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El IPPV garantizó la confidencialidad y resguardo de los datos privados de los adjudicatarios y futuros beneficiarios de viviendas. “Esa información nunca fue expuesta a terceros y no tiene ninguna relación con la situación denunciada días atrás”, aseguró el organismo.
IPPV formuló una denuncia penal tras tomar conocimiento de una situación irregular en la sede de Viedma, donde se detectó la existencia de una carpeta en una de las computadoras que recolectaría centenares de copias de DNI.
Paralelamente, se inició un sumario administrativo al agente que usaba ese equipo informático y estaría involucrado en la situación.
