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Una mujer de 36 años consiguió que se dejara sin efecto la declaración de insania dictada en el año 2.000 por un Juzgado de otra provincia.
Ella nació y vivió en otra provincia hasta los 25 años. Se crió sin su padre y mantuvo una relación distante con su madre, tiene hermanos, pero perdió el contacto con ellos. No tuvo escolaridad en su infancia, ni recibió estimulo por parte de sus referentes adultos. Tuvo un bebé en la adolescencia, pero fue obstaculizado el vínculo entre madre e hijo y ella no lo pudo criar.
A los 19 años fue declarada “insana” bajo el anterior paradigma e incluso en ese momento los profesionales que intervinieron concluyeron que su estado era “irreversible”. Sin su consentimiento la sometieron a una ligadura de trompas como método anticonceptivo.
En ese contexto accedió al Poder Judicial de Cipolletti: allí intervinieron, además de la jueza de familia Marissa Palacios, el defensor público Matías Vidovic y la defensora de incapaces Débora Fidel. También los equipos interdisciplinarios del juzgado, el Departamento de Servicio Social y el Cuerpo de Investigación Forense. Los profesionales concluyeron que si bien padece un retraso mental leve congénito se encuentra en condiciones de alcanzar una independencia completa para el cuidado de su persona, para actividades practicas y de la vida domestica.
La jueza de familia de Cipolletti Marissa Palacios revisó esa sentencia de principios de siglo y, con la intervención interdisciplinaria, determinó que la mujer, si bien posee un retraso mental, puede llevar adelante por sí misma actos de la vida en sociedad y que ya no necesita de la figura del curador, que por casi 20 años sustituyó su voluntad.
La revisión de la sentencia se produjo a la luz del nuevo Código Civil y Comercial que en su artículo 40 establece que la sentencias deben ser revisadas en un plazo no superior a tres años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el interesado. La jueza Marissa Palacios se entrevistó directamente con la mujer.
El equipo interdisciplinario conformado por el Departamento de Servicio Social y los médicos y psicólogos del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial concluyeron que la mujer “posee capacidad de autodeterminación y para dirigir su vida, presentando algunas dificultades surgidas de su incapacidad para el cálculo y de lecto escritura”. También consignaron que las actividades educativas podrían mejorar su capacidad de interacción con el medio.
La jueza, concluida el proceso de revisión, dejó sin efecto la declaración de insania (contemplada en el anterior Código Civil) e hizo cesar a la persona que ejercía el cargo de curadora. Además comunicó tal decisión al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
