Inicio Destacados Expresiones ante fotos y audios de niña en SAO. Acciones ante amenazas de bomba en Bariloche

Expresiones ante fotos y audios de niña en SAO. Acciones ante amenazas de bomba en Bariloche


La defensora de Menores de Viedma, Patricia Arias, requirió al juez local Juan Brussino Kain que prohíba que dos hombres, imputados en una causa por corrupción de menores, “muestren fotos o audios de la niña víctima” y que “borren la publicación realizada por ellos en la red social Facebook notificando de esto a todos quienes lo compartieron”.

Además, le solicitó que prohíba la difusión de material, instando a los medios que lo publicaron a que lo borren”. El magistrado aceptó la solicitud de prohibición.

Según fuentes oficiales, Arias fue taxativa al realizar el requerimiento al juez, recordando que “en una oportunidad anterior uno de los imputados había difundido la foto de la niña, permitiendo su individualización”.

En relación al material difundido, la defensora expresó que su contenido “ha sido obtenido en forma ilegal y espuria, ya que ninguna persona puede ser filmada sin su propia autorización. Esto ya constituye una falta grave, más grave aún porque tal grabación fue hecha bajo engaño”. No obstante, remarcó que “esta prueba pudo ser incluida en el marco de la causa, en el control de acusación”.

“Ningún niño debe ser objeto de injerencias ni ataques ilegales a su intimidad y ningún medio de comunicación puede dar información que permita conocerlo o individualizarlo”, recordó.

“Somos nosotros como parte integrante del Estado los que tenemos que resguardar a la víctima y estamos aquí ante una seria y grave afectación del derecho a la intimidad de esta joven”. En uso de su derecho a defensa “tienen la vía y la forma legítima de presentar la prueba, no se pueden hacer excepciones más allá de quien sea el imputado”, expresó.

A todo lo dicho por la defensora adhirió la Fiscalía que continúa adelante con la investigación, en el marco de una prórroga requerida para el análisis de este material.

“La defensa de los imputados requirió la visualización de los videos presentados y se explayó luego en relación a su contenido destacando que “en las imágenes no se aprecian rostros, no hay nombres, no existe la posibilidad de identificar quiénes están en ese video”.

Describió los hechos como el “legítimo ejercicio de su derecho de defensa de una persona que es pública y tiene la posibilidad de vindicarse”.

Finalmente, el juez Brussino Kain prohibió “la divulgación de este material”, ordenando además a “que se borre el publicado”.

“Soy respetuoso en el derecho de defensa, pero siempre ejercido en el marco del proceso y esto viola normativa internacional que el Estado argentino ha incorporado a su derecho interno”.

“Lo que tiene que hacer el Estado cuando advierte que hay derechos vulnerados es protegerlos. Es posible que, como dice la defensa, haya otros casos en los que no se los protegió. Pero en esta audiencia debemos referirnos a esta cuestión y aquí viola una norma específica con raigambre constitucional”.

Bariloche: Amenazas de bomba y reunión en el Ministerio Público Fiscal

Durante la mañana del viernes se llevó a cabo una reunión con el representante del Consejo Escolar de la Zona Andina y autoridades de los establecimientos educativos que desarrollan sus actividades en el edificio conocido como Angel Gallardo, junto al fiscal jefe Martín Lozada y el fiscal adjunto César Lanfranchi, de la Unidad de Delitos Violencia Institucional y Delitos contra la Administración Pública.

El objetivo del encuentro fue “generar un intercambio de información acerca de las acciones que se llevan a cabo en el marco de la investigación de los legajos vinculados a las presuntas amenazas de bomba en diferentes establecimientos secundarios de nuestra ciudad y ése en particular”.

Se informó además a los educadores las medidas ordenadas en el marco de la investigación de las denuncias recibidas a la fecha y se prevé que ésta no sea la única institución convocada para trabajar de forma conjunta a fines de abordar estas situaciones. 

Estos hechos investigados constituyen el delito de intimidación pública que tienen previstos una pena de 2 a 6 años de prisión, los cuales se han sucedido en otras localidades de la provincia de Río Negro. Para ello se han dispuestos los recursos y tecnología necesarios para llevar a cabo la investigación de estos hechos desde la Procuración General de Río Negro. 

Acerca de Raúl Díaz

Ver también

La meseta rionegrina, paisajes raídos por el viento y un escritor de alpargatas y guitarra

La meseta rionegrina tiene, sin dudas, una magia inigualable, indescifrable. Los paisajes raídos por el …