Señalan cargos por presunta defraudación con fondos de una campaña solidaria en Roca

Se realizó hoy en General Roca la formulación de cargos por el presunto delito de “administración fraudulenta” contra un hombre acusado de no entregar a los destinatarios el dinero recaudado en una campaña solidaria realizada en Roca.

Los hechos que se investigan habrían ocurrido en junio de 2013, en el contexto de un evento benéfico realizado en un céntrico salón de General Roca, destinado a reunir fondos para el tratamiento médico que necesitaba F.T. un niño de 6 años con diagnóstico de encefalopatía crónica. El dinero sería aplicado a los gastos que demandarían las intervenciones médicas a las que sería sometido en Tailandia y Cuba.

Al finalizar la audiencia oral y pública la jueza de Garantías Margarita Méndez de Carrasco  tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por la fiscal del caso Silvana García y el abogado por la querella, Armando Brusain.

Por su parte, el defensor particular Miguel Flores dejó constancia de una propuesta de reparación económica formulada a los denunciantes y del interés del imputado en arribar a una solución alternativa del conflicto.

Según la acusación sostenida en la audiencia, el imputado N.A.F. (su identidad no fue difundida oficialmente) fue el encargado de la realización del espectáculo y de la administración de lo recaudado y habría omitido deliberadamente rendir cuentas a la madre del niño, “abusando de la confianza depositada” en su persona. De ese modo, habría obtenido un lucro indebido cercano a los 70.000 pesos, provocando a los damnificados un “grave perjuicio económico, además de la afectación moral”.

A su turno, el abogado defensor manifestó que existen “tratativas de acuerdo” con la parte denunciante y no se opuso a la formulación de cargos, solicitando por último que se incorporen algunos elementos probatorios al legajo.

Los cargos fueron formulados por el presunto delito de administración fraudulenta, previsto en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal. La norma sanciona con pena de un mes a seis años de prisión a quien “por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.

La formulación de cargos es el paso inicial del proceso penal. En las siguientes instancias se realizarán más audiencias destinadas a facilitar una eventual solución alternativa al conflicto o a avanzar hacia la instancia de juicio oral.

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