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Rechazaron solicitud de suspensión juicio a prueba de una mujer imputada por robo en poblado y en banda
Como parte de una causa que se tramita por delitos cometidos en diciembre de 2012, cuando un grupo de personas habría ingresado al local comercial Chango Más, en Bariloche, con el objetivo de apoderarse de diversos objetos, se llevó a cabo una audiencia a requerimiento de la defensa oficial de una de las imputadas, a cargo de Marcelo Álvarez Melinger, para solicitar se considere la aplicación en su caso particular una suspensión de juicio a prueba, por el término de un año.
El fiscal del caso Sergio Pichetto se opuso a tal solicitud por considerar que la calificante del hecho no permite la aplicación de una probation, la cual no ha sido modificada en el marco de la causa y está pronta a juicio en un plazo breve.
Se suma a ello que “este caso fue un alto nivel de conmoción social en nuestra localidad”, expresó en otros argumentos.
Se le atribuye a la mujer los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2012 aproximadamente a las 10:00, en el supermercado “Chango Mas”, ubicado en Avenida Juan Herman esquina Pasaje Gutierrez y Calfuco de la ciudad de San Carlos Bariloche.
En esa ocasión, según la acusación, la mujer y otro imputados se hicieron en el lugar con el objeto de apoderarse en forma ilegítima de mercaderías que allí se encontraban, bajo la modalidad denominada saqueo. “Para ello, actuaron en convergencia intencional y acuerdo de voluntades entre sí, conjuntamente con un grupo de personas cuyo número e identidades no han sido establecidas con precisión. Dicho grupo de personas diseñó un plan para la ejecución del hecho, en el cual se distribuyeron los roles y se estableció el accionar que habrían de desplegar, respectivamente para concretar el mismo”.
“Los hechos descriptos constituyen el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, responsables a título de coautores, de acuerdo a lo normado en los artículos 167 inciso segundo calificado por poblado y en banda y 45 del Código Penal”.
La jueza de Garantías Romina Martini, quien presidió la audiencia, atento a los fundamentos de la Fiscalía, rechazó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en el caso de la imputada.
Imputación por amenazas, atentado a la autoridad, uso de arma de fuego en Allen
El fiscal Miguel Fernández Jahde formuló cargos a dos hombres, padre e hijo, en calidad de coutores por los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, portación ilegal y daño” por un primer hecho.
Y por el segundo hecho, a J.C.M. de 49 años, los delitos de “atentado a la autoridad agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma”, mientras que a C.A.M. de 24 años se le imputa “atentado a la autoridad agravado por el uso de arma de fuego, abuso de armas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil”.
Según la acusación fiscal, los hechos sucedieron en la ciudad de Allen, cuando ambos imputados se presentaron en la casa de un familiar del imputado más joven y comenzaron a agredir verbalmente un hombre que allí se encontraba, “procediendo J.C.M. a amenazarlo con que le iba a pegar un tiro. Ambos imputados portaban armas de fuego, por lo que el hombre ingresó al domicilio. Posteriormente, los agresores utilizaron las armas para golpear la moto propiedad del hombre, causándole daños”.
El segundo hecho fue minutos después “cuando personal policial divisó a ambos hombres increpando nuevamente al denunciante. Padre e hijo tenía armas de fuego en las manos y al notar la presencia policial, cargaron sus armas, conducta que provocó la voz de alto de los policías, que fue contestada por C.A.M. con dos disparos. Luego los agresores emprendieron la huida y descartaron las armas.
Finalmente, ambos imputados fueron detenidos y a través de un rastrillaje se logró encontrar un rifle calibre 22, con un proyectil en la recamara y un cartucho completo también 22 en su interior. Además, se practicó toma de restos nitrados, dando positiva la pericia en la mano izquierda de C.A.M.”.
Entre el sustento probatorio mencionado por Fernández Jahde se encuentra el acta de procedimiento policial de la Comisaría Sexta de Allen, el secuestro del arma de fuego, la pericia de restos nitrados y la denuncia penal de la víctima.
El defensor público penal Oscar Mutchinik no presentó objeciones formales a la formulación de cargos.
