Roca: 52 personas están imputadas por el delito de usurpación de predios municipales en Roca

Unas 52 personas están involucradas en la toma de predios municipales del barrio Mosconi, General Roca, por el delito de usurpación. Ayer, la fiscal jefe Graciela Echegaray y el fiscal del caso Gastón Britos Rubiolo formularon los respectivos cargos.

Según la acusación fiscal, el hecho que se les atribuye sucedió desde el 27 de enero de 2019, a las 07:09, en el predio ubicado en calle Cerro Champaquí y Zetone de Roca, sector conocido como loteo Angeloni, perteneciente a la Municipalidad y destinada a espacio verde. Y en el mismo predio contiguo al anterior, perteneciente a la propiedad privada de Mauro Nicolas Angeloni”, describió Britos Rubiolo.

“Así, los 52 imputados, 51 mayores de edad y un menor punible, y/o alguna otra persona no identificada hasta el momento, en una acción evidentemente preacordada, en forma simultánea y oculta, comenzaron a ingresar con palas y rastrillos en los predios de forma clandestina. Todo ello sin contar con autorización y en ausencia de quien tenía el derecho a excluirlos. Luego, desmalezaron los terrenos, instalando casillas de madera, demarcando algunos sectores con postes, y manteniéndose en ellos hasta la fecha”, concluyó la acusación.

Luego de la formulación de cargos, que fue adherida por la parte querellante, y aceptada por la defensa pública penal, representada por Flavia Rojas y Estela Aroca Alvarez, se trató la medida cautelar.

En este punto, el representante legal de la Municipalidad, Santiago Silva, expresó que después de haber conversado con la defensora Rojas y conociendo que la parte acusadora solicitaría como medida cautelar el desalojo del terreno, “es que el municipio solicita que se suspendan los plazos procesales por el término de 15 días hábiles para intentar llegar a una solución con los involucrados, y además se suspensa el desalojo”, medida cautelar propuesta por el Ministerio Público Fiscal en cumplimiento de la normativa vigente.

Además, Silva manifestó que “debemos decir que para lo anterior se cumpla se deben aclarar ciertas pautas. La primera es que no hay posibilidad de que se les brinde a estas personas ese espacio que han tomado como solución. La segunda es que cualquier adjudicación de terrenos sociales en el municipio se da con un procedimiento legal determinado que se debe cumplimentar. Finalmente, les solicitamos que no avancen con la ocupación y/o construcción en ese espacio”.

Por su parte, la fiscalía adhirió al pedido del municipio, expresando que seguirán vigentes las restricciones que hasta este momento se han dispuesto. “Esto es el recorrido permanente de la policía por ese lugar, que no ingresen nuevas personas, basándonos en el listado elaborado para la formulación de cargos de hoy, tampoco podrán entrar elementos o materiales de construcción. Además se mantendrá el vallado provisorio y no deberán conectarse a ningún tipo de servicio”, dijo Echegaray.

El juez de Garantías interviniente, Gustavo Quelín, tuvo por formulados los cargos en los términos realizados por la Fiscalía y tuvo presente lo expresado por las partes respecto de los plazos procesales.

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