron los informes solicitados por la fiscalía, personal de la Municipalidad de General Roca, como también de AFIP de esa ciudad.
Además, prestará testimonio el director de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTEL) del Ministerio Público, personal de Inspección de Personería Jurídica de la Provincia de Río Negro, como prueba documental estarán las causas por falta de habilitación municipal y sentencia de rebeldía y clausura confeccionadas por el Juzgado de Faltas de la municipalidad de Roca. Además las actas del Departamento de Inspección General y Actividades Económicas.
El defensor público penal que asiste a ambos imputados solicitó en la audiencia que se concrete la aplicación de suspensión de juicio a prueba, cuestión que el Ministerio Público Fiscal y la querella se opusieron y la jueza resolvió que el beneficio no era admisible.
De esta manera, sólo resta que la Oficina Judicial fije fecha para la realización del debate oral y público concretado por un Tribunal colegiado, ya que la pretensión punitiva provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal superará los tres años de prisión.
FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO FISCAL / GENERAL ROCA
