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El fiscal adjunto César Lanfranchi, de la Unidad Fiscal Temática Nº 3, Delitos contra la Administración Pública de Río Negro, a primera hora de la mañana de este jueves se hizo presente en el barrio Mutisias de la zona Sur de la ciudad de Bariloche, donde se llevó a cabo un nuevo allanamiento, acompañado de personal del Área Judicial de Investigaciones y la Comisaría Segunda de la Policía provincial, en el marco de las denuncias por amenaza de bomba.
La medida se efectuó a las 6:20 en una vivienda de una persona mayor de edad, sospechada de la realización de llamadas alertando sobre la supuesta existencia de un artefacto explosivo, donde se secuestró un teléfono celular que será peritado por personal de la OITEL.
Ese área trabaja en la identificación de los números telefónicos, realizan entrecruzamientos de llamadas, analizan patrones e inician consultas formales con las empresas de telefonía para poder verificar el lugar desde el cual provino la comunicación y luego de ello, proceder a la identificación de la persona que realizó el llamado.
“El operativo fue dispuesto como parte de la investigación de los legajos que sustanciaron directamente en el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, toda vez que en las requisas que se efectúan en los edificios no se encuentra explosivo alguno. Unificando de esta manera los legajos permitiendo una rápida intervención de las fiscalías de Delitos especiales y contra la administración pública que dan inmediata participación a los organismos auxiliares en la investigación”.
En la última semana, entre diversas medidas que se ordenaron, se llevaron adelante reuniones con autoridades de uno de los establecimientos educativos que desarrolla sus actividades en el edificio conocido como Ángel Gallardo, jóvenes del Centro de Estudiantes de ese establecimiento, autoridades del gremio UNTER, la responsable de Protección Civil de la Municipalidad de Bariloche y la asesora letrada del mismo, entre otros.
Además, se trabajó sobre un teléfono secuestrado en la semana anterior y se citó judicialmente a los progenitores de un adolescente de 15 años, quien fuera debidamente identificado, a quien se le informó las consecuencias de la realización de llamados intimidatorios.
Cabe recordar que todos los hechos investigados por el Ministerio Público Fiscal constituyen el delito de intimidación pública que tienen previstos una pena de 2 a 6 años de prisión, los cuales se han sucedido en otras localidades de la provincia de Río Negro, para lo cual se han dispuesto diversidad de recursos para llevar adelante las investigaciones.
Se trabaja además a través de la información obtenida en los últimos días en la identificación de otros posibles autores de los llamados. En todos los casos, que se pudo identificar a menores, se dio inmediata intervención a la Defensoría pertinente.
