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El fiscal viedmense Guillermo Ortiz requirió medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto para los cuatro hombres a los que se está investigando en el marco de la causa penal que busca dilucidar las circunstancias en las que perdió la vida Gabriel Mandagaray, de 25 años, agente del COER. El hecho se produjo hace pocos días mientras realizaba un entrenamiento en la zona de Bahía Creek, a 100 kilómetros de Viedma.
Ortiz mencionó las circunstancias provisorias que está siendo objeto de investigación preliminar y dijo que, “aún en esta etapa incipiente hay una alta probabilidad de afirmar que los hechos se produjeron tal como prevemos. Por ello, y ante la intención de que se formulen cargos a corto plazo, el Ministerio Público “debe asegurar el éxito de la investigación”.
“He tomado declaraciones testimoniales a los 15 cursantes que junto a Mandagaray se encontraban en el lugar de los hechos, pero las mismas deberán ser reforzadas. Por ello, con esta medida cautelar resguardaremos tales testimonios”, explicó Ortiz antes de solicitar además de que fijen domicilio. “la prohibición de acercamiento a no menos de 300 metros y de contacto por cualquier medio por parte de los imputados para con los oficiales cursantes (a quienes mencionó agregando la dirección) y otros testigos”.
El abogado querellante Damián Torres adhirió y adelantó que junto con el Ministerio Público Fiscal trabaja en la profundización de la investigación para poder formular cargos y enfatizó en la importancia de la ampliación de los testimonios de los integrantes de la fuerza policial a la que pertenecen testigos, victima e imputados. Agregó finalmente que es necesario “resguardar el testimonios de agentes que además tiene menor rango en la fuerza que los imputados”.
A su turno, se manifestaron los defensores de los cuatro hombre imputados que se desempeñan en el Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate de la Policía de Río Negro.
El juez Juan Brussino Kain dispuso luego de ello la imposición de las medidas cautelares requeridas por el término en el que se extienda la investigación penal preparatoria que tiene un plazo máximo de seis meses.
FUENTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL / VIEDMA
Masrionegro aclara que ese organismo no mencionó en el texto a la víctima fatal
