Inicio Destacados La historia de un narco condenado. Está preso desde 2018 en la cárcel federal de Viedma

La historia de un narco condenado. Está preso desde 2018 en la cárcel federal de Viedma

A la espera del juicio -está preso en la cárcel federal de Viedma- se avanza en la investigación de lavado de activos. Millones de dólares, propiedades y vehículos deberían pasar a manos del Estado.

Algunos lo identificaban como “El Hombre”, otros como “Maestro”. Walter Oscar Ledesma había logrado montar casi una industria del narcotráfico con centro de comercialización en Bahía Blanca y la región.

Se cree que él y su banda viajaban una vez por mes a la Capital o al Conurbano a comprar entre 10 y 15 kilos de cocaína de máxima pureza. La pagaban a 200 mil pesos y la vendían -estirada- a 750 mil.

Es difícil calcular la ganancia, pero se estima que no bajaba de los 6 millones de pesos mensuales.

A dos años de su resonante captura, recibió un par de malas noticias desde el ámbito judicial.

Por un lado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal rechazó un pedido de excarcelación en su favor -porque ya pasó entre rejas dos años sin juicio- y decidió prorrogar un año más su prisión preventiva.

Y por otro, la Cámara Federal de Apelaciones le acaba de confirmar la prisión preventiva (junto con Andrés Abelardo Sáez, su mano derecha) en una causa conexa.

Es aquella que permitió el secuestro de una camioneta Ford Ranger, abandonada con 7 kilos de cocaína, 2 kilos de marihuana, más de 40 kilos de precursores químicos, 25 armas cortas y largas y más de 600 municiones en la cochera de Villarino 450, la misma noche de febrero de 2019 que, a la vuelta, sobre Undiano, mataban en un robo al quiosquero Luis García.

Es probable que Ledesma, de 44 años de edad, siga por mucho tiempo más detenido, como lo está ahora en la cárcel federal de Viedma y lejos de los lujos de antes

A la potencial sanción que puede recibir por el tráfico de estupefacientes se le podría sumar otra condena, a 7 años de prisión, dictada en 2017, también por venta de drogas, que cumplió parcialmente.

El artículo 1 de la ley 24.390 prevé que la prisión preventiva no podrá ser superior a los 2 años sin que se haya dictado sentencia, aunque prevé una prórroga por distintos motivos.

Los jueces Pablo Ramiro Díaz Lacava, José Mario Triputti y Silvia Mónica Fariña -los dos primeros de afuera y todos subrogantes en un tribunal oral que está sin jueces titulares desde hace 4 años- entendieron que la complejidad de la causa en trámite -ya tiene 21 cuerpos y 6 procesados- habilita la extensión.

Y no dejaron de resaltar en el fallo la circunstancia agravante de virtual acefalía en el cuerpo y el paso por la causa de al menos otros tres jueces que debieron excusarse por distintas razones.

También pusieron énfasis en las características del hecho, la declaración de reincidencia del acusado, la posibilidad de que, estando en libertad, pueda entorpecer la investigación o eludir la justicia y la potencial pena, que superará seguramente los 8 años de cárcel.

El 14 de septiembre se dispuso una instrucción suplementaria en la causa, mientras, por otro lado agentes de la Prefectura, al mando del prefecto mayor de zona, Felix Raúl Riccillo, continúan tratando de desentrañar el “imperio” construido desde la ilegalidad del delito.

Este aspecto (el del lavado de activos) es clave porque, en caso de avanzar hacia una condena, los bienes que son resultado del narcotráfico podrán pasar a organismos del Estado para una utilidad pública.

Ocultos en el altillo de una de sus cabañas en Monte Hermoso del Este, tenia más de un millón y medio de dólares.

Ledesma “aportaría” nada menos que 1.638.400 dólares, 329.111 pesos, 5.020 euros, 300 soles (moneda peruana) y dos reales. Es el dinero que fue secuestrado durante los operativos y que hoy está depositado en una cuenta judicial del Banco Nación, para que otorgue intereses.

Pero además se podrán decomisar -y eventualmente entregar a entidades o subastar- varias propiedades muebles e inmuebles que surgirían de la actividad ilegal o cuyo origen se procura determinar en otra causa que está en trámite en el Juzgado Federal N° 1, por el blanqueo de dinero “sucio”.

Se trata de la cabaña en Monte Hermoso del Este en cuyo altillo apareció oculta la millonaria cifra de dólares y otras propiedades de ese complejo; un departamento en la avenida Costanera al 300, también de Monte y dos departamentos en Thompson al 200 y Witcomb al 1900 y dos viviendas en Parera 4200, de Bahía Blanca.

A su vez, averiguan la posible inversión de Ledesma en al menos 5 fideicomisos, tanto en nuestro medio como en el balneario y la posible existencia de un campo, todavía no localizado, que se utilizaría para el fraccionamiento de la droga.

Algunos investigadores creen que ese lote está en la zona cercana a los ex galpones de Agromax, entre Bahía Blanca y Punta Alta, pero hasta ahora no fue individualizado.

Por otro lado, se analiza documentación de la posible adquisición de una manzana sin edificar en el balneario Sauce Grande, que podría haberle comprado al mismo expolicía exonerado -por su vinculación con el delito- que lo habría “aguantado” cuando estuvo prófugo antes de entregarse, entre fines de octubre y principio de noviembre de 2018.

En el inventario, a su vez, se incluye el secuestro de varios vehículos, algunos de alta gama.

En este último punto están acreditados un automóvil BMW 320, una camioneta Mitsubishi Outlander, una pick up Chevrolet Montana, una Ford Ranger, una Ford F-100, un Honda Fit, una Toyota 4×4, un Peugeot 208, dos motos Honda y Yamaha, un cuatriciclo Zanella y una lancha con motor fuera de borda, con droga fraccionada en su interior.

La droga secuestrada, en cambio, seguramente será destruida: son casi 16,500 kilos de cocaína y 3,2 kilos de marihuana.

El mismo destino tendrán las armas (son 25 revólveres y pistolas y también largas, como carabinas y fusiles y hasta una que pertenece a la Policía de Río Negro) y municiones incautadas en el marco de la operación y las sustancias de estiramiento para la droga, más de 50 kilos de fenacetina, cafeina y xilocain.

La ley de extinción de dominio, como tal, nunca llegó a aprobarse.

Sí existe un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), dictado por el ex presidente Mauricio Macri en enero de 2019, que creó un régimen específico.

Se trata de una herramienta que le permite al Estado recuperar bienes vinculados a delitos de corrupción y narcotráfico.

El gobierno de Cambiemos había intentado aprobarlo a través del Congreso en los primeros 3 años de gestión, pero no obtuvo las mayorías necesarias.

El DNU dispuso que la extinción de dominio debe tramitar en el fuero Civil y Comercial Federal -quién lo debía tramitar era una de las discusiones políticas- y que se puede activar este proceso una vez que existe una medida cautelar sobre los bienes presuntamente ilícitos en el proceso penal.

De todas maneras, al no tener el decreto la fuerza de sustento de una ley, virtualmente no es tenido en cuenta por la Justicia.

Igualmente, el Código Penal (CP) y otras normativas habilitan no solo a hacer cesar los efectos de un delito sino a disponer del resultado económico de ellos, específicamente en el tema de narcotráfico.

El CP, en su artículo 23, prevé que en todos los casos que recayese una condena por delitos previstos en esa carta o en leyes penales especiales se decidirá “el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito”.

Esos bienes son en favor del Estado, salvo derechos de restitución o indemnización de damnificados o terceros.

El artículo 305 del CP, en tanto, faculta al juez a adoptar, desde el inicio de las actuaciones, medidas cautelares para asegurar la custodia, administración, conservación y ejecución de los bienes que sean producto o relacionados con los delitos.

La ley de drogas (23.737), en tanto, le permite al juez destruir la droga en infracción y proceder al decomiso de bienes empleados para el delito y el beneficio económico obtenido, salvo que sean de un tercero ajeno al hecho.

También lo prevé la Ley 26.052, que sirvió para desfederalizar la persecución al narcomenudeo.

En el caso de Ledesma, será el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca -encargado de juzgarlo- el que definirá el destino de disposición de los bienes, que seguramente quedarán en manos de la Corte para su destino final.

Esta decisión puede adoptarse una vez que se haya cumplido la garantía del doble conforme, es decir que exista una sentencia condenatoria y una confirmación de Casación.

Al momento de prorrogar hace algunos días la prisión preventiva de Ledesma, el tribunal bahiense consideró que “alarma” el incremento del crimen organizado y destacó “la importancia” de perseguir este tipo de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, por la inquietud que generan y, especialmente, por el “daño social” y “la extensa potencialidad lesiva a la salud pública”.

En la segunda parte de la década del ’90, el Cartel de Juárez, uno de los más poderosos en México, había desembarcado con fuerza en nuestro país para lavar dinero procedente de la venta de drogas a gran escala en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Chicago.

Propiedades por un valor del orden de los 21 millones de dólares, entre ellas varias en Bahía Blanca y la región, pudo acreditar la Justicia que, luego de un extensísimo proceso de casi 20 años, decomisó y pasó al Estado nacional, así como otros 13 millones de dólares que estaban bajo administración oficial

En 2016 condenaron a varios prestanombres de nuestro país vinculados a la organización que tuvo como máximo referente a Amado Carrillo

Fuentes, conocido como “El señor de los cielos”, quien, según cuentan, falleció durante una cirugía plástica.

Tanto el dinero como los bienes fueron cedidos a una Comisión Mixta que integran la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

Entre las propiedades que adquirieron en todo el país entre 1997 y 1999 figuraban parcelas en la provincia de San Juan, vehículos, un departamento en Recoleta y al menos 4 inmuebles en nuestra región.

Se trata del piso séptimo del edificio de 11 de Abril 250 y la cochera de la planta baja; un campo de la firma Santa Venera S.A., ubicado entre Coronel Rosales y Coronel Pringles y las estancias El Espejo (Coronel Dorrego) y El Estribo (Bajo Hondo).

El caso de Ledesma, lejos de tener la complejidad de una organización internacional como la de Ciudad de Juárez, podría convertirse en el segundo de mayor “aporte” en esta región.

 

Texto: La Nueva, Bahía Blanca

Fotos: La Nueva

Audionota (figura en el texto original): Guillermo Crisafulli

Acerca de Raúl Díaz

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