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El Consejo de la Magistratura de Río Negro efectuó esta mañana en General Roca el jurado de enjuiciamiento por presunto mal desempeño a la abogada Cristina Macchi, quien se desempeñaba en el año 2014 en la función de secretaria del Juzgado de Familia N° 11 de General Roca. Se le reprocha “haber incumplido, en reiteradas y numerosas oportunidades, con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo”.
El tribunal estuvo presidido por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, y se integró con el camarista Civil de Roca Dino Maugeri; los consejeros por el Colegio de Abogados Carlos Aroca Álvarez, Judith Riquelme Catalán y Silvia Romano y los consejeros Legisladores Tania Lastra, Alejandro Ramos Mejía y Leandro Lescano.
En la apertura de la audiencia el procurador general Jorge Crespo y el abogado defensor de la funcionaria, Alberto Cariatore, presentaron al Consejo un acuerdo pleno para la realización de un juicio abreviado. En esa instancia, Macchi admitió los cargos formulados en su contra y aceptó recibir una sanción de 60 días de suspensión, que es la sanción máxima prevista por la Ley del Consejo de la Magistratura antes de la destitución.
Finalizada la audiencia, el Consejo pasó a deliberar sobre la admisibilidad y los alcances del acuerdo y este miércoles a las 12, en el auditorio de la Ciudad Judicial de Roca dará a conocer su sentencia. Por aplicación supletoria de las reglas del proceso penal, el Consejo puede admitir o rechazar el acuerdo, según considere que cumple o no cumple con los requisitos legales a la luz de la prueba existente. En caso de admitirlo, la sanción a imponer no podrá ser mayor a la acordada por las partes.
Hechos
El primer hecho reprochado en la acusación del Procurador Crespo describe que “en el ejercicio de sus funciones como secretaria del Juzgado de Familia N° 11, en el período comprendido entre el 6 de junio de 2014 al 27 de octubre de 2014, omitió poner a despacho” un total de 71 expedientes, todos ellos “provenientes de distintos Juzgados de Paz en el marco de la Ley 3040 de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones de Familia”.
El segundo hecho, también comprendido en el período junio – octubre de 2014, describe que la secretaria “omitió dictar providencias simples y/o proyectos de resolución, configurando causal de mal desempeño de la función”, por “haber incumplido, en reiteradas y numerosas oportunidades, con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, generando un considerable atraso en el trámite de los expedientes bajo las normas de la Ley 3040, en trámite ante el Juzgado en el cual se desempeñaba”.
