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La Justicia, como lo reclamaba su madre, le otorgó el arresto domiciliario al joven de Carmen de Patagones acusado de comercializar drogas. En el fallo se aludió a la falta de recursos para su atención carcelaria.
El caso de un joven policonsumidor de droga y psicótico que hasta hace poco cumplía prisión preventiva en la cárcel de Saavedra, acusado de vender estupefacientes en Carmen de Patagones, dejó en evidencia una vez más las falencias que presenta el sistema penitenciario bonaerense para atender ese tipo de problemáticas.
Es que la Justicia de Garantías bahiense coincidió con la mamá de Santiago Laborde, al considerar que el joven no iba a poder recibir un tratamiento adecuado en el establecimiento carcelario y le otorgó la prisión domiciliaria.
Entre los principales fundamentos de la resolución, la jueza de Garantías Nº 3, Susana Calcinelli, destacó que la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra no cuenta con un médico psiquiatra y carece de los medicamentos prescriptos al chico de 19 años para tratar su enfermedad.
Calcinelli aludió a una “deficiencia estructural” del Servicio Penitenciario Bonaerense, que “conspira contra el abordaje integral” necesario para casos como el del imputado.
El jueves de la semana pasada Santiago -con tobillera electrónica de monitoreo- volvió a su casa, en Patagones, para convivir nuevamente con su madre y su hermana menor de edad y comenzar un “tratamiento integral con abordaje dual” de su enfermedad de base y su adicción a las drogas.
La situación del joven salió a la luz en septiembre, cuando Carolina Fernández recurrió a La Nueva. para enfatizar: “Mi hijo está enfermo, no es un delincuente”.
“Laborde fue diagnosticado bajo el espectro de trastornos de tipo psicótico como patrón estable de personalidad y del cual su adicción sería un síndrome sintomatológico. Ello nos coloca ante una situación compleja”, opinó Calcinelli.
“Estamos ante una persona con padecimientos psicológicos, psiquiátricos y de consumo adictivo de estupefacientes. Ante ello, el abordaje debe armonizar no solo su sometimiento a derecho sino también tales aspectos personales”, agregó en el dictamen, al cual tuvo acceso La Nueva.
La jueza argumentó que si bien Santiago recibió asistencia psicológica en la UP 19, donde según una pericia podía continuar alojado, la cárcel “no posee profesional de la especialidad psiquiátrica para un tratamiento acorde”, por lo tanto hubieran tenido que trasladarlo al hospital “más próximo para su atención” en caso de que así lo hubiese requerido en ese contexto de encierro.
“Ello sumado a que carece de los medicamentos que concretamente le fueran prescriptos”, agregó.
Como “inocente”
A criterio de Calcinelli, la morigeración de la preventiva en beneficio de Laborde resulta “aconsejable” desde el punto de vista de los derechos establecidos en la Ley de Salud Mental.
“Máxime, como en el caso de autos, en el cual nos encontramos ante un joven que -a pesar de su encarcelamiento preventivo por comercialización de drogas- aún debe ser considerado y tratado como inocente”.
Antes de su pronunciamiento, la jueza valoró además el informe socioambiental elaborado por la perito Andrea Bonatt, que da cuenta de las “posibilidades económicas y de contención” de la familia de Santiago.
“La profesional destacó que Carolina Fernández -la madre- está dispuesta a recibir a su hijo y cuenta con una red
de efectores que podrían asegurarle atención.
Por caso, menciona al servicio de Salud Mental de Patagones (psicólogo y psiquiatra) y al área de Desarrollo Social (con operadores de apoyo que podrían concurrir al domicilio)”, se indicó en el fallo.
“Este compromiso interdisciplinario podría ser de gran utilidad no solo respecto del imputado, sino también de su madre y de su pequeña hermana con quienes residiría. Amén de mitigar cualquier peligro a la integridad psicofísica de la menor, que la agencia fiscal relevara como impedimento para el otorgamiento del beneficio”, agregó.
“Si bien de los informes socioambientales y psicológicos recientemente practicados surgiría que la madre del imputado fue desbordada en cuanto a la contención de su hijo, el contexto que aquí se presenta es diverso. En efecto, analizamos la posibilidad de que el imputado modifique su lugar de encierro y no que recupere su plena libertad”.
“Por ello, considero que restringir su locomoción más allá de su domicilio no solo aventaría los peligros procesales de fuga o entorpecimiento probatorio, sino también incidiría favorablemente en el mantenimiento de un tratamiento psicológico, psiquiátrico y para su adicción a sustancias prohibidas”, completó Calcinelli.
Entre consumo y venta
El defensor particular Francisco Favrat basó el pedido de arresto domiciliario en la inexistencia de peligros procesales, en que el juicio no se podrá realizar a corto plazo por la cuestión de competencia trabada y en el cierre de la instrucción de la causa, porque “no hay más prueba para producir”.
Sostuvo que su asistido es “consumidor de estupefaciente, pero se le intenta imputar un tráfico que no existe”, como también postuló que la investigación se inició por una denuncia de la madre, debido a “situaciones vividas en su domicilio” con su hijo.
“La conducta investigada no puso en peligro a terceros, puesto que no se emplearon armas ni se ejerció violencia sobre las personas, y el allanamiento practicado (en el inmueble del acusado) tuvo resultado negativo. Santiago tiene 19 años de edad y carece de antecedentes penales”, remarcó el letrado.
Favrat mencionó que el joven es “adicto desde los 12” y por ese motivo “sufrió internaciones”.
“Su madre solicitó colaboración en reiteradas oportunidades para contener su salud y se vinculó con la psicóloga forense Fanny Mancini, que presentó informes sobre los padecimientos psicológicos y de adicción” de Santiago.
Del otro lado, el doctor Fernando Rodríguez Fabrizzi, de la fiscalía, se opuso al pedido de morigeración al considerar que la investigación no se abrió por la denuncia de Fernández sino por “derivación” de otra causa “en curso”.
Añadió que no se advierten “circunstancias extraordinarias” para el beneficio, porque la magnitud de la pena en expectativa “habla de un delito grave”, con posible condena de cumplimiento efectivo.
Según Rodríguez Fabrizzi, una pericia concluyó que Laborde “puede ser tratado en el ámbito penitenciario” y resaltó que el “ilícito investigado” se habría cometido en el mismo domicilio donde el joven cumple su detención.
“En relación a la vinculación del imputado con su madre y padre, (el funcionario) relevó las constancias de hechos de violencia familiar que llevaron a Fernández a solicitar la prohibición de acercamiento (contra Santiago), agregando allí sentir temor por la integridad de su otra hija conviviente”, refirió.
Manifestó, en ese sentido, que los abordajes anteriores fracasaron por el abandono del mismo acusado y porque sus padres no pudieron contener a su hijo.
Las causas invisibles
Intramuros. El caso de Santiago se visibilizó gracias a la mediatización impulsada por su madre -periodista, productora y activista en pos de los derechos de la mujer-, pero hay más historias desconocidas de presos con distintas enfermedades que no reciben los tratamientos necesarios en las cárceles.
Consumidor. Fernández siempre reconoció que su hijo es adicto pero no comercializa estupefacientes, pese a que lo trataron como a un “delincuente”.
Medicación. Cuando estuvo detenido en la sede bahiense de Prefectura Naval, a Santiago le suministraron “9 antipsicóticos por día durante 2 meses”, pero después en el penal de Saavedra “no tomaba las pastillas” porque el suministro de la medicación no era “asistido”, según contó su mamá.
Desequilibrio. “Por eso ahora `Santi´ padece un desequilibrio clínico y vamos a cortar clavos hasta el miércoles, cuando tenga la evaluación psiquiátrica. Posiblemente sea necesaria su internación para equilibrarlo y que después vuelva a casa”, comentó la mujer.
“Paranoico”. “Estamos experimentando situaciones difíciles y hostiles porque mi hijo necesita medicación; está paranoico y tiene miedo de que lo vengan a buscar (dealers a quienes el joven al parecer les debe dinero por la compra de droga)”, finalizó Fernández.
Texto: La Nueva, Bahía Blanca
