Más Río Negro Noticias de la Provincia de Río Negro
Artículos relacionados
La fiscal jefa Teresa Giuffrida y la adjunta Natalia Pascual formularon cargos contra el dirigente social Miguel Báez por los delitos cometidos el lunes pasado en la Municipalidad de General Roca. Ambas funcionarias judiciales solicitaron la prisión preventiva de Báez por el plazo de dos meses.
Según la acusación fiscal, el hecho que se le imputa es el ocurrido el “7 de octubre pasado, cerca de las 9 de la mañana, cuando el hombre junto a un numeroso grupo de personas, aún no identificadas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad”.
“Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aberturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el hoy imputado lo amenazó”, explicaron las fiscales.
La Fiscalía describió que “minutos después, el mismo policía recibió un impacto con un elemento contundente que golpeó su cabeza del lado izquierdo y el hombro del mismo lado, provocándole lesiones que fueron calificadas como leves”.
“A su vez, ya en el hall central del municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito”, mencionaron.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que “de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.
“Permanentemente, el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el Ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (C.C.C) y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, sustentó la Fiscalía.
La calificación legal provisoria por la que acusó la fiscalía fue la de: “daño agravado, amenazas, lesiones, atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas y poner manos en la autoridad, perturbación al ejercicio de las funciones públicas; instigación a cometer delitos, turbación a la posesión, todo en concurso real y en calidad de autor”.
El sustento probatorio con que cuenta la Fiscalía para realizar la imputación es: la denuncia efectuada desde la Municipalidad, DVDs de las cámaras de seguridad del municipio, se suman los dichos de los empleados policiales, el croquis aportado por la Comisaria Tercera.
La fiscal describió que está además el informe del Gabinete de Criminalística, respecto de los daños ocasionados, el secuestro de un pedazo de madera de álamo, entre otras pruebas.
La fiscal jefe Teresa Giuffrida fundamentó el pedido de la medida cautelar de prisión preventiva expresando que “hay elementos de convicción suficiente para sostener la participación del hombre en los hechos. A lo que se agrega que según los delitos descritos la pena en expectativa sería efectiva”.
“Además, debemos mencionar los riesgos procesales. Por un lado, el peligro de fuga, basándonos en que cuando se lo va a notificar del inicio de la causa, se concurre al domicilio, el mismo que fijó hoy en esta audiencia, y no fue hallado. Se verifica en la constancia que figura en el legajo, que la mujer que atendió a personal policial en ese lugar dijo que el sujeto no vive más allí”, dijo Giuffrida.
“Pesan además las amenazas proferidas al policía que resultó herido. Entonces, visto la violencia ejercida, las amenazas, las entrevistas que restan realizan, buscar a otros posibles testigos que podrían haber estado en el lugar, ya que esto ocurrió en horario de atención al público, es que esta fiscalía solicita esta medida cautelar para impedir que se entorpezca la investigación por el término de dos meses”, agregó.
En la audiencia se explicó además que “no es la única causa que tiene el señor, cuenta con otra similar y surge de sus antecedentes una suspensión de juicio a prueba del Juzgado Federal, en junio de 2018. Allí se detallan como condición para sostener la probation que no cometa nuevos delitos y además que no sean acciones destinadas contra bienes públicos. Por eso insistimos en que si ha hecho caso omiso a estas medidas, la preventiva no es arbitraria y es proporcional”.
Tras escuchar las argumentaciones de la defensora particular, el juez interviniente Maximiliano Camarda, además de tener por formulados los cargos tal como los esgrimió la fiscalía, resolvió el plazo de la prisión preventiva en dos meses.
Fuente: Poder Judicial de Río Negro
Foto: La Comuna de Roca
