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El ex jefe comunal de la localidad de Fernández Oro, Juan Reggioni, y otras tres personas están imputados por un caso de negociación incompatible con la función pública y estelionato.
Según expresó el fiscal del caso Guillermo Merlo en los alegatos de apertura ayer del juicio, los imputados habrían utilizado un conjunto de documentos para que, finalmente, un terreno ubicado en un loteo social y destinado a personas en estado de vulnerabilidad social, pase a ser administrado por el hijo del ex intendente.
“La maniobra consistió en la firma de un documento en octubre de 2010 que otorgaba un poder especial e irrevocable por parte de la adjudicataria del lote y víctima en el caso en favor de una mujer. Tiempo después esta mujer, transfirió el mencionado poder al hijo del ex intendente. Ambos se encuentran acusados en este proceso”.
En su explicación sobre la investigación, la fiscal adjunta Vanina Bravo, relató que en el año 2015 el intendente municipal y su hijo -como apoderado de la víctima – suscribieron la escritura del terreno en escritura pública, siendo imposible que desconozcan el vínculo familiar que existía entre ambos. Tras lo anterior, en el lote se construyó una vivienda unifamiliar en el lugar, que fue alquilada – según la teoría del caso de la Fiscalía –mediante un contrato suscripto entre las esposa del ex mandatario orense y un hombre que hoy prestó declaración como testigo. En base a esta operación en particular, la imputada fue acusada por el delito de estelionato.
La Fiscalía encuadró la conducta delictiva en el delito de negociación incompatible con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que “directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
Merlo diferenció tres tipos de pruebas que se producirán durante el debate: las declaraciones de los testigos, las pruebas “confesionales” en las que los acusados reconocían partes de la maniobra y los documentos públicos en los que constan las operaciones que tendieron a que el terreno pasara a formar parte del patrimonio de el ex jefe comunal o un allegado directo.
“La prueba va a hablar por sí misma”, aseveró el fiscal.
Pablo Barrionuevo, abogado defensor de la primera mujer en comprar el terreno a la adjudicataria del loteo social, adelantó que su teoría del caso es que la mujer no tuvo la intención de cometer el delito que se le imputa. Al respecto, sostuvo que su accionar no encuadraría en delito penal por atipicidad.
El defensor particular, Antonio Barrera Nicholson consideró que los hechos llevados a juicio no encuendran en figura penal y que la causa se basó en un armado “político”, para perjudicar la imagen pública del ex intendente de Fernández Oro y así lograr no triunfe en las elecciones municipales a las que se presentó este año.
La defensora pública, Silvana Ayenao, por su parte, representa al hijo del ex jefe comunal y sostuvo que su asistido desconocía las prohibiciones para la adquisición del lote y que fue “utilizado” para realizar esta maniobra.
Tras los alegatos de apertura expuestos por las partes comenzó la ronda de testigos que incluyó al actual intendente de Fernández Oro, al asesor legal del municipio, a la adjudicataria del lote y víctima en el caso, al hombre que habría alquilado la vivienda y a dos integrantes de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti. También declaró la psicóloga forense Giuliana Marzola, integrante del Cuerpo de Investigación Forense de esta ciudad.
El Tribunal unipersonal que interviene en el caso está integrado por el juez de juicio, Álvaro Meynet. Las audiencias se retomaron este miércoes a partir de las ocho de la mañana en el edificio judicial de España y Urquiza.
Completan imputación por estafa a empresa de transporte de Viedma
Un tercer implicado en la estafa a la empresa de transporte Fredes, de Viedma, quedó ayer formalmente imputado en la maniobra de asociación ilícita y defraudación que perjudicó a la firma por más de 118 mil pesos. Según el fiscal Juan Pedro Peralta, la estafa se orquestó a través de la compra de pasajes de larga distancia con datos de tarjetas de crédito que habían obtenido a través de engaños.
El sujeto fue llevado por la fuerza pública a la audiencia ya que no había asistido voluntariamente a la instancia anterior desarrollada el 30 de agosto pasado, cuando formularon cargos contra las otras dos personas implicadas.
Según la acusación, los hechos se produjeron entre julio y septiembre de 2018 cuando los tres hombres, asignándose diversos roles, efectuaron la compra telefónicas de pasajes de colectivo utilizando datos de diversas tarjetas de crédito, cuya información habían recabado a través de llamados telefónicos realizados por uno de ellos haciéndose pasar por referente de una entidad crediticia. Una vez que los boletos se retiraban por ventanilla, eran revendidos en la ciudad de Viedma.
Las personas damnificadas residen en el Norte del país y las tarjetas pertenecen al mismo banco emisor.
Como sustento probatorio, Peralta mencionó que cuentan con la denuncia penal realizada el 18 de septiembre del año pasado por el titular de la empresa dando cuenta de que no había sido posible cobrar los pasajes vendidos. Además suman los informes remitidos por Visa Argentina, las pericias realizadas por la OITel a diversos dispositivos móviles secuestrado en allanamientos realizados en el marco de la investigación y los comprobantes de los pasajes adquiridos.
Agregaron al cúmulo de prueba los datos de todas las tarjetas de crédito utilizadas y las declaraciones testimoniales recabadas a los titulares de las tarjetas que residen en las provincias de Catamarca y Santiago del Estero, quienes dieron cuenta de cómo fue la operatoria.
El juez de garantías Juan Martín Brussino Kain tuvo por admitido los cargos, no haciendo lugar a la oposición manifestada por el abogado defensor del imputado, Armando Salazar.
Fuente: Poder Judicial de Río Negro
Fotos: Río Negro y Poder Judicial
