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El equipo de fiscales del Ministerio Público de Río Negro en General Roca, encabezado por Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo, formuló cargos a siete personas por presunta estafa agravada en perjuicio de la administración pública (IPROSS) en variadas modalidades y solicitó la aplicación de medidas cautelares, entre las cuales está la prohibición de salir del país, presentación en Fiscalía cada siete días y la continuación de embargos por el plazo que dura la investigación preparatoria, cuatro meses.
Por su parte, la jueza de Garantías Natalia González tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal a los que la querella, la Fiscalía de Estado, adhirió en un todo. Sin embargo, dispuso que los imputados asistan cada 15 días a la presentación judicial.
Luego de tres días de audiencias (miércoles, jueves y viernes, y tras la complejidad el caso, concluyó ese último día la imputación basada en los hechos que dieron origen el año pasado a la denuncia concretada por la actual gestión del Colegio de Farmacéuticos de General Roca.
La acusación fiscal presentó tres hechos, ordenados según modalidad, y descriptos de manera quincenal y por farmacia. Los mismos se habrían iniciado en diciembre de 2013 y se extendieron hasta abril de 2019.
Además, las estafas habrían sido, por un lado, generar recetas de medicamentos de los planes de epilepsia y diabetes de afiliados a la obra social IProSS de esta provincia, nunca haber vendido esos remedios y usar para ello el sistema informático de liquidación quincenal que posee el Colegio de Farmacéuticos.
La otra estafa fue agregar esos medicamentos a la liquidación final de cada una de las farmacias señaladas por la Fiscalía. Esa liquidación era remitida al área de Administración del Colegio para la generación de una factura de cobro (orden de pago) que se remitía también a IProSS para su pago y que la entidad estatal acreditaba dicha erogación en la cuenta corriente del Colegio.
El tercer hecho consistió en generar o modificar recetas de medicamentos en el sistema que cada farmacia tenía, las mismas eran ficticias y no se correspondían con medicamentos efectivamente vendidos en mostrador (esos remedios nunca fueron comprados a ninguna droguería). Luego, agregaban ello a los lotes de medicamentos vendidos que nunca fueron controlados ni auditados por quien se encargaba de ello en el Colegio.
Monto del perjuicio económico ocasionado a IProSS
“El mismo resulta indeterminado dada la cantidad y complejidad de
maniobras pergeñadas por la auditora del Colegio y el resto de los
imputados, pero podría estimarse, -como mínimo-, en la suma de:
$ 70.020.552,39 aproximadamente, teniendo en cuenta el valor histórico de
los medicamentos objetos del delito, de acuerdo al detalle aportado por el
Colegio de Farmacéuticos según el sistema informático Xarion y Xelion.
Dicho monto se subdivide en las diferentes farmacias beneficiarias de las
sumas, los que arrojan un valor individual de:
$ 6.220.592,43 (Farmacia Fasano);
$ 30.386.591,28 (Farmacia Tucumán);
$ 14.056.807,59 (Farmacia Santa Teresita);
$ 17.115.765,04 (Farmacia Araucana-Jacobacci)
$ 2.240.796,05 (Farmacia Farmacentro).
De todas maneras, los fiscales
aclararon que “ello sin perjuicio de la realización de la pericial
informática sobre los elementos secuestrados y la eventual determinación que
pueda surgir por parte de la pericial contable a desarrollarse.
Plexo probatorio
El Ministerio Público Fiscal reunió hasta el momento y para dar por sentada la imputación, variada y profusa prueba documental, entre lo que se cuenta con informes de entidades bancarias, informes de la AFIP, planillas de los programas informáticos de carga tanto de la farmacias implicadas como del colegio de Farmacéuticos.
Además, material fílmico,
imágenes forenses, copia de back ups y archivos aportados por el proveedor del
sistema informático, y entrevistas.
La audiencia continua el próximo lunes para terminar de resolver algunas de las
medidas cautelares pendientes.
El miércoles, la fiscal jefe Teresa Giuffrida y el fiscal del caso Gastón Britos Rubiolo, de General Roca, iniciaron la acusación que pesa sobre siete personas por presunta estafa agravada en perjuicio de la administración pública (IPROSS) en variadas modalidades.
Frente a la jueza de Garantías, Natalia González, el Ministerio Público Fiscal encabezó la primera de tres jornadas programadas para dar a conocer los hechos de la causa iniciada el año pasado, a raíz de una denuncia concretada por el Colegio de Farmacéuticos de General Roca.
El jueves continuó la acusación en los Tribunales de General Roca, donde se dio a conocer el sustento probatorio con el que cuenta el equipo de fiscales para esta formulación de cargos.
Trascendió que la posible maniobra irregular implicaría $70.000.000 por parte de dueños de cinco farmacias de General Roca y Allen.
Aunque la información judicial no especificó en ningún momento (tres partes de prensa oficiales) las identidades de los imputados, medios periodísticos del Alto Valle describieron que se trata de Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró, Rodolfo Mastandrea, Sandra Fasano, Marcela Gil, Marianela Guidi y Cecilia Balladini.
El equipo integrado por los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo reunió datos, testimonios y evidencia para identificar finalmente tres hechos puntuales como mecanismo para facturar al IPROSS sumas que, aparentemente, no correspondían.
Fotos: diario Río Negro y Ministerio Público Fiscal de Río Negro
