Jefe de fiscales rionegrinos dictaminó a favor de un joven por cobertura total para tratar adicción

El procurador general y jefe de los fiscales rionegrinos, Jorge Crespo, dictaminó en favor de un joven internado en una comunidad terapéutica por problemas de adicciones, instando a la entidad de medicina prepaga a que solvente la totalidad del tratamiento que está llevando adelante.

Se informó que el dictamen surge en respuesta a la apelación que la entidad –no identificada oficialmente- realizó a una sentencia judicial que le imponía la obligación de costear íntegramente los gastos de internación de un joven con problemas de adicciones, efectuada en junio pasado en el marco de la Ley de Salud mental.

La compañía se negó a solventar la totalidad de los gastos devengados por la internación, ofreciendo en primer término un reintegro del 50 por ciento del tratamiento que no se pudo cumplir porque “requería la firma del joven que se encuentra incomunicado”, además propusieron que el tratamiento se efectúe en una institución existente en su cartilla de prestadores. Ante dicha respuesta, los padres presentaron un amparo que ya obtuvo una sentencia favorable y que, luego de haber sido apelada, llegó a la órbita del Superior Tribunal de Justicia.

En esta instancia fue requerida la opinión del procurador general, quien consideró acertada la respuesta de la magistrada y dijo, ante la propuesta de la prepaga de que el joven asista a una institución con la cual tienen convenio, que es el médico tratante quien propone el lugar ya que en él “el enfermo ha confiado ese control de calidad”, correspondiendo, porque “priorizar lo que el profesional evalúa con relación a la confiabilidad de lo que indica a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza”.

En relación al cambio de institución, entendió que “la postura esgrimida por la entidad demandada ha sido debidamente contrarrestada” aludiendo a la necesidad del joven de realizar su tratamiento en “espacios abiertos, con actividades deportivas y recreativas, así como espacios individuales y grupales de terapia” con los que no cuenta la comunidad terapéutica propuesta por la prepaga.

En cuanto a la cobertura que plantea realizar la empresa de medicina prepaga, Crespo destacó que “el Programa Médico Obligatorio constituye una cobertura mínima que no puede ser entendida como limitación para los agentes del seguro de salud con más razón, cuando se encuentre comprometido el derecho a la salud y, en consecuencia, el derecho a la vida”.

“Las normas que rigen la temática analizada establecen para las obras sociales y las entidades de medicina prepaga la obligación de incorporar a las personas que dependan física o psíquicamente del uso de estupefacientes, como así también la cobertura para determinados programas, entre ellos la drogadicción, como prestaciones obligatorias para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos”, agregó.

“Tal lo estipula la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental, las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, finalizó el procurador general.

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