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Mapuches de Río Negro: Faltan registros,cuatro procesos judiciales de desalojo e incidentes

Río Negro en la cuarta provincia con mayor participación de población indígena, porque a escala provincial representa el 7 por ciento de la población total y el 9 por ciento de los hogares relevados en el último censo nacional, hace 10 años.

“El pueblo mapuche es el de mayor tamaño de todos los pueblos indígenas y residen fundamentalmente en la región patagónica. Según el Censo Nacional de Población del año 2010, 45.375 personas se consideraban pertenecientes a pueblos indígenas, lo que representaba el 4,8 por ciento de la población indígena del país”, consignó un reciente informe de la Universidad Nacional de Río Negro difundido en su propia página web.

“Se contabilizan como pertenecientes a pueblos indígenas sólo aquellos que, a pesar de la violencia y la discriminación histórica, responden positivamente a la pregunta de un censista. Por lo tanto se registraría un subregistro estadístico”, indicó el rector Juan Carlos Del Bello, quien resaltó la necesidad de completar el relevamiento en la provincia de Río Negro ordenado por la Ley 26160.

“En 2013 se había avanzado en el trabajo con 80 comunidades de la provincia de Río Negro que estaban en una lista que en ese momento incluía 126. Alrededor de 60 de esos relevamientos se habían concluido cumpliéndose con el 50 por ciento de la tarea”.

Del Bello agregó: “En ese año, el relevamiento se suspendió y aún no se ha reiniciado. La demora ha implicado que en este momento existan cuatro procesos judiciales de desalojo contra comunidades: Lof Buenuleo en San Carlos de Bariloche, Pino Kiñé en el paraje La Japonesa, Nehuen Kurruf en Catriel y Trapalco Rañil en El Cuy. En todos los casos, el relevamiento no ha sido completado. La concreción de los desalojos permitiría avanzar a los privados requirentes sobre los territorios, con la posibilidad de que se generen situaciones más conflictivas de las ya existentes. A estos cuatro casos prioritarios debe agregarse el conflicto el Villa Mascardi”.

Señaló que “cada conflicto tiene su propia trama y, en función de poder intervenir con eficiencia, es necesario que esa trama se reconstruya con metodologías científicas adecuadas”.

En ese sentido, ofreció “las capacidades científicas de la UNRN para realizar los relevamientos pendientes en Río Negro –eventualmente en el resto de las provincias patagónicas- así como diagnósticos de situación empleando metodologías que combinan el trabajo en archivos con el trabajo de campo etnográfico, para una intervención preventiva en la resolución de dichos conflictos, evitando desenlaces represivos”.

Explicó que la UNRN cuenta con investigadoras e investigadores con una importante trayectoria en la materia, que han realizado importantes estudios y publicaciones que la comunidad científica internacional ha reputado como de alta calidad. También ha publicado cuatro libros que abordan la temática en los últimos años.

Más allá de la participación de la UNRN, Del Bello celebró la firma un acta acuerdo los organismos nacionales competentes, que ha sido también refrendado por organismos provinciales. Manifestó “un optimismo moderado, ya que la instrumentación de la nueva política nacional en materia de seguridad interior depende de diversos organismos nacionales y los estados provinciales”.

Del Bello participó de una reunión bilateral en el marco del Consejo Federal de Seguridad Interior que se realiza entre el 12 y el 13 de febrero en San Miguel de Tucumán. 

La invitación al rector –realizada por la propia ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Fréderic- se concretó para analizar “la problemática de los incidentes que están ocurriendo en el último tiempo en la región vinculados a  reclamos de tierras de las  comunidades mapuches. El rector asistió con la  Dra en Antropología e investigadora de la UNRN, Laura Kropff”.

La reunión fue organizada “en el marco de las nuevas políticas de seguridad del Estado Nacional, orientadas a la resolución pacífica de los conflictos a partir de la realización de buenos diagnósticos de cada situación,  del fortalecimiento del diálogo y bajo la convicción de que el uso de la fuerza pública debe ser la última opción”.

Participaron la ministra y un amplio equipo del Ministerio de Seguridad de la Nación, autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de la Defensoría General de la Nación y de los ministerios de Seguridad de las provincias de Río Negro y de Chubut.

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